Se van a cumplir doce semanas desde que una parte de la ciudadanía –al menos la minoría que prestaba mayor atención a las informaciones procedentes de fuentes fidedignas- comenzó a sospechar que el COVID-19 podría ser en nuestro país “algo más que una gripe, con escasa posibilidad de tener una incidencia relevante”, según expresiones no literales de algunos de los presuntos expertos, entre los que no faltaban quienes ostentan responsabilidades públicas en la Administración del Estado.
Comprendo que es fácil “pontificar a toro pasado” y también que el Gobierno del Estado y quienes están al frente de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tienen muchos frentes de actuación y se les debe conceder el “beneficio de la duda”. Pero también es cierto que a ellos se ha confiado la gobernanza de la “cosa pública”.
Al analizar los, a mi entender, errores más relevantes cometidos en estas doce semanas, voy a centrarme en el Gobierno de Estado y en su Presidente, y ello por dos razones: la primera, que les corresponde la tarea –no sencilla- de ejercer sus propias competencias y -en una situación de emergencia- coordinar y orientar a los responsables de las demás Administraciones públicas; la segunda, que si algo ha caracterizado su actuación desde que, hace más de diez semanas, se declaró el estado de alerta, ha sido la falta de diálogo en la práctica –muchas de las conferencias de presidentes autonómicos y las comparecencias públicas abiertas a preguntas de los medios de comunicación tienen, a mi juicio, bastante de “postureo”-, la decisión patente de reducir al mínimo el control de las dos Cámaras, la decisión más explícita que implícita de tergiversar con datos al menos ambiguos la opinión pública, la descalificación de quienes no coinciden con sus decisiones, etc.
Es en este contexto en el que me dispongo a señalar los que considero mayores y más perniciosos errores cometidos por el gobierno del señor Sánchez.
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