Artículo 117 CE.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan…

Es conveniente, en este país en el que los políticos están sujetos a la tentación de intervenir en todos los ámbitos de la vida de sus ciudadanos y en cuantas instituciones, derivadas de la Constitución, mediante las cuales se ejerza algún tipo de poder sobre el pueblo español, y cuando, con pleno desconocimiento y desprecio por la separación de los poderes del Estado que, según la teoría de Separación de Poderes del Estado de Montesquieu, “se trata de un principio político en algunas formas de gobierno, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa”. Es oportuno recordar que nuestra vigente Constitución tiene muy claro que existe una independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para que, cada uno de ellos, ejerza las funciones específicas que tiene asignadas con plena independencia y autonomía, de modo que cada uno de ellos, tenga derecho a actuar libremente sin que, ninguno de los restantes, tenga la posibilidad de intentar coartar, intervenir o entorpecer el normal funcionamiento y la plena libertad de tomar sus propias decisiones sin interferencia alguna por parte de los otros dos.

Claro que, cuando se trata de un gobierno especialmente proclive al autoritarismo, capaz de cualquier método que le sirva para defenderse de sus irresponsabilidades sin que, para conseguirlo, tenga el más mínimo escrúpulo o cargo de conciencia si precisa de utilizar métodos poco ortodoxos, presionando al legislativo o al judicial para intentar impedir que pudieran actuar de forma que le pusieran en un compromiso con sus electores o, en su caso, pusieran en peligro su objetivo primordial que es, sin duda alguna, mantenerse en el poder a toda costa; entonces, señores, si hay que mentir, se miente; si hay que chantajear, se chantajea; si lo que hace falta es amedrentar a los representantes de la Justicia, se hace y si lo que intentan conseguir es que un juez o un magistrado deje de respetar lo que es su deber de hacer cumplir la Ley y, para ello, lo que precisan es movilizar a la abogacía del Estado o a la propia fiscalía, pues no tengan la menor duda de que van a hacerlo, pese a quien pese y a si es necesario remover Roma con Santiago para conseguirlo.

En estos momentos una juez, la señora Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado número 51 de Madrid, investiga la manifestación del 8-M, considerando que es “clave” conocer desde cuándo supo el señor José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, “que mantener la distancia social evita el riego de contagio del coronavirus”, una información básica “a efectos de valorar si, en su caso se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia”. Dicha juez se ha encontrado con la oposición sistemática y extraordinariamente agresiva de la Abogacía del Estado (evidentemente a las órdenes del Gobierno) y la Fiscalía ( la señora Dolores Delgado, exministra de Justicia del gobierno de Sánchez, fue nombrada a dedo por el señor Sánchez, para el puesto de fiscal General del Estado, pese a las críticas que suscitó el hecho de que un miembro destacado del gobierno socialista y especialmente adepto a la figura de su secretario general, ocupara un cargo tan importante al frente de todos los fiscales del Estado) ya que, en ambos casos, dichas instituciones se han manifestado a favor de que se archivasen las diligencias contra el señor Franco ( un directivo del PSOE); pese a lo cual y a las furibundas críticas recibidas de ambos colectivos, la señora Rodríguez Medel no se ha dejado amilanar y ha decidido continuar las diligencias emprendidas, por considerar que tiene suficientes motivos para creer que, en el caso de la manifestación feminista del 8-M, existen suficiente indicios, avalados por los informes del forense, de que el señor Franco pudiera haber prevaricado.

En todo caso, el toque a rebato del Gobierno para que todos los miembros del ejecutivo salieran a defender al señor Franco, cargando las tintas sobre la señora juez que se “ha atrevido” a encausar a uno de sus dirigentes (todos sabemos que para comunistas y socialistas sólo pueden ser acusados a los miembros de las derechas ya que, los suyos, tienen patente de corso para obrar como les salga de las narices, si se trata de defender al partido, a los suyos y su permanencia en el poder. Qué es vergonzoso que en una democracia ocurran cosas como esta, nadie lo puede negar; qué estamos en manos de una serie de sectarios sin escrúpulos cuando se trata de actuar contra las derechas, no es más que una obviedad; que cada día resulta más evidente que vamos caminos de una nueva dictadura de las izquierdas inspirada en la de Venezuela, todos los indicios parecen inducirnos a pensar que es cierto.

Una cosa es obvia y es que, el señor Pedro Sánchez, parece dispuesto a avanzar a marchas forzadas en su empeño de acabar con el actual sistema de Monarquía Parlamentaria por el que nos hemos estado rigiendo desde el fallecimiento del general Francisco Franco, disponiendo a estos efectos de la colaboración, no sabemos si interesada o, simplemente, mientras no se encuentre lo suficientemente fuerte para derrocar a Sánchez con el objetivo de erigirse en un nuevo dictador, al estilo del señor Stalin, quizá no en cuanto a su inteligencia y visión política, pero sí por lo que de radicalismo comunista y de capacidad demagógica para convencer a todos aquellos que todavía siguen creyendo en aquello de la lucha de clases, pese a que la Historia (qué pocos la conocen) ha demostrado ampliamente que todas las naciones en las que se ha implantado el comunismo bolchevique, han terminado en la ruina y con sus ciudadanos sumidos en la miseria.

Ahora la principal preocupación de Sánchez y de su gobierno se centra en procurar tergiversar la historia del coronavirus, vender que los culpables de los daños que ha ocasionado la pandemia no eran ellos, los que gobernaban y los encargados de enfrentarse al virus, los directamente responsables, sino los señores de la oposición a los que no se los consultó, se ignoraron todas sus propuestas y se los mantuvo apartados, como apestados, en cualquier decisión que se tomara por quienes se atribuían los méritos de saber el mejor recurso para luchar contra el Covid 19, pese a que los resultados han sido catastróficos, vergonzosos, delictivos, incontrolados y, evidentemente, consecuencia de una gestión incompetente, desafortunada, manipulada y carente de la más mínima planificación, como se ha ido demostrando a través de los meses que hemos estado sufriendo los efectos, no sólo del coronavirus, sino también de un desgobierno sectario, improvisador, lleno de errores y de rectificaciones, que sólo ha conseguido que los previsibles efectos de la pandemia se multiplicaran varias veces, con lo que ello ha supuesto en el número real de personas fallecidas por esta enfermedad ( pese a que el Ejecutivo ha hecho de mangas capirote para evitar que se conocieran las cifras reales de fallecidos por la pandemia).

Hasta ahora, a los socialistas les convenía alargar el miedo a la epidemia. Pero parece que ha llegado el momento en el que se van dando cuenta de que los efectos en la economía del país empiezan a ser evidentes y se están empezando a poner nerviosos, por lo que buscan la vuelta a lo que ellos denominan “la nueva normalidad”, como si la normalidad pudiera ser otra cosa distinta que la vuelta a la situación previa a la crisis sanitaria. Evidentemente que, la normalidad que para socialistas y comunistas parece que es deseable, no lo es en forma alguna para los que diferimos sustancialmente del sistema de gobierno que intentan implantar en España, basado en la llamada “igualdad”, en la estatalización de la economía, en el control estatal de las industrias y la regulación de las rentas, la nacionalización de las empresas y supresión de las libertades individuales.

Por desgracia, no parece que la ciudadanía española esté en condiciones de reaccionar ante esta nueva situación en la que nos han situado los nuevos gobernantes, quizá porque nunca se han encontrado en un contexto político como el que, desafortunadamente, tenemos en estos momentos y no son capaces de poder entender el grave peligro de involución marxista al que estamos a punto de quedar sometidos. En estos casos no se puede pensar en unas nuevas elecciones que den la oportunidad de regresar a un tipo de gobierno democrático, porque cuando se cae bajo la zarpa opresora del comunismo internacional (véase el caso de Cuba o el de Venezuela) no es posible que la voluntad popular sea ejercida libremente, porque los regímenes de tipo totalitario no entienden de esta sutilezas y sus métodos no permiten que el poder absoluto que ejercen sea puesto en cuestión bajo ningún tipo de sistema democrático.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, cuando empezamos a ver cómo se van debilitando las instituciones, se pone en cuestión el régimen democrático, se intenta acabar con la oposición, se limitan las libertades, se imponen leyes opresivas o se suprimen los controles a la acción del Gobierno mediante el acaparamiento, por parte de éste, de todos los poderes que hacen que, una nación, mantenga el equilibrio democrático gracias al hecho de que cada uno de ellos puede controlar que los dos restantes no se excedan en sus propias atribuciones. Mal vamos si quienes, hasta ahora, garantizaban la independencia de los jueces van a ser los que puedan inmiscuirse en sus funciones jurisdiccionales. Es una señal, un principio de lo que la crisis financiera que nos amenaza nos tiene preparado y, a la vez, una mala noticia para España, su unidad y el actual sistema de gobierno, basado en una monarquía parlamentaria. Mucho nos tememos que los años que le quedan a nuestra familia real y a nuestro Rey, Felipe VI, de mantener su estatus como jefe de Estado, puede que ya sean pocos. Y un proverbio chino: “No puedes impedir que las aves de la tristeza vuelen hacia ti, pero puedes impedir que aniden en tus cabellos”