En mundo cada vez más globalizado, buscar razones para la disgregación de cualquier país me parece el retorno a un tribalismo trasnochado, auspiciado por políticos desquiciados que creen que siendo independientes vivirían mejor, sobre todo ellos.

El resultado del referéndum escocés puede haber evitado un grave problema para el Reino Unido y para la Comunidad Europea, pero será difícil que los partidarios del sí y del no, olviden el incidente y echen pelillos a la mar. Lo más probable es que se continúe invocando el resultado de la consulta en la lucha política y envenenando la convivencia, especialmente entre los activistas de cada postura.

Me resulta una barbaridad que la decisión de un territorio de separarse del país del que formaba parte pueda resolverse con el resultado de la mitad más uno. Ya que se había pactado el referéndum, el gobierno del Reino Unido debía, quizás, haber exigido una mayoría cualificada, el 75% por ejemplo y establecido una cláusula de salvaguarda de no poder repetir el referéndum en los siguientes 25 años.

La mitad más uno puede servir para las cuestiones ordinarias pero, cuando se trata de cosas importantes, nuestra Constitución establece la necesidad de mayorías cualificadas. Los proyectos de reforma constitucional deben aprobarse por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras; cuando se trate de una revisión total o que afecte a cuestiones tan fundamentales como la unidad de España, es necesario que sea aprobado por los dos tercios de cada Cámara. No creo que haya nada más importante que la decisión de romper una nación.

Como estamos amenazados en España por un proceso de secesión, parecido aunque diferente, sería oportuno hacer una profunda reflexión sobre el derecho a decidir que representa una subversión total de la democracia, pues si este derecho puede ser aplicable a todos, cualquier ciudad, comarca o pueblo podría exigir su independencia bien del estado, de la comunidad autónoma o de la provincia. No estaría de más recordar el desastre del movimiento cantonal de la I República española.

También habría que reflexionar acerca del proceso que ha llevado a la amenaza de la secesión catalana. Creo que se cometió en la transición el profundo error de pensar que el Título VIII de la Constitución iba a satisfacer las apetencias de los trasnochados separatismos, por el contrario estimuló su voracidad y esparció sus semillas por todas las regiones.

La bolsa de competencias que el Estado podía delegar en las Comunidades Autónomas ha servido a los sucesivos gobiernos para obtener el apoyo de los partidos nacionalistas, en pactos vergonzosos. Prácticamente todo está transferido a las CC. AA. y el escuálido gobierno central solo sirve de percha de los palos, que le propinan tales comunidades cuando son incapaces de gestionar, con honradez, su ámbito competencial.

Las transferencias en materia educativa a las comunidades infectadas del virus separatista, han servido para imponer a todos sus habitantes un idioma y una historia obligatoria, para inculcar a las generaciones jóvenes su credo nacionalista, sin que los sucesivos gobiernos de España hayan reaccionado, quizás más preocupados de pactos y componendas para mantenerse en el poder, que de defender la unidad de España.

A quien quiera ilustrarse sobre el problema de los nacionalismos en Europa y en España, les recomiendo el libro Desde Santurce a Bizancio de Jesús Lainz que lleva por subtitulo El poder nacionalizador de las palabras.