Después que el president Artur Mas anunciara que estaba dispuesto a negociar la pregunta y la fecha de la Consulta, en la próxima reunión con el presidente Mariano Rajoy, podría sugerirse que se convocara un concurso publico, abierto a todo el mundo, sobre qué 'pregunta' es la más adecuada para proponer en aquel encuentro.

Cómo escribía aquí mismo, ya hace muchos meses, los más creíbles parecen, todavía, quienes piden la independencia y quienes se oponen. Los otros son, a menudo, malabaristas de las palabras. Esto no solamente es aún válido ahora, sino que hay que añadir nuevas consideraciones. Ya no se juega sólo con las palabras, sino también con la pregunta -o preguntas- de la anunciada Consulta.

Quienes van a favor de la independencia de Catalunya y quienes van en contra juegan más claro. Dicen las cosas por su nombre. Los otros juegan con la gente. Dicen a menudo lo que no piensa y piensan lo que no dicen. Hacen juegos de manso, con las palabras y también con las preguntas.Y así -como decíamos- el circo continúa. Prensa, radio y televisión catalanas no hablan de otra cosa, y la opinión pública está más confundida y perdida que nunca.

Quienes tendrían que orientarla no hacen sino distraerla de los problemas reales y confundirla. Hablan a los ciudadanos del “derecho a decidir”, del “derecho a votar”, del “referéndum necesario”, de la “consulta ineludible”, pero estos no saben sobre que tienen que “decidir”, “votar”, “*refrendar” o “ser consultados”, ni la manera como tendrán que hacerlo. Sólo lo tienen claro, según parece, los independentistas y los antiindependentistas más radicales. Ni el president Mas, como se ve, no lo tiene demasiado claro, puesto que ahora quiere negociar lo que pactó.

Esto de “decidir”, “votar”, “referéndum” y “consulta” nació del deseo y la voluntad de independencia de amplios sectores. Por eso sus defensores y sus detractores lo tienen tan claro. Los otros han subido al carro de esta movida, por oportunismo, a golpe de manifestaciones multitudinarias y ambiguas, que han visto. o querido ver, como una gran marea que se lo lleva todo ninguno adelante.

Y llegado el momento de concretar para ser eficaces, todo son discrepancias, palabras vacías o de doble sentido, o de muchos sentidos. No saben como compaginar el deseo con el oportunismo, el iIusionismo y el realismo. Posibilidad real con posibilidad virtual.

Estamos en democracia –más o menos imperfecta o inacabada–, pero en un sistema democrático de derecho que costó mucho de conseguir y que hará falta, ciertamente, perfeccionar y acomodar a los cambios sociales. Pero el sentido común nos dice que no se puede lanzar todo por la borda, con estallidos de entusiasmo, animados desde instancias interesadas, que incluso pueden aparentar sentimientos mayoritarios, más que razonamientos sensatos. Las movidas no siempre suelen ser las mejores expresiones democráticas.

Invocar legitimidades es lícito y razonable. Pero hay muchas legitimidades. El marco constitucional tiene que incluir cuantas más mejor, porque todas son respetables. Pero, en un Estado democrático de derecho, como el actual, la primera legitimidad es la establecida en su día por la voluntad popular de manera legal y democrática. Hay que tenerla en cuenta, aunque sea para querer modificarla o cambiarla en su formulación politico-jurídica.

De aquí viene el enrevesado problema de formular definitivamente la 'pregunta' para la famosa Consulta, que no parece se pueda celebrar como tal.

Si la consulta –sobre la opinión, el deseo o la voluntad– se plantea entre independencia o no independencia, el simple hecho de formular esta disyuntiva, es decir, de considerar la independencia como una posibilidad real, ¿no supone admitir de hecho el carácter soberano del pueblo catalán, como ya se proclamó en la Declaració del Parlament, recorrida ante el Constitucional y *anullada por este?

Una pregunta así difícilmente podría no ser también recorrida, puesto que admite, implícitamente, la hipótesis de la secesión de Catalunya, contraria a la letra y el espíritu de la Constitución, que –guste o no– consagra la “unidad y soberanía” nacional de española.

Por lo tanto, mientras no se reforme la Constitución vigente, este tipo de pregunta no podrá prosperar, ni por el artículo 92 ni por el 150.2, ni por ningún otro, por mucho que esto se venda como viable. Ni tampoco en la próxima reunión Mas-Rajoy, con muy poco margen de maniobra. Ni incluso, gobierne quién gobierne, en el caso de una hipotética modificación del texto constitucional, puesto que este punto de la “unidad y la soberanía” siempre será considerado esencial. Contra esta situación no cabría más que una rebelión de final incierto. ¿Quién la quiere?

En esta situación de estancamiento y desorientación, la propuesta de 'pregunta' presentada por el nuevo secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, parece muy razonable e incluso viable.

Es la formulada de siguiente manera: "¿Quiere que el Govern de Catalunya negocie con las instituciones del Estado un acuerdo que garantice el reconocimiento del carácter nacional de Catalunya, un pacto fiscal solidario y el blindaje de las competencias en lengua y cultura?"

Es el texto –hasta ahora el más realista- que debiera de estar sobre la mesa en la esperada cumbre de Rajoy y Mas. Es una propuesta razonable, popularmente intelegible, jurídicamente admisible y políticamente aceptable. Y una buena oportunidad, que convendría no desaprovechar,