Entre las últimas novedades del Estado, se han presentado una serie de medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas. Una de ellas es la que a través de la intromisión en la vida privada de las personas, a través de las redes sociales, aspira a obtener información verídica sobre su riqueza y su renta. El objetivo de esta actuación estrella consiste en que la Agencia Tributaria pueda corroborar que las declaraciones de la renta de los particulares se correspondan fidedignamente con la auténtica realidad para evitar el fraude fiscal. Una idea inteligente ya que Facebook cuenta actualmente con 18 millones de usuarios españoles y 4,5 millones en Twitter.
Una segunda intervención que ha pasado desapercibida ante los medios es la que exige a todas las asociaciones y entidades no lucrativas a realizar la declaración de la renta, independientemente de los ingresos y gastos que hayan generado. En un intento también por obtener información sobre los auténticos recursos que disponen estos agentes sociales. Desde posiciones individualistas, estas actuaciones suponen una clara violación de la privacidad de los particulares, aunque tengan un objetivo de mayor envergadura como mejorar la recaudación del erario público. Y es que, se consolidan unos poderes públicos que además de reducir el Estado del Bienestar, violan los derechos de los sujetos en aras de un bien mayor.
Sin embargo, es preciso recordar que el derecho a la privacidad, desarrollado por a jurisprudencia, tiene un carácter variable según si se habla de un ciudadano corriente o de un representante político. La privacidad de los políticos y otras personas con responsabilidades públicas es inferior a la del resto de españoles y españolas. Nuestra clase política en general y los populares en particular, aspiran a igualar la privacidad de todos, siendo ésta una clara injusticia fundada en base una hipotética transparencia. Porque como ha demostrado la Lista Falciani, los auténticos defraudadores tienen nombres y apellidos y no son precisamente ciudadanos anónimos.
