Decía el político paraguayo Germán Soler ya en la primera mitad del siglo XX, que el solo hecho de introducir la honestidad en el manejo de los asuntos públicos constituiría una revolución en el Paraguay. Décadas antes, el cónsul inglés Cecil Gosling había advertido que los paraguayos consideraban que robar al estado no era, de ninguna manera, un robo.

De acuerdo a lo expresado por el senador Juan Carlos Galaverna, más del noventa por ciento de los empresarios paraguayos realiza negocios a través del estado, por lo que es absurdo que critiquen la corrupción de los políticos que les abren las puertas del patrimonio público.

El senador Galaverna señaló a los medios que el actual presidente paraguayo Horacio Cartes había iniciado la revolución que reclamaba Germán Soler en las pautas y normas culturales del pais, sobre todo de la corrupción con que se manejan los empresarios locales.

Horacio Cartes ha recriminado a este mismo empresariado que a la noche usan el cuello blanco y durante el día se pasan robando. Agregó que el sector privado, al que no niega pertenecer, es el que mayor daño le hace al Paraguay. Citó como ejemplo el caso de ACEPAR, que debió ser recuperado para el estado por su gobierno, debido a los desmanes ocasionados por un puñado de empresarios inescrupulosos.

Acompañando la lucha contra el empresariado corrupto, la polémica Ley 4.950/13 que creó el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) finalmente fue derogada por el Congreso Nacional, tras comprobarse que solo favorecería a un oligopolio de empresarios corruptos.

Para mayor humillación, el proyecto de derogación fue presentado por el senador Víctor Bogado, a quien el monopolio mediático persiguiera con una campaña de ensañamiento demencial. La misma había sido sancionada en Senadores, y ayer miércoles fue aprobada también por los diputados, pasando al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La polémica ley del SOAT fue repudiada por la ciudadanía, y por amplios sectores, incluso algunas municipalidades la cuestionaron como inconstitucional. Uno de las objeciones era que si bien se debía pagar la póliza antes de julio, la cobertura por cualquier accidente se iba tener recién desde el año que viene.

Al crecer las protestas, el propio presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, reunió a los medios para comunicar que era inaplicable la normativa reglamentada en esa ley, por ineficiente e inaplicable.

El diputado Oscar Tuma recalcó las irregularidades en la reglamentación del SOAT, aunque manifestó que la intención de la ley es sana, y que se buscarán alternativas, atendiendo a que los accidentes son una epidemia que afecta actualmente a la ciudadanía. La ley pretendía cubrir los daños físicos que pudieran sufrir las personas, motociclistas o automovilistas, en caso de accidentes de tránsito, no así los daños materiales.

Sin embargo, pronto el proyecto fue distorsionado para favorecer a un puñado de empresarios corruptos.

No muchos meses antes, se había intentado instaurar una inspección de autovehículos en un contubernio que beneficiaba a un puñado de empresarios que lucraban con el rubro.

Si algo deja el claro la polémica desatada, es que por cada politico corrupto existe un empresario que corrompe. Ya lo sentenció un recordado filósofo de siglos pasados: Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es solo saber cual es.

Y como lo sentenciara Frank Herbert, la corrupción se caracteriza por llevar infinitos disfraces, el de empresario es solo uno más de ellos.