Las corrupciones que se están ventilando ahora en los tribunales se refieren a hechos que ocurrieron hace varios años, algunos demasiados años, pero no se trata de una época acabada que ahora se juzga, sino de un sistema político que no se ha regenerado por lo que dentro de algunos años comenzarán a instruirse otros procesos por otros hechos también reprobables que se siguen produciendo.

Es muy probable que los casos que llegan a los tribunales, que posiblemente serán los más abultados y escandalosos, sean una pequeña parte de los que se hayan producido en el ámbito de todos los partidos y todas las administraciones. No solo se trata de financiación ilegal sino de un uso delictivo de los fondos públicos, que venían obligados a administrar con honestidad y economía.

No llego a entender que si en todos los ámbitos de decisión unos forman gobierno y otros oposición, esta se limite a criticar y votar en contra, pero no se entere de que el dinero de los contribuyentes está siendo despilfarrado o malversado, enriqueciendo a los amigos y parientes de los políticos que pueden hacerlo. Que se construyan aeropuertos, autovías, líneas de alta velocidad o metropolitanos insostenibles es culpa de quienes aprobaron estos proyectos y culpa también de una oposición que no hizo lo suficiente para evitar el despilfarro o al menos dejara constancia de su advertencia.

No llego a entender que se puedan adjudicar obras, subvenciones, cursos de formación y un largo etcétera a amiguetes y paniaguados sin el más mínimo control. La oposición que, cobra sus sueldos, ¿no se entera o calla pensando que hoy por ti mañana por mí?

La larga etapa de la burbuja inmobiliaria ¿no ha propiciado en muchos casos el chanchullo entre los que tenían en sus manos los planes urbanísticos y los empresarios del ladrillo? En los pactos de gobierno municipales todos buscaban colocar a uno de los suyos en urbanismo ¿recuerdan? La oposición aquí era gobierno allí y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

La turbia relación entre los que tienen en sus manos la diversas administraciones y los capitalistas, empresarios y financieros, ha producido que se pueda hablar de que nuestro sistema es un capitalismo clientelar en el que no es la libre competencia y la capacidad emprendedora la que puede llevar al éxito, sino los vínculos que consigan establecer con los líderes políticos y burocráticos.

En muchos casos no se trata de favorecer a determinados empresarios para que triunfen sino de crear para los amigos o parientes empresas y organizaciones públicas, una especie de administración paralela con el mínimo control posible. En estos casos, como unos y otros hacen lo mismo, pues todos callan y el gasto público sigue imparable. ¿Cuántas de estas empresas públicas se han eliminado? Pues no sé si habrá alguna, aunque lo más probable es que los que disfrutaban de ella habrán sido acoplados en otra o convertidos en funcionarios.

Creer que el poder judicial pueda regenerar este sistema es algo poco probable, como tampoco es probable que dejen de estar aforados diez mil políticos que no parecen dispuestos a renunciar a este privilegio Por algo será.

Acabo de leer que se ha producido un incendio en un juzgado que ¡oh casualidad! es el de la juez Alaya.