El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a agilizar el traslado a cárceles nacionales de los españoles que cumplen condena en otros países así como a mejorar la asistencia a los compatriotas que están presos fuera de España a los que, según el PP, promotor de la iniciativa, "no les llega suficientemente el Estado de Derecho".

En esa proposición no de ley, que recoge Europa Press, el PP detalla que en la actualidad la red de Oficinas Consulares de España presta asistencia a 2.184 presos españoles que hay repartidos por el mundo. La mayoría de ellos (55%) cumplen condena en países de Iberoamérica, un 37 por ciento están en cárceles europeas, un 6 por ciento en África y el 2 por ciento restante en otros Estados. Más del 80 por ciento del total se halla en prisión por posesión ilícita o tráfico de estupefacientes.

El PP explica que las "deficiencias de algunos sistemas jurídicos y penitenciarios extranjeros", así como la diferencia de idioma, cultura y modos de vida hacen que en numerosas ocasiones surjan problemas de toda índole para los detenidos españoles en el exterior.

A esto se une que las condiciones de los centros penitenciarios en algunos países "no son equiparables a las existentes en España" y que los problemas de carácter práctico, emotivo y de reinserción social derivados de una situación de detención o de prisión en un país extranjero pueden ser "importantes".

El PP pone en valor la "relevante labor" que realizan los servicios consulares para trata de paliar las condiciones "no siempre adecuadas en las que cumplen condena nuestros ciudadanos en el exterior".

Asistencia y ayuda económica
En concreto, pueden ofrecer ayuda económica, con un tope máximo de 120 euros mensuales, pero también de otro tipo para hacer frente a la situación de precariedad de aquellos países en los que los centros penitenciarios tengan condiciones inferiores a las de España, principalmente en lo relativo a salubridad, necesidades personales y alimentos.

También corresponde a las oficinas consulares asistir a los españoles condenados en el extranjero en la solicitud del traslado a España para el cumplimiento de la condena impuesta, en el marco de los tratados internacionales existentes.

Aunque, según el PP, el desempeño de estas funciones es "prioritario" para los funcionarios españoles, es necesario "seguir mejorando las políticas y acciones encaminadas a la agilización e impulso del traslado de presos españoles en el exterior a centros penitenciarios en nuestro país, para que puedan garantizarse unas condiciones adecuadas en su internamiento".

Condiciones infrahumanas
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, confía en que la iniciativa contribuya a "despertar el interés y la conciencia" del Congreso, el del Gobierno y el de la sociedad sobre la situación de este colectivo, algunos de cuyos miembros cumplen condena "en condiciones infrahumanas que afectan a la dignidad de la persona y que constituyen una falta de respeto de los derechos fundamentales".

El objetivo de los 'populares' es que los ministerios de Exteriores, Justicia e Interior mejoren los programas de asistencia ya existentes y aceleren los procesos de repatriación "estableciendo para ello una serie de perfiles, de condiciones y priorización de presos".

"Hay quienes están en situación de grave enfermedad, con relaciones de familias complicadas y algunos tienen hijos que están abandonados y a los que no ven hace tiempo", ha añadido Gómez de la Serna, quien también ha querido ensalzar la "labor callada y encomiable" de los misioneros y las diferentes ONG que actúan en este ámbito. "Gracias a su labor muchos presos mantienen la ilusión de seguir viviendo", ha asegurado.