Estamos en unos momentos en los que parece que en todos los partidos se están produciendo cambios internos, no sabemos si como consecuencia de los resultados electorales que, recientemente, se han registrado en nuestro país o debido a la evidente desafección de la ciudadanía hacia los políticos o, quizá, como consecuencia de un cansancio experimentado por el pueblo español harto de que aquellos que eligió para dirigirlo, en lugar de cumplir con sus promesas, se han dedicado a asegurarse sus poltronas, a usar fraudulentamente de los dineros públicos y, cuando han podido, a enriquecerse a costa del dinero de los impuestos, elevados y gravosos impuestos, que estamos obligados a soportar los ciudadanos. En estas circunstancias los únicos que van siendo favorecidos son los partidos separatistas y aquellos empeñados, a toda costa, en destruir el régimen democrático que, aunque imperfecto y con grandes lagunas, no proporcionamos los españoles con la aprobación de la Constitución.

Lo que sucede es que, cuando a los políticos les entra la megalomanía y el afán de poder, es muy difícil que se los pueda hacer entrar en razón y, si ocurre, como en el caso del presidente de la Generalitat catalana, señor Artur Mas, que cometió el gravísimo error de lanzarse al mar del independentismo sin ir provisto de un salvavidas que le permitiera flotar y regresar a la costa antes de que el abismo se lo tragara, todavía mucho peor. El señor Mas se enfrento de tú a tú con el Estado, exigiendo la independencia y el derecho a decidir. Antes de que pudiera reconducir su equivocación, antes, incluso, de que le diera tiempo a rectificar sus palabras de reto, ya estaba atrapado, por sus propias promesas, en el cepo que le había preparado el señor Juncadella, de ERC. Atado por su precipitación y en manos de la izquierda, ha ido dando tumbos jugando con las pocas bazas que le han quedado, entre lo que es la inconstitucionalidad de sus peticiones y el peligro de que los catalanes se le echen encima si no cumple lo que les prometió.

La necesidad de ir quemando etapas, de ir avanzando en su actitud de enfrentamiento con el Estado y de mantener su empeño de celebrar un refrendum en Catalunya, para reclamar el derecho a decidir algo que, al fin y al cabo, no tiene otro objetivo que, si ganara la opción de poder decidir sobre el futuro de la autonomía, en un posterior paso se pasaría a decidir sobre la independencia de Catalunya lo que, como es fácil de entender, no cabe en modo alguno dentro de la actual Constitución española. Por eso, cuando escuchamos una y otra vez que la solución de este contencioso está en el diálogo entre el Gobierno de la nación y el señor Mas, nos da la sensación de que aquí nadie se entera de que, salvo una modificación de la Constitución, ni el gobierno ni nadie puede cambiar los preceptos constitucionales que afirman la imposibilidad de que, cualquier parte de España, pudiera separarse del territorio nacional.

El juego iniciado por el señor Pérez Rubalcaba, a instancias de Pere Navarro del PSC, de proponer una reforma de la Constitución para establecer la posibilidad de un estado federal, que permitiera el encaje de Catalunya y el País Vasco, con carácter de naciones asociadas no tiene otra interpretación que la de desmarcarse del PP, en un intento baldío de oponerse a la independencia de Catalunya y, a la vez, desmarcarse de la postura de defensa de la Constitución que, hasta ahora, viene manteniendo el señor Rajoy y su equipo. Sin embargo, los recientes sucesos que se están produciendo en la comunidad catalana vienen a aportar al problema una nueva faceta. En efecto, la Generalitat se está viendo obligada a enfrentarse a una rebelión interna, suscitada por un desahucio de un edificio, ocupado por intrusos ilegales desde hace 15 años, a los que un juez ha ordenado desalojar para que, el Ayuntamiento, pudiera proceder a ordenar su derribo para construir, en su lugar, un nuevo parque para los vecinos.

Y aquí tenemos un ejemplo de cómo “una cosa es predicar y la otra dar trigo”. Si el señor Mas, su gobierno y los de ERC han dado ejemplo al dejar incumplidas determinadas leyes del Estado, referentes a la enseñanza del castellano y los derechos de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos; si se han manifestado dispuestos a incumplir la Constitución para declarar unilateralmente la independencia de los catalanes de España; si se han negado repetidamente a cumplir las sentencias del TS, el TC y el propio TSJC, respecto al cumplimiento de determinadas obligaciones que les impone la Constitución, ¿cómo tienen autoridad moral, cómo pueden ahora exigir el cumplimiento de las leyes o alegar el respeto por las sentencias de los tribunales, si han sido ellos mismos que han incumplido las que les atañen a ellos, como representantes del Estado en esta comunidad?.

Si aquellos que han recibido los cargos que ostentan del mismo Estado español y han prometido o jurado obediencia a la Constitución, son los que reniegan de ello para convertirse en verdaderos filibusteros de la política y traidores a la patria cuando pretenden, por razones espurias, argumentos banales y alusiones históricas imaginarias y desautorizadas por las realidades de una Historia, la de todos los españoles, que tanto en el caso catalán como en el de Euskadi demuestra, por encima de toda duda, que España sigue siendo la Hispania de los romanos, confirmada con la reunificación de Castilla y Aragón mediante el enlace de los Reyes Católicos.

Y ahora, ante este estado cosas nos podemos preguntar y preguntarles al señor Mas y al señor Junqueras y a todos aquellos que siguen empecinados en defender el derecho a decidir ¿qué clase de Catalunya pretenden ustedes ofrecer a los catalanes en caso de conseguir la independencia? ¿Una Catalunya en manos de extremistas, de sujetos que no acatan las leyes y destrozan con el mínimo pretexto un barrio de la ciudad de Barcelona? ¿Acaso sería el comportamiento “ejemplar” del alcalde, señor Trias, el ejemplo de cómo se mantendría el orden, la defensa de la propiedad privada, los derechos de los catalanes y el mantenimiento de las grandes empresas, cediendo ante la presión de unos agitadores profesionales, interrumpiendo la demolición de la obra y arrastrándose para conseguir que, los alteradores del orden público, se dignen perdonar a las autoridades catalanas?.

El señor Mas y el señor Junqueras, en lugar de ocultarse tras las bambalinas, debieran haber salido a explicar el por qué de que, mientras el alcalde se muestra dispuesto a ceder, el teniente de alcalde afirma que no cabe negociación con los insurrectos. ¿Cuál de los dos estará en lo cierto? Si es esta la seguridad que tendrían los ciudadanos catalanes, las empresas ubicadas en Barcelona y toda su autonomía, los turistas que vinieran a visitarla, los comercios etc. ¿piensan ustedes que actúan correctamente al inducir a los catalanes a abandonar España, para arriesgarse a vivir en un pequeño estado, fuera de la CE, las ayudas que venían recibiendo de ella, con fronteras que generarían el pago de tasas aduaneras para importar y exportar las mercancías que quisieran vender o comprar? O ¿resulta que todo no es más que un gran engaño que acabará en un bluf con el solo objetivo de salvar los muebles de la Generalitat y sus políticos? O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos este inmenso engaño al que quieren someternos Mas y los suyos.