Por lo que señalan los que más saben, en lo relativo a la atención a las necesidades laborales de los discapacitados, se están perdiendo numerosos puestos de trabajo de personas con discapacidad.
Es algo que, en parte, se debe a varias causas, pero una de las principales, es que no todas las empresas están preparadas para admitir a estos trabajadores.
A pesar de que según la ley LISMI todas las empresas con más de 50 trabajadores tienen la obligación de colaborar encargando trabajos a los Centros Especiales de Empleo, que son los que emplean a los discapacitados, esto no se cumple de modo total.
Los discapacitados son los grandes olvidados, a no ser que vivan cerca. Porque es cierto que la mayor barrera no es la arquitectónica sino la mental.
La contratación de los discapacitados se rige por un convenio que tendría que ser mejorado sustancialmente, ya que el convenio de los Centros Especiales de Empleo es el más bajo del mercado laboral actual. Por esto se les exige a estos trabajadores el máximo de trabajo, y reciben sueldos o ingresos irrisorios que dan pena.
En estos últimos tiempos de crisis económica en lo referente al ámbito relacionado con la discapacidad se están recortando demasiados los derechos sociales, y es un sentir generalizado, en las personas que trabajan en este campo, que apenas se reciben ayudas económicas para el digno sostenimiento de la infraestructura de apoyo a estos seres humanos, que también merecen disfrutar de una adecuada calidad de vida. La mayoría de los discapacitados viven de las pensiones de sus padres o abuelos. Ya que, únicamente, reciben una pensión no contributiva de apenas 400 euros. Y por desgracia, es muy difícil que consigan tener una digna jubilación como cualquier otro trabajador, algo que es profundamente injusto.
A todos estos problemas se añaden más situaciones que parecen insostenibles en un estado de derecho. Por ejemplo, no parece correcto que los jóvenes discapacitados con titulaciones superiores estén siendo contratados por horas, aunque, realmente, están trabajando, en muchos casos, el doble de horas por miedo a perder el puesto de trabajo. A lo que se une la falta de posibilidades de construir un proyecto de convivencia y crear una familia por falta de medios económicos, ya que lo que suelen cobrar es equivalente a lo que cuesta el alquiler de una vivienda.
Generalmente, suele suceder que las empresas grandes son las que menos colaboran con los Centros Especiales de Empleo, aunque debería ser lo contrario, y no es necesario decir las razones. Si bien es cierto que al formar parte muchas empresas de multinacionales con sede central en el extranjero, la consecuencia principal es que los Centros Especiales de Empleo, que dan empleo a los discapacitados, no pueden acceder a las mismas.
En conclusión, el gobierno debería contemplar la necesidad inexcusable de una mayor aportación económica a los Centros Especiales de Empleo, de tal modo, que revierta en beneficio de los trabajadores discapacitados. En una sociedad como la española cada vez más envejecida, y con una baja tasa de natalidad, es evidente que cada vez será mayor el número de personas discapacitadas, habrá que atenderlas bien, y asegurarles una vida digna. La esperanza de vida cada vez es mayor, afortunadamente, y esto supone, que el estado debe asumir un mayor esfuerzo en estas cuestiones.
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