Ante la pasividad de los españoles, la complicidad de los partidos políticos de izquierdas, el embobamiento de la derecha y el triste silencio del Rey, un descarado señor Pedro Sánchez ha llevado a España a la situación más rocambolesca que nunca se pudiera haber imaginado. Se podrá alegar que los hay a los que, el plegarse a las excentricidades políticas del señor Sánchez, se deba, principalmente, a aquello de que el que se mueve no sale en la foto y que muchos de los que forman parte de este chanchullo en el que se ha convertido la subasta de puestos en las dos cámaras soberanas y la bicoca de formar parte de los órganos de gobierno y parlamentos regionales, sin descartar las audiencias y los ayuntamientos; se ha convertido en el modus vivendi de muchos que, en la vida privada, estaban en paro o sus retribuciones notablemente inferiores a los emolumentos que reciben en sus puestos de la política nacional, apenas les alcanzaban para poder vivir dignamente; pero, la realidad del espectáculo deprimente que nos están dando, a los ciudadanos de a pie, quienes debieran dar ejemplo de patriotismo, sensatez, preocupación por el bienestar de la ciudadanía, sobrepasa a cualquier pesadilla que pudiéramos tener en una noche de sueños terroríficos.

La sola lectura del documento que el PSOE y ERC han dado a conocer como resultado de sus encuentros secretos, llevados a cabo con el más absoluto oscurantismo, y que ha sido aprobado por ambos partidos; es lo suficientemente explícito para poder calificarlo como la mayor traición que un gobierno, en este caso gobierno en funciones, pueda haber hecho a su país, una rendición en toda la reglas, especialmente concebida para saltarse, sin el menor rubor, la Carta Magna y preparar el camino a los secesionistas catalanes (Luego, el señor Otegui ya nos viene anunciando que van a pedir lo mismo que los catalanes consigan, para los vascos) para que, con consulta incluida, decidan si aceptan o rechazan las cesiones draconianas que el Estado español, por medio de unas personas evidentemente inadecuadas, incapaces, carentes de la más mínima preparación para asumir una tarea de tanta responsabilidad como esta que, indebidamente, se les ha encomendado por el señor Pedro Sánchez, una persona carente de escrúpulos, insensible al sentido de patria y dispuesto a todo, incluso a permitir que el independentismo se haga dueño de Cataluña, pese a haber jurado y perjurado, en falso por supuesto (las hemerotecas y los archivos de TV se han encargado de dejar en evidencia el nuevo rumbo tomado por el líder del PSOE, cuando en repetidas ocasiones lo ha hecho en público y para que todos los españoles lo oyeran) que nunca lo permitiría.

Desde hablar de “conflicto político” no subversión, ni prevaricación, ni desobediencia ni, tampoco, insumisión o desacato a las sentencias de los tribunales del Estado, a darle a esta entrevista la categoría de un encuentro entre “dos gobiernos”, el de España y el de Cataluña, en condiciones de igualdad, tanto monta monta tanto; una humillación que, en aras de sus intereses personales y de partido, ha aceptado este personaje maquiavélico en el que se ha convertido este señor, que no ha tenido el menor inconveniente, cuando se dio cuenta de que los resultados de las votaciones de noviembre pasado le fueron adversas y que, en lugar de los 140 escaños que pensaba conseguir, perdió tres de los que ya tenía; de reaccionar a la velocidad del rayo, arrimando el ascua a un entendimiento con el señor Pablo Iglesias, del que había estado renegando durante toda la campaña electoral, sabiendo que el acomodaticio personaje, que también recibió un duro varapalo en los comicios de noviembre, estaría encantado de formar tándem con los socialistas, sabiendo que ello le permitiría entrar en el gobierno y sacar de nuevo la cabeza del barrizal de desprestigio en el que la tenía metida, cuando en su propio partido, Podemos, ya se ponía en duda su capacidad para continuar dirigiéndolo.

Una curiosa matización: se ha eliminado del lenguaje del PSOE la palabra Constitución para sustituirla por un sucedáneo ad hoc, el elaborado meticulosamente para no salirse de la Ley y, al mismo tiempo, dar satisfacción a los súbditos del señor Junqueras, a los que solo oyendo palabras como España, Constitución, derecha o Guardia Civil les da el baile de San Vito. La nueva forma de salvar el escollo de mencionar la Constitución de 1978, consiste en sustituir la expresión por “marco del sistema jurídico-político”. Para estos insensatos la política debe seguir una línea paralela con la Justicia, es decir como sabe cualquier alumno, incluso poco aventajado, dos líneas paralelas lo serán hasta el infinito, con la particularidad de que en ningún momento van a encontrarse. ¿Qué hay de la separación de los poderes del Estado que estableció el bueno de Montesquieu? Pues parece que la “no judicialización de la política”, que tan repetidamente hemos tenido que escuchar durante estos años de intentos de los soberanistas, catalanes y vascos, de hacerse con el poder absoluto en sus respectivas autonomías, ha terminado por imponerse en esta famosa “mesa de diálogo”, de modo que ambas partes se comprometen a solucionar todos los puntos que las enfrenten sin acudir a los tribunales, lo que, al parecer es tanto como saltarse el escollo de la Constitución, ya que si no se puede acudir al Tribunal Constitucional para averiguar si un decisión, una ley, un decreto o cualquier otra medida legal para poder frenar al ejecutivo y a los que lo apoyan, es tanto como atar de pies y manos la facultad de los españoles de reclamar el ejercicio de sus derechos en el caso de que se sientan atropellados por la acción estatal.

Y otra vez sale la palabra mágica. El omnipresente recurso que, para estos negociadores, tiene la virtud de solucionar todos los conflictos que surjan entre ellos o con el resto de partidos de la cámara baja o alta. El “diálogo”, el recurso que ya pidieron los de la ETA y que ahora siguen explotando sus seguidores y los del independentismo catalán y vasco. Es tal el carisma de la palabra que, hasta muchos periodistas e intelectuales han caído en la trampa de aceptar el vocablo como la mejor solución a un problema. Es posible que en un mundo imaginario, en Jauja, tierra donde todo se consigue sin esfuerzo y no existe el mal, pudiera hablarse de la posibilidad de un entendimiento entre aquellos que deciden no hacer caso de las leyes, que desprecian las decisiones de la Justicia o que se crean discriminados respecto a otras, se pudiera llegar a alcanzar acuerdos, siempre, efectivamente que ambas partes “dialogaran”, ofrecieran y renunciaran, se basaran en parámetros de justicia, y renunciaran a imponer criterios absolutistas, negando al otro participante en el coloquio el derecho a ofrecer contrapartidas razonables.

Desgraciadamente para estos “demócratas” independentistas, todo lo que no sea acceder a sus peticiones, todo lo que no signifique otorgarles sus peticiones de autogobierno y de secesión, no es tenido en cuenta de modo que, salvo en el caso de este señor que pretende gobernarnos, cuyo sentido de la ética, de lo que le conviene a España o de lo que no le conviene a él y a su partido parece que le ha proporcionado licencia de corso para adaptar todo el sistema jurídico del Estado de derecho a lo que le permita, fueran cuales fueran las condiciones que tuviere que aceptar, alcanzar sus fines personales que, evidentemente, distan mucho de ser los que nos convendrían a los españoles, a España y, si nos apuran un poco, a lo que está esperando de nosotros la UE que, evidentemente, no es precisamente lo que el PSOE, IU, Podemos y los nacionalistas catalanes tienen pensado hacer si llegan, como parece que será, a hacerse con el gobierno de la nación española.

Demostración de lo poco que se fían de su interlocutor socialista los de ERC, lo tenemos en que han pedido que se incluya, en este panfleto en contra de los españoles y de España, un apartado en el que se fija que en 15 días se ha de constituir otra mesa de diálogo ( ya cuentan con dos más: la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y la Taula de Partits, existente en el Parlamento catalán) que tiene como finalidad específica mantener una constante relación entre la representación del Estado y la de Cataluña, de modo que todo lo que no nos vamos a enterar que se ha acordado en secreto, se vaya llevando a cabo; lo que significa que los separatistas no vayan a admitir que, por parte del Gobierno de España, se dejen cuestiones pendientes de resolver que pudieran dilatar los plazos que tendrán fijados para que, el sistema de otorgarle la independencia a Cataluña pudiera dilatarse en el tiempo hasta que, prácticamente, resultara un engaño para los soberanistas que vayan a firmar el acuerdo.

Y un punto más a tener en cuenta. Todo este comadreo entre el Gobierno de la nación y los separatistas catalanes tiene, no lo vayan a olvidar, un importante componente económico. No en balde, como prolegómeno a este acuerdo que han convenido los negociadores de ambas partes, ya se habló de un importante refuerzo de la financiación del Estado a la autonomía catalana. Si las noticias son ciertas se habla de que, los catalanes, van a recibir el equivalente al 50% del total de la financiación prevista por el Estado para todas las autonomías españolas. Nos cuesta pensar que esto pueda suceder sin que aquellas autonomías, que pudieran salir perjudicadas por esta discriminación en favor de los catalanes, se mantengan calladas, acepten los recortes y se resignen a quedar en una situación de inferioridad respeto a esta autonomía que, por otra parte, ha demostrado ser la menos solidaria, la que mayores problemas viene creando a la nación española y aquella que su gobierno tiene un contencioso permanente con el Estado español, cuya solución, al parecer, va a ser a costa del resto de los españoles que, por no protestar, vamos a salir perjudicados no solamente en nuestro peculio sino también en nuestros derechos constitucionales, que amenazan por ser menospreciados por estos señores que pretenden gobernarnos con métodos muy parecidos a los empleados por estos caciques comunistas que actualmente gobiernan en países del nuevo mundo que, desgraciadamente, han caído en las garras de este neocomunismo que, ahora mismo, parece que nos ha llegado a España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la desagradable impresión de que estamos en un cepo del que, seguramente, nos va a resultar muy difícil desprendernos si no hay una reacción de la ciudadanía y especialmente de los partidos constitucionalistas, aunando fuerzas, prescindiendo de las diferencias que pudiera haber entre ellos y llevando a cabo una oposición férrea, mediante el control exhaustivo de cada una de las decisiones que pudiera tomar el nuevo ejecutivo, lo mismo que de las leyes que vayan a intentar promulgar, de cuya constitucionalidad pudiera dudarse. No va a ser posible que, la pretendida desjudicialización de la política, impida que el Poder Judicial siga cumpliendo con sus funciones de vigilancia de que, las leyes que vayan apareciendo, cumplan y reúnan todos los requisitos exigidos por la Constitución española. Será tarea ímproba, pero imprescindible.