Nada nuevo bajo el sol. La importancia de la Comunidad Foral para la resolución del “conflicto” vasco viene siendo tal desde el advenimiento de la democracia, a finales de los 70.

Las peculiaridades del Viejo Reyno arrancan en su propia historia política: su actual Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento foral, proviene directamente del Consejo Foral Administrativo, creado en octubre de 1839, fue votado por sus Cortes, pero no por sus ciudadanos – en razón de ser la única comunidad con parlamento propio, que viene del siglo XIII, cuando era reino independiente -.

En consideración a ello, la Disposición Adicional Primera de la actual Carta Magna ampara y respeta esos derechos históricos, pero lo cierto es que nunca ha sido refrendado por sus ciudadanos. En este sentido, la ley de leyes, en su artículo 143 configura al Órgano Foral como competente para su posible incorporación al régimen autonómico vasco, con la mayoría de los votos de sus miembros, así como con el respaldo de un referéndum entre la población, convocado a tal efecto.

Este puede ser el principio en el que fundamentar cualquier acuerdo o modificación del actual marco jurídico: la aceptación de la voluntad del pueblo, sobre la base de una historia común, en al menos la mitad del territorio y evidentes nexos culturales con Euskadi, aun desiguales.

Lo que no es de recibo es negar cualquier posibilidad de acuerdo, de entrada. Evidentemente, poco tiene que ver Goizueta, Arizkun o Elizondo con Cintruénigo, Cascante o Tudela, por ejemplo, y ambas latitudes son Navarra; los primeros de cultura muy euskaldun y los segundos de cultura navarra española. Con lo cual, habrá que idear una fórmula, en la que, sí o sí, se imponga el juego de las mayorías, aunque tenga que ser un 51% frente al 49%.

Y ante todo, respetar el veredicto de las urnas y de las leyes que tenemos, sin maximalismos, ni amenazas de violencia o de romper la baraja por parte de nadie.

Parece que a algunos se les ha olvidado que el Partido Socialista Navarro fue claro partidario en el 78 –79 de la aplicación del derecho de autodeterminación en Euskadi - ¿por qué no?- y de la incorporación en la C.A.V. de Navarra. Si al final se echó atrás fue por la presión de sus bases en La Ribera, auténtico bastión del navarrismo más españolista.

Por ello, la actual disposición de los socialistas navarros, con Carlos Chivite al frente, de hablar de todo y de no cerrarse a dialogar para modificar - o no - la actual configuración político-administrativa de la Comunidad Foral dice mucho de su talante democrático, alejado de dogmatismos cerrados.

La política es el arte de lo posible, como reza el clásico, y en estas circunstancias se hace más necesario que nunca la negociación y la imaginación para encontrar soluciones capaces de albergar distintas sensibilidades en el seno de una comunidad, si los ciudadanos de la misma deciden estar bajo el mismo paraguas. El resultante podría ser una comunidad vasco-navarra donde las elecciones serían apasionantes, por lo equilibrado del mapa electoral: PP-UPN, PSE-PSN, PNV-EA, Batasuna, etc. Es que además esta sería la fórmula en la que más boletos tendría para alcanzar la lehendakaritza el Partido Socialista o el Partido Popular... dato para la reflexión.

Así pues, volviendo a la realidad, las elecciones autonómicas de 2007 y el respaldo que pueda tener el PSN, a la hora de pactar con Nafarroa Bai, IU y quién sabe si CDN, a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en Catalunya, frente al actual partido mayoritario UPN, podrían resultar decisivos en la posible modificación político-administrativa de Euskadi y Navarra.

Precedentes ya hay: recuerden el tripartito -si bien efímero- de 1995 entre el PSN de Otano, CDN y EA.

Si así resultara de las urnas, que nadie se rasgue las vestiduras, el pueblo tiene la palabra: la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra.

De ETA ni hablamos, que desaparezca de una vez.