“Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa” Victor Hugo.

Alguien dijo eso de “es peligroso tener razón cuando el Gobierno está equivocado” y mucho nos tememos que los ramalazos de autoritarismo demostrados por el gobierno filocomunista de Sánchez-Iglesias estos últimos días, están dando muestras de que, aquella persona que lo dijo, tenía toda la razón. El peligro de tener un gobierno de izquierdas no es tanto el que en todo momento, en todas sus decisiones o en todas sus actividades esté condicionado a un comunista como es señor Pablo Iglesias, un personaje capaz de cualquier desafuero si, con ello, contribuye a transformar a España en un satélite aprovechado de los métodos de la URSS, en el que conseguido hundir sus garras bolivarianas como el señor Maduro, su mentor y mecenas, lo ha venido haciendo en la república venezolana. Que hay que mentir, se miente; que se ha de acusar al adversario político de algo de lo que no es responsable, se hace; que hay que defender las decisiones de un gobierno al que todo el mundo, dentro y fuera de España, acusa de haber actuado con irresponsabilidad, desidia y guiado especialmente por sus intereses electorales, pues se defiende.

Toda la actual política de estos que nos están gobernando se fija, esencialmente, en buscar una salida, la que menos les perjudique, para evadirse de este enorme maremágnum, de este totum revolutum en el que han conseguido meter a España, en el que se mezclan los efectos deletéreos de una pandemia de coronavirus que no han sabido prever a tiempo; que no han entendido lo que serían sus consecuencias mediatas e inmediatas; que ha sorprendido al actual Gobierno con el pie cambiado y que han tenido que ir improvisando y rectificando para intentar salir del paso con el menor coste posible, en especial, en el aspecto de sus perspectivas electorales, sin que los resultados de semejante política hayan servido para nada más que para crear confusión, inseguridad, desconfianza y, en definitiva, un rechazo generalizado por parte del pueblo español que, todavía, no puede comprender como hemos llegado a ser el país del mundo más perjudicado por los efectos del Covid19 en proporción al número de habitantes ni como nuestros “expertos”, no sólo nos informaron mal de lo que podría ser el coronavirus si llegaba a España, de sus consecuencias, de su peligrosidad y su duración, sino que, para más INRI, le quitaron importancia, lo devaluaron y esparcieron la idea de que íbamos a ser poco menos que inmunes hacia este virus en el “improbable” caso de que nos afectara a los españoles.

Es por eso el porqué, cuando la ministra portavoz, Mª Jesús Montero o la inefable Isabel Celaá, con toda su prosapia, engolamiento, aire de suficiencia y desprecio por la verdad, aparecen en las TV para dar explicaciones, lo primero que intentan vendernos en que todo lo que viene haciendo el actual Gobierno no es improvisar, como se dice, no es dar palos de ciego, como parece o no es fruto de un intento de manipulación de la información para calmar a la ciudadanía, sino que todo lo que hacen, deciden, ponen en práctica u organizan se hace de acuerdo con las instrucciones, opiniones, deliberaciones y opiniones del grupo de científicos y especialistas que les asesora. En primer lugar, sería muy conveniente que el ciudadano español conociera a quién o quienes se debe que el pueblo español se encuentre en la situación en la que nos han situado que, al parecer, aparte de este portavoz que se empeñan en mantener en el puesto de informador en las ruedas de prensa, el señor Fernando Simó, que no se ha caracterizado precisamente por sus aciertos, sino más bien por sus repetidas metidas de pata e informaciones erróneas, para no hablar de noticias manipuladas, acerca de los efectos del virus, su presunta duración, las medidas que se han tomado para combatir sus efectos mortales, la grave desidia con la que se viene tratando la compra de medios de defensa contra su contagio o los datos inexactos respeto a el número de contagiados, de muertos y del número de test, digo de los que funcionan y son efectivos, que se han venido aplicando y de los que se van a aplicar, si es que es cierto que disponen de un número suficiente para usarlos con garantía de que van a ser útiles.

En realidad no se entiende que, a estas alturas de la pandemia y vistas las veces en las que los responsables de la lucha contra el virus se han visto obligados a rectificar, todavía no sepamos los nombres de las personas encargadas de velar por la salud de los ciudadanos y de si es cierto que, el Gobierno, sigue a raja tabla las instrucciones que parten de ellos o más bien constituyen una especie de “cuartada” de la que se vale para justificar errores que parecen imperdonables el que los cometa cualquier gobierno de un país civilizado. A nivel de ciudadanos de a pie se tendría la impresión de que, vistos los efectos en número de muertos, en contagiados, en disponibilidad de material sanitario adecuado para los médicos y demás sanitarios y la escasez para proveer de mascarillas y guantes al resto de los ciudadanos que, si quieren protegerse contra un posible contagio, se ven obligados a pagar precios de escándalo, sin que parezca que haya quien sea capaz de hacer que una estafa semejante pueda tener lugar en un país en el que exista el Estado de derecho, como es o debería ser, la democracia española; es muy posible que ya se hubiera pensado, por parte de nuestro ejecutivo, en buscarse de entre la pléyade de científicos, especialistas, catedráticos y expertos en los temas relacionados con la pandemia, a otro equipo que pudiera sustituir, con ventaja, a este del que el gobierno se ha valido durante este tiempo en el que el Covid19 nos ha venido machacando sin compasión.

Lo cierto es que no tenemos buenas previsiones por lo que respeta al momento en el que va a llegar el famoso “aplanamiento” de la curva del Covid19, por mucho que ya hace semanas que las autoridades están hablando de ello; tampoco en lo que va a durar el enclaustramiento que, a medida que transcurren los días, semanas y meses, cada vez se está haciendo menos soportable y las tímidas medidas que se ofrecen, en el caso de los niños, además de que adolecen de falta de información, no son más que un parche para mitigar una pequeña parte del problema que deja en barbecho medidas de más largo alcance, acompañadas de poder disponer de medios preventivos para todos los ciudadanos españoles tal y como viene sucediendo en muchos otros países en los que ya se tienen resueltos problemas similares.

, entre tanto, tenemos que soportar que nos saquen los colores desde Europa por haber ocultado las verdaderas cifras del déficit público del año 2019. La agencia estadística europea, Eurostat, ha denunciado el desfase registrado. Según dicho informe el diferencial entre ingresos y gastos fue negativo en 35.195 millones de euros lo que supone un incumplimiento semejante al que se produjo en el 2017. Esta cifra indica que la cifra del déficit real español en el 2019 sobrepasó en 2.300 millones de euros al que había anunciado el Gobierno (un 2’6%) situándose en un 2’8%. Pero es que, si nos fijamos en el endeudamiento público, también nos encontramos que, en cifras absolutas, el crecimiento alcanzó los 1.188.862 millones de euros, con los que cerró el 2019; una cifra que supone un aumento en 43.765 millones con respeto al del 2017. Ya es un clamor que, desde el propio Banco de España hasta el resto de entidades financieras incluido el FMI, se viene produciendo consistente en el aviso generalizado de que nos dirigimos hacia una catástrofe económica que pudiera llegar a producir que alcanzásemos los 20 millones de desempleados y un número de percances económicos y cierre de empresas como nunca se hubiera podido pensar que ocurrirías.

El turismo, que se calcula que representa hasta un 12% de nuestro PIB, según los tour operadores, agencias de viajes y restauración ya se da por perdida la campaña de este próximo verano, hasta el punto de que el señor Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, ya se ha manifestado en el sentido de que: “el sector podría perder más de 90.000 millones”. Y, en este contexto, vemos como este comunista de palabras y gestos pero no consecuente con sus ideas cuando se trata de habitar en una suntuosa morada en la sierra de Madrid y vestir trajes caros adquiridos en Zara, el señor de la coleta, Pablo Iglesias, ya está levantando suspicacias, no sólo en los partidos de la oposición, que alucinan de ver la fuerza que está adquiriendo en la coalición con el PSOE (algo que no sorprende a nadie y que ya se anunció antes de que formara parte del Gobierno); si no en instituciones como la Justicia, de modo que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que salir al paso y rechazar las críticas realizadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias respecto a unas observaciones que publicó este miércoles, en su cuenta de Twitter, en las que comentaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de condenar a la portavoz dirigente de Unidas Podemos, Isa Serra, a 19 meses de cárcel e inhabilitación. El texto en concreto es el siguiente: "Estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales".

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como la señora Celaá o el señor Marlaska, tan puritanos ellos, pero también tan sectarios, nos amenazan con privarnos de nuestra libertad de expresión por lo que ellos definen como “bulos” o “fake news” a lo que sólo son legítimas críticas que desde los medios, las columnas, o el resto de medios, en las que se denuncian los garrafales errores del Gobierno o sus, no menos disparatadas, denuncias en contra de los partidos de la oposición o en sus pretensiones ( esto sí es ilegal) de involucrar mediante sus martingalas, a cuerpos tan prestigiosos como es el de la Guardia Civil, encomendándoles labores de coacción para impedir que, en España, exista la libertad de expresión, reconocida por la propia Constitución que, solamente, puede ser revisada por los jueces, en el caso DE que se sobrepasen los límites que las leyes imponen, pero nunca para satisfacer a un partido político o a un Gobierno, que lo que pretendan sea practicar el absolutismo sobre su ciudadanía estableciendo un estado dictatorial y opresivo.