Desde el 28 de enero de 2020 el protocolo diplomático de España carece del cargo más antiguo de la administración civil española, el Introductor de Embajadores.

El artículo 1.2 del Real Decreto 139/2020 ha suprimido al Introductor de Embajadores, una figura que ha formado parte, hasta ahora, del ceremonial de Estado más antiguo, y envidiado por el resto de naciones, de nuestro país.

El cargo de Introductor de Embajadores fue creado por el rey de Francia, Enrique III, en el año 1585. Cuarenta y un años después, el 1 de abril de 1626, el rey español, Felipe IV, acoge esta iniciativa bajo el nombre de Conductor, denominación que el monarca, Carlos III, sustituye por el de Introductor.

En el Reglamento del ceremonial de Felipe V, fechado el 25 de abril de 1717, nos encontramos constantes referencias sobre la figura del Conductor, como por ejemplo en su artículo 34: «Que en estas ocasiones, y en las que concurriesen los Embaxadores (…), los reciba el conductor (observando assi mismo la antigua practica ó estilo) en el primer travesaño de la escalera, para acompañarle desde allí, y que quando salga lo haga hasta donde toman las carrozas».

Cerca de cuatro siglos el Introductor de Embajadores ha formado parte de la historia ceremonial y diplomática de España. Unas circunstancias que deberían haber tenido el suficiente peso para que el gobierno socialista-podemita lo conservase.

Aunque si consultamos la hemeroteca del Boletín Oficial del Estado, encontramos más ejemplos de descrédito por el protocolo de Estado. Me refiero al Real Decreto 562/2004, una normativa de Zapatero que suprimió la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes cuyos orígenes se remontaban a la Orden del 26 de enero de 1977 en relación a los servicios de Protocolo, Cancillería y Órdenes. Además, es necesario recordar que hasta ese momento el director general era el Introductor de Embajadores.

En esa ocasión, las funciones de la Dirección General fueron asumidas por la subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En la actualidad la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes depende de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y su titular es Caridad Batalla Junco, por Real Decreto 342/2020 de 11 de febrero.