El estado de emergencia de Vizcarra contra el coronavirus puede terminar siendo un remedio peor que la enfermedad. A las 8 pm del domingo 15 de marzo el presidente Martín Vizcarra decretó que el Perú entrase a un estado de emergencia en el cual se suspenden las libertades de tránsito y de reunión, así como la inviolabilidad de los domicilios.

Por primera vez en la historia nacional se ha aplicado el inmediato cierre total de todas las fronteras y el aislamiento social obligatorio por el lapso de 15 días. Menos de 4 horas después el gobierno ordenó la implementación de estas medidas y prohibió cualquier clase de actividad laboral en el sector público y privado, a menos que sea de algunos sectores de emergencia.

Esta situación va a golpear profundamente a los trabajadores y a los sectores más necesitados. De un plumazo y sin que puedan planificarlo de antemano a la gente se le obliga a no ir a trabajar. No queda claro cómo serán las remuneraciones de los sectores asalariados, pero no se ofrece ninguna clase de bonos o compensación monetaria a la mayoría trabajadora del país que son autónomos, informales o pequeños propietarios. Mucha de esa gente no puede sobrevivir sin ir cada día a trabajar más de 8 horas seguidas. El cronograma de actividades de todos ha quedado completamente alterado en cuestión de horas.

De forma totalmente repentina se paralizan casi todas las fábricas y empresas. Esto va a implicar un durísimo golpe a la producción y economía nacionales. Van a quedar especialmente devastados los sectores de minería; turismo; viajes y hotelería; transporte, restaurantes y centros sociales; textiles; petróleo; servicios; molls, bazares y almacenes de ropa, recreación, muebles, electrodomésticos y otros productos; pesqueros; madereros; etc.