La Fiscalía Anticorrupción sospecha que funcionarios de la empresa pública Adif pudieron haber recibido dinero dentro de las presuntas irregularidades en las obras del AVE Madrid-Barcelona, cuya investigación está bajo secreto de sumario y que por el momento se ha saldado este lunes con nueve detenidos y 11 registros en las dos ciudades.
Estos supuestos pagos fueron ordenados supuestamente por un directivo de la empresa contratista, Corsán, y en la presunta trama los detenido podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros, según un comunicado de este lunes de la Fiscalía Anticorrupción.
Seis de los 11 registros se han hecho en las diversas sedes sociales de la empresa en Barcelona y en Madrid, en la consultora técnica externa que asiste en la dirección de obra, en Adif, así como cinco registros en domicilios particulares de los principales implicados.
Concretamente, se investiga si directivos de la empresa se concertaron con cualificados funcionarios de Adif responsables de la obra y técnicos externos "para beneficiar económicamente a dicha mercantil en perjuicio de los fondos públicos gestionados" por Adif.
La Guardia Civil busca este lunes en los registros documentación que pueda revelar cobros de los funcionarios de Adif, pruebas "de los artificios utilizados para falsear las mediciones y disimular después el falseamiento", así como diversa documentación oficial.
Anticorrupción calcula que los implicados generaron un sobreprecio en favor de la empresa contratista de unos 6 millones de euros y sostiene que "la propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades".
Origen de la investigación
En enero, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona presentó una querella tras una investigación de ocho meses, y ahora la causa la instruye el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, cuyas actuaciones están bajo secreto de sumario.
Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, la investigación se originó a partir de que una empresa de la competencia puso en conocimiento de los fiscales anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo presuntas irregularidades; entre ellas, movimientos de tierra que, por su volumen, no se pudieron haber hecho en un mismo día como figuraba en la documentación.
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