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​Desjudialización de la política: ¿sólo cuando resulta favorable al Gobierno?

“Someter a juicio la actuación de los políticos cuando incumplen las normas, no sólo es democráticamente legítimo, sino que es consubstancial a un Estado de derecho” Francesc de Carreras
Miguel Massanet
martes, 21 de enero de 2020, 08:30 h (CET)

“Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”, dicen que le contestó el rey Alfonso VI al Cid y, por mucho que nos duela reconocerlo, tendremos que admitir que ya empezamos a notar debajo de nuestros pies, en este solar patrio sobre el que nos asentamos, un especial temblor que nos sube por nuestras extremidades hasta helarnos, poco a poco, nuestro espíritu de fieles seguidores de la tradición y amantes incondicionales de nuestra patria, España. No sé si serán las piedras, o los temblores de algún episodio sísmico o, simplemente, el tener conciencia de que, con la llegada de estos nuevos gobernantes que se han hecho con el poder en esta desconocida España (sí, nuestra, porque nos negamos a aceptar que, quienes están dispuestos a trocearla y a entregarla a separatistas y comunistas, puedan aspirar a considerarse españoles y a lucir con honor el título de ciudadanos de la patria) en la que la están convirtiendo quienes piensan transformarla en uno de estos paraísos comunistas, en el que han perdido sus identidades, y han acabado en la miseria, engañados por la ambición de quienes han antepuesto sus intereses personales y su egoísmo al deber de gobernar para todos los ciudadanos, con el objetivo de proporcionarles un estatus mejor, respetando sus libertades y sus derechos, con el propósito de mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos del país en el que, en nuestro caso, nos ha tocado vivir. Estamos ante situaciones que entrañan tanto peligro para el mantenimiento del Estado de derecho en España que, seguramente, hubieran sido capaces, si se hubieran producido en otros tiempos de, no sólo a Alfonso VI, sino al propio Sancho, el fiel escudero del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, les hubieran causado graves desazones y dolorosos pesares. A nosotros, ni que decirlo.

Hemos estado escuchando al señor Pedro Sánchez, una y otra vez, hablarnos de la desjudicialización de la política; de la necesidad de solucionar los temas de carácter político, a base del “diálogo”; de evitar acudir a los tribunales si existiera la posibilidad de conseguir arreglos sin utilizarlos, en fin, que desde el PSOE, pasando por todos los partidos independentistas y el resto de las izquierdas que forman la gran coalición que se ha hecho con el poder en España, han iniciado una campaña en la que se está intentando eliminar el tercer poder del Estado para, al menos en temas relacionados con la política, impedirles que puedan intervenir para restituir la legalidad en aquellos casos en los que se haya infringido; sean quienes fueren y ostenten los cargos que ostenten, los que incumplieren el ordenamiento jurídico del que nos dotamos los españoles a través de nuestra Constitución de 1978. Nunca, hemos creído que, cuando los políticos delincan, incumplan las leyes, se enfrenten a la Constitución, pretendan subvertir el orden, minar las instituciones, desobedecer las sentencias de los tribunales o pretender ponerse por encima de los españoles, intentando privarles de sus legítimos derechos; en lugar de someterlos, como al resto de ciudadanos, al imperio de la Ley, ya fuere por intereses espurios, por limar asperezas, por conseguir acuerdos o por alcanzar el poder, se pueda esquivar la acción de la Justicia para permitir a aquellos que delinquiesen, a través de subterfugios y malas artes, salir indemnes en virtud de aquella frase hecha: “El fin justifica los medios”, atribuida a Maquiavelo, aunque parece ser que la escribió Napoleón en la última página de “El Príncipe”.

Sin embargo, señores, vean con qué facilidad todos aquellos miembros del actual Gobierno de socialistas y comunistas, parece que se han olvidado de aquella campaña que hicieron para crear un ambiente contrario a que los tribunales juzgaran a aquellos políticos, no por sus ideas políticas, sus opiniones soberanistas, sus manifiestos actos de rechazo hacia España, los Reyes, la Constitución y el incumplimiento de las numerosas sentencias de los tribunales que fueron totalmente ignoradas; sino por haber incurrido en incumplimiento de las leyes, haber organizado actos expresamente prohibidos por la Constitución española y haber desobedecido al propio TC cuando los ha advertido de que aquellas decisiones, acuerdos o normas, emitidas por las instituciones de la autonomía catalana, que atentaban directamente, excediéndose de sus facultades y cometiendo delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, contra el Estado de Derecho vigente en nuestra nación.

Han acusado a la derecha de usar y abusar de acudir a los tribunales para pedir amparo ante determinados actos, resoluciones, leyes de los que se vienen valiendo los que ya llevan gobernando casi un año y medio en España. Sin embargo, no parece que exista modo alguno, que no sea éste, cuando un conjunto de partidos deciden convertir las cámaras de la nación en dos baluartes para parar todas las iniciativas, los reproches, las quejas y cualquier propuesta que pudieran presentarse ante aquellas cámaras, por muy bien argumentadas, favorables para la ciudadanía, beneficiosas para la economía del país e interesantes para el desarrollo de nuestra nación que, intrínsecamente, pudieran ser. Precisamente la separación de poderes prevista por Montesquieu tenía por objeto que nunca se pudiera dar el caso de que un solo poder de los tres previstos tuviera en su mano para impedir que la actuación de los otros dos no fuera capaz de controlarlo e impedir que pudiera imponer, impunemente, cualquier propuesta que fuera gravemente perjudicial para los ciudadanos.

Vean, no obstante, cómo cuando al Gobierno les interesa, cuando una comunidad como la Murciana, decide implantar un cambio, conocido como “pin parental”, que permite a los padres de familia ejercer un control sobre aquellas enseñanzas marginales que pudiera imponer la escuela, mediante las cuales se pretendiera burlar el derecho legítimo de los padres o tutores de los menores que, según el Artº 27 de la CE, se pretenda esquivar el derecho de los padres a pedir que, a sus hijos, se les imparta o no una determinada enseñanza en cuestiones morales y religiosas. La señora Celáa ya ha salido hecha una furia, amenazando acudir a los tribunales porque, para ella, los niños cuando van a la escuela dejan de quedar bajo la patria potestad, para tener que someterse a cualquier adoctrinamiento político que los directivos del centro o el propio gobierno decidieran usar para esquivar la voluntad de los padres de que sus hijos sean educados en sus mismos principios religiosos y morales. ¿Qué hay del diálogo? ¿Qué nos dice de la no judicialización de la política? Por lo visto no les ha bastado con lo sucedido en Cataluña y el País Vasco respeto al adoctrinamiento que se hace con los estudiantes tanto en las escuelas como en las universidades. ¿Acaso, señora Celáa, no será que dentro de los acuerdos secretos convenidos entre el gobierno socialista y los de ERC, también se ha acordado que el Estado no va a poner trabas al tipo de enseñanza, completamente manipulado en favor del independentismo, que se viene practicando en la comunidad catalana?

Lo que ocurre es que tampoco se trata de un caso aislado, porque a la comunidad de Madrid el ministerio de Hacienda ya los amenazó, como se atrevieran a rebajar los impuestos a los ciudadanos, de aplicarles sanciones y, lo mismo ha sucedido, con el gobierno del PP, C´s y el apoyo de VOX en Andalucía. ¿Van todos ellos, finalmente, acabando en los tribunales? En estos casos parece que no van a utilizar el sistema que han venido reclamando para Cataluña del diálogo y la desjudicialización de la política. Y, por si no hubiera sido bastante, la nueva Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la señora Victoria Rossell ha insinuado que “es tan grave el caso del pin parental que se ha establecido por el Gobierno de Murcia que se puede equiparar a los graves sucesos de Cataluña, la revolución que tuvo lugar para intentar proclamar la República Catalana”. ¿No será una vara de medir, más que sospechosa, y evidentemente completamente fuera de lugar, establecer una comparación semejante?; hablando incluso de aplicar en Murcia el Artº 155 de la Constitución ¿y, a esta señora, con semejantes ideas y tan poco sentido común, se le ha encargado un puesto de tanta responsabilidad? Mal vamos. Pero ya han advertido que van a acudir a los tribunales si los señores de Murcia no rectifican… ¿No va a ser que vamos a tener un incremento de la actividad judicial si, como parece que va a transcurrir en la legislatura, el número de querellas, demandas etc. a las que, oposición y Gobierno, van a tener que recurrir, para solventar los contenciosos que se vayan produciendo entre ellos, aumentan? Si esta práctica se generaliza, va a obligar a ampliar el número de tribunales dedicados a resolver las cuestiones que se tengan que dirimir ante ellos, derivadas de los desacuerdos entre unos y otros. Pero parece que el Gobierno ha sido el primero en romper la palabra, cuando han sido ellos los que han dado el primer paso o amenazan con dar los necesarios, hacia una intervención judicial repetida, en cuestiones meramente políticas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos cómo, con una rapidez que nos indica la prisa que tienen los actuales gobernantes en sacar adelante todas aquellas reformas que implican, en sí, un avance hacia la aquellas políticas intervencionistas, totalitarias, de aislamiento de la oposición y de implantación de lo que, en el año 1936, fue el llamado Frente Popular, inspirado en el bolchevismo de la URSS, de similares característica a aquel y peligrosamente parecidas a lo que nos amenazan que van a hacer, en breve, los actuales gobernantes.

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