La concentración de los medios de comunicación en manos de los poderosos y la utilización de los partidos de poder en los medios públicos, denunciadas por el eurodiputado, en efecto, refuerzan los poderes de los emisores, pero no respetan los derechos de los receptores, a quienes se impone un discurso de una actualidad que no es la suya. 

En este escenario, el discurso de Pablo Iglesias ha sido reducido al control, a la “censura” y a regímenes autoritarios. Me sorprende el escándalo que se ha montado, cuando todos sabemos que sufrimos un control, un negocio y un proyecto. No necesitamos, realmente, de censuras; basta con que el código existente para reclamar la responsabilidad del emisor se aplique con transparencia, imparcialidad y eficacia. También haría falta un replanteamiento del mencionado código, al objeto de adaptarlo a la perspectiva de los derechos del receptor. El Estado debe garantizar los mismos. 

Lo importante es que los medios públicos lo hagan y no es chocante que un “candidato” se comprometa a cumplir este objetivo, así como la puesta en funcionamiento del código ético ampliado a los derechos del receptor, ya aludidos. Hay también otras políticas, como la de la promoción de los medios respetuosos con el último. Son simples ideas, pero se puede hacer mucho sin vulnerar el derecho de expresión. Este me parece el debate acertado.