Estamos a la expectativa de lo que se está tramando en Catalunya por parte de los partidos separatistas y algunas organizaciones que actúan paralelamente a ellos, para intentar salvar la cara en el tema del pretendido referéndum para decidir sobre la autodeterminación de Catalunya. La suspensión, decretada por el TC, de la consulta popular convocada para el día 9 del próximo noviembre, no por esperada, ha dejado de producir una gran conmoción en todos aquellos catalanes que, de buena fe, pensaron que la consulta entraba dentro de la legalidad. Ahora nos empezamos a explicar lo que el “enigmático” señor Mas quería decir cuando habló de la necesidad de emplear la “astucia” para resolver sus discrepancias con el Gobierno central y salvar la suspensión de celebrar la consulta, decretada por el más alto tribunal de la nación. El truco parece ser que, en lugar de ser la Generalitat la que asuma la dirección del proceso, sea a cargo de organizaciones privadas ( léase Asamblea Nacional de Cataluña de la señora C. Forcadell o el Omniu, Cultural de Nuriel Casals) y miembros particulares de los partidos separatistas a tipo personal los que convoquen una consulta en cada uno de los distintos ayuntamientos catalanes, a semejanza de lo que ya tuvo lugar, con escasa repercusión mediática, cuando el municipio de Arenys de Munt, en el 2009, decidió por su cuenta celebrar una consulta popular entre sus ciudadanos, ejemplo que luego siguieron otros municipios catalanes.

Es obvio que, el señor Mas, no tuvo que estrujarse demasiado el caletre para pergeñar semejante bodrio legal ya que, a nadie medianamente formado, se le puede ocurrir que, una consulta popular que afecte a toda una autonomía, pueda celebrarse por entidades particulares, absolutamente implicadas en el proceso independentista, sin garantía legal alguna que pueda atestiguar que las votaciones y los recuentos se hayan realizado por los procedimientos legales establecidos y con la duda, más que razonable, de que todo sea un montaje cara al resto de España, en el que pueda tener lugar el “pucherazo” mayor en las historia de las votaciones celebradas en el reino de España. Aún así parece ser que, entre los partidarios de la independencia, no existe unanimidad respecto cuales han de ser las alternativas a la consulta prevista y convocada por Mas para el 9N. El señor Oriol Junqueras, de ERC, no parece estar muy conforme con realizar un referéndum distinto del proyectado y, mucho menos, con la posibilidad de que se celebraran unas elecciones generales autonómicas en las que, los separatistas, presentaran una lista única en la que se comprometieran a seguir peleando por la independencia catalana.

La explicación muy sencilla: el señor Junqueras sabe perfectamente que las encuestas le auguran un magnífico resultado electoral para su partido, ERC, lo que le situaría al frente de la Generalitat, desde donde haría frente al Estado español para conseguir su objetivo, aunque ello significase enfrentarse a la legalidad constitucional; algo que Mas no parece desear. No está dispuesto, por tanto, a darle bazas a Mas que puedan evitar el previsto descalabro de CIU en las próximas elecciones; algo que, en una lista conjunta, quedaría disimulado y le permitiría salvar la cara al impulsivo presiden de la Generalitat, que nunca como ahora se ha encontrado atrapado por sus propias incoherencias y y errores políticos. Todo un panorama que, a la vista de los últimos acontecimientos, nadie puede predecir cual va a ser el resultado final de este desafío a la nación española.

Lo cierto es que resulta muy difícil de justificar que, en Catalunya, se haya llegado a una situación tan extrema en la que un pueblo, que ha estado conviviendo desde hace miles de años con el resto de los españoles, que han comerciado con ellos, han convivido, han compartido guerras juntos, han intercambiado ciudadanos y se han mezclado por cientos de miles, por no decir millones, de españoles, formando familias mixtas y criando nuevos ciudadanos que han contribuido, tanto en Catalunya como en el resto de España, a que, tanto una como otra, hayan avanzado, no sólo en el bienestar de sus habitantes, como en el progreso científico, económico, industrial, social y financiero; que los ha situado, incluso en tiempos de crisis, en una situación superior a la de los ciudadanos de otras muchas naciones, que han tenido que ser recuperadas para que no cayeran en situación de default.

No se entiende que, después del tiempo transcurrido se sigan esgrimiendo por los catalanes viejos agravios, presuntas injusticias, ofensas centenarias o historias sólo existentes en la bruma imaginaria de aquellos que desean la confrontación por encima de todo, sin que les importe ir alimentando el rencor contra los españoles aunque, para ello, deban acudir a la mentira, la historia apócrifa y la calumnia. No importa que hoy en día, en Catalunya, se hable en la calle tanto en catalán como en castellano; no vale que el idioma catalán tenga la categoría de cooficial y se utilice tanto en la educación como en todos los documentos oficiales de la autonomía. Sin duda alguna el grave error de los gobierno democráticos de España fue el transferir las competencias sobre educación a las distintas autonomías. Ello permitió a los separatistas catalanes, ayudados de la Ley de la Memoria Histórica, (una norma cargada de inexactitudes, falsas interpretaciones de la realidad y evidentes inventos; introducidos por quienes más que historiadores han sido inventores de una Historia de lo que ha sido la Guerra Civil y los años del gobierno del general Franco) para hacerse dueños de la educación de la juventud catalana, de lo que se valieron para excluir al castellano de las aulas y, por otra parte, fabricarse una historia ad hoc mediante la cual han conseguido crear, como sucedió con las napolas de la Alemania nazi, unas generaciones a las que se les ha imbuido el odio a España y el sentimiento nacionalista.

Sólo a la grave crisis de valores por los que está atravesando la Humanidad; por este nuevo retroceso que, la revivida izquierda sociológica está interesada en alimentar, apoyando todos aquellos focos de inestabilidad que puedan servir para desunir a aquellos países en los que se mantiene una economía de mercado, en los que hubo progreso, mejora del nivel de vida de sus ciudadanos y avance social , debido a que sus gobernantes supieron mantener el orden, fomentar el trabajo; promocionar la industria; sostener una política social que garantizara el cobro de las pensiones, la sanidad pública y la protección para el desempleo; al tiempo que se mantuvieron las instituciones democráticas y se mantuvo el Estado de Derecho garantizado por la Constitución.

Cualquier intento de volver a lo que fueron los años del gobierno de Rodríguez Zapatero y de los letales efectos que tuvo para España y sus ciudadanos, no servirá más que para alimentar este comunismo que se esconde detrás de todos estos movimientos separatistas en los que la derecha local, los de CIU con el señor Mas al frente, sólo actúan de tontos útiles para que se desgasten y, cuando se consiguiera el objetivo pretendido, el gobierno de Catalunya quedaría en manos de quienes van a ser los verdaderos beneficiarios de la separación de Catalunya de España: las izquierdas. Al señor Rajoy le corresponde la responsabilidad de impedir, sin concesiones, que esto suceda. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, vemos inquietos, un cierto despiste que va invadiendo nuestro Gobierno. Esperemos que sepa cumplir con su deber.