En Catalunya siempre se ha presumido de ser un pueblo tolerante, gran defensor de sus
costumbres, laborioso, orgulloso de su cultura y gran defensor de su lengua, el catalán, en
la que grandes autores vernáculos han escrito brillantes obras y admirables poesías. En este
sentido se puede considerar normal que se sientan un poco nacionalistas y hasta se les puede
permitir que, en sus relaciones con otros pueblos de España, se muestren un tanto propicios a
exagerar sus propias cualidades y sus innegables dotes para la industria y el comercio. Hasta
aquí todo se puede decir que está dentro de la normalidad y nadie puede pedirles cuentas
de que sientan una especial predisposición a primar lo que son sus logros, descubrimientos,
monumentos, fiestas y costumbres sobre lo que les pueda llegar del resto de España.
A estos nacionalistas moderados no se les puede reprochar su amor por la lengua natal, su
predilección por el baile nacional, la sardana, su devoción hacia la Virgen de Montserrat y su
legítimo orgullo por los logros conseguidos y los avances técnicos, médicos, arquitectónicos,
industriales y mejoras conseguidas en infraestructuras y obras municipales. Es lógico y con
ello no se perjudica a nadie ni se obstaculiza, en modo alguno, la relación de la comunidad
catalana con el resto de autonomías del Estado español.
Hasta apenas hace unos años, las relaciones de los gobiernos con la autonomía catalana y, en
consecuencia, con la Generalitat, si bien siempre han resultado más difíciles que con el resto
de territorios españoles; se podría considerar que se desenvolvían con una cierta normalidad
aunque, también hay que decirlo, siempre se han caracterizado por las continuas peticiones
de más autonomía, mayores aportaciones de financiación y, cada vez que se les ha permitido,
mayores trasferencias de las competencias que, tradicionalmente, habían pertenecido al
Estado. Pero se produjo un fallo garrafal achacable al gobierno del señor Rodriguez Zapatero
que, al no disponer de mayoría suficiente, decidió buscar el apoyo que necesitaba para
conseguir gobernar. El entonces presidente del Gobierno cometió el error de anunciar ante el
parlamento catalán que él aceptaría cualquier modelo de Estatuto que hubieran acordado las
instituciones autonómicas. Y el Estatut fue como quisieron los nacionalistas.
No necesitaba el incipiente nacionalismo catalán, nada más para poner en marcha lo que,
sin duda, ha sido la maquinaria para situar a Catalunya por encima de las otras regiones y
conseguir arrancar, al gobierno de turno, una serie de concesiones que nunca hubieran soñado
poder conseguir. Salió aprobado el Estatut y, a partir de entonces, se puede decir que la
carrera para lograr la singularidad de Catalunya dentro del Estado español; el empecinamiento
para situar las leyes catalanas por encima de las nacionales; las manipulaciones para convertir
la enseñanza en un arma más de adoctrinamiento de los jóvenes catalanes y el idioma catalán
en un medio de confrontación con el Gobierno; de modo que el castellano ha venido siendo
ninguneado, proscrito y evitado (incumpliendo la Constitución) como medio de enseñanza
vehicular para aquellos alumnos que lo han solicitado. Los incumplimientos de sentencias de
los tribunales, de normas estatales y las aplicaciones de sanciones a aquellos comerciantes
que rotulasen sus comercios en castellano, se han ido convirtiendo en habituales de modo
que, en la práctica, el uso de los dos idiomas en las relaciones mercantiles o en los organismos
dependientes de la Generalitat se ha convertido a algo imposible. En Catalunya la mitad o
más de sus ciudadanos se expresan en castellano, los hay que utilizan ambos idiomas y otros
que solo usan el catalán; no obstante, lo que se pretende por las autoridades, con la inmersión
obligatoria en catalán, es que se acabe con todo ello y que el único idioma oficial que se use en
la comunidad sea el catalán.
El pistoletazo de salida lo dio el propio Artur Mas cuando, en 2007, presidente
de Convergència Democràtica de Catalunya y de CiU, que no había obtenido mayoría
en las elecciones autonómicas de 2006 y tuvo que recurrir a un nuevo al pacto
entre PSC, ERC e ICV-EUiA (que revalidaba así la fórmula del "tripartito"), inició
un proceso de «refundación» del catalanismo bajo la denominación La Casa Gran del
Catalanisme («Casa Grande del Catalanismo»), en el cual planteaba que Cataluña debía tener
el «derecho a decidir». El error de Mas fue creerse que conseguiría un resultado que le diera
mayoría absoluta o, al menos, una mayoría que pudiera compartir con el PSC. No fue así, al
contrario, perdió 12 escaños y los beneficiados fueron los de la ERC del señor Junqueras. A
partir de entonces don Artur se lanzó a una carrera a tumba abierta a base de despropósitos, de
exigencias de un referéndum por “el derecho a decidir”, de ataques al Gobierno y de engaños a
los ciudadanos catalanes, acusando al Estado de robar a Catalunya, de privarles de dineros que
les pertenecían etc.
Con la fijación de la fecha del 9N del 2.014 acabó de cerrarse la salida, se enfrentó
directamente al Gobierno y a la Constitución y, empujado por su socio de ERC, se lanzó
al agua de los despropósitos sin salvavidas, jugándoselo todo a un bluf que lleva todos los
números para provocar una verdadera calamidad para los catalanes. Una cosa sí ha conseguido
el separatismo, hacer que muchos ciudadanos hayan dado más prioridad a sus sentimientos
catalanistas que al razonamiento (el tradicional “seny” que se les atribuye), habiendo caído
en las redes de la demagogia independentista, seguramente ignorantes de las consecuencias
que ello comportaría para Catalunya y todos sus ciudadanos. El señor Mas, Junqueras y todos
los que les acompañan, se callan malévolamente, lo que espera a una nación catalana fuera
de la UE y siguen afirmando que, en Europa, se les ve con simpatía y van a conseguir su
apoyo, confundiendo lo que algunos periódicos, como en Financial Times ( un periódico que
siempre ha intentado perjudicar a España) o algún periodicucho americano, intentan hacer
creer a sus lectores; con la postura unánime, sin fisuras y repetidamente expresada por todas
las cancillerías europeas y el propio Parlamento de Bruselas, en el sentido de que en Europa
no cabría una Catalunya independiente de España.
Insistimos una vez más: toda esta situación se podría haber minimizado si, el Gobierno de
la nación, se hubiera adelantado, hubiera tomado medidas de las que establecen los artículos
de la Constitución y hubiera impedido que, el sentimiento separatista, se extendiera, como
reguero de pólvora, por sectores de catalanes que hace unos años hubieran sido incapaces
de apoyar una causa semejante. ¡Cuidado con lo que nos queda por ver hasta el día 9 de
noviembre y cuidado con lo que puede suceder en un país fuertemente mentalizado y
engañado por sus dirigentes políticos! En todo caso, señores, se ha de hacer cumplir la
normativa legal, mantener el Estado de Derecho e impedir que una región, por importante
que sea y por amenazante que se presente, pueda alterar el normal discurrir de toda la
nación española. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos
preocupados el camino hacia un enfrentamiento del que, evidentemente, sólo puede salir un
vencedor: la legalidad constitucional vigente en España.
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