Hace una semana en algunos círculos políticos catalanes se miraba con reservas el calendario, el año terminaba y los partidos del bloque de los que están por el derecho de los catalanes a decidir su futuro no daban muestra de ponerse de acuerdo en lo relativo a la fecha en que se tenía previsto celebrar la consulta al pueblo catalán y todo eran puras especulaciones sobre la pregunta que los ciudadanos de Catalunya tendrían que responder.

Los presupuestos del 2014 estaban a punto de debatirse en el Parlament y el pacto firmado entre CiU y ERC en el que se indicaba que antes de fin de este año se conocería la fecha de la consulta y la pregunta a hacer estaba en el tejado. Pero llego el jueves 12 y esa misma mañana se mascaba en el ambiente que algo importante iba a ocurrir, y ocurrió. Artur Mas, junto con los representantes de CDC, Unió, ERC, IC-VERDS y las CUP, convocó al pueblo catalán a acudir a las urnas el 9 de Noviembre de 2014 y que mediante dos preguntas: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado?” y “En caso afirmativo, quiere que este Estado sea independiente?”, los catalanes puedan decidir su futuro, todos los catalanes con derecho a voto, de acuerdo con esta convocatoria, podrán expresar su opinión libremente, tanto los partidarios del SI como los del NO, en incluso aquellos partidarios de esa Tercera Vía federalista de difícil defensa vista la actitud del PSOE que ha alejado de la foto de los partidos por el derecho a decidir a sus conmilitones del PSC convirtiéndoles definitivamente en una sucursal del PSOE español.

A pesar de que según algunas encuestas tres de cada cuatro catalanes desean que el Gobierno de Mariano Rajoy autorice la consulta de Noviembre tanto el PP como el PSOE, los dos partidos de momento mayoritarios en el Congreso, ya han lanzado las campanas al vuelo anunciando que la consulta no se celebrará. Unos y otros esgrimen la Constitución cual si se tratara de un arma arrojadiza para intentar explicar sus argumentos, tristes argumentos en los que tan sólo prima el orgullo herido de quien se siente poseedor de la verdad y de quien se niega al dialogo para intentar llegar a algún acuerdo.

Para los partidarios de no dejar que el pueblo catalán se exprese ante las urnas la Constitución parece ser sagrada e inamovible, sin parar mientes en que toda la población española menor de 53 años no la votó y que estamos ante un texto legal, el máximo texto legal, que nació viciado por la intervención del Alto Estado Mayor del Ejercito como ha reconocido en algún escrito Solé Tura que fue uno de los llamados “padres” de la Constitución. Cuando se estaba discutiendo la misma llegó, a nombre de Herrero de Miñón, un sobre con membrete del Ejército en el que había un texto, leído aquel escrito se impuso, por narices, en el texto constitucional la frase que habla de la “indisolubilidad” de España y también en el art. 2 se nombró al Ejército como garante de esa unidad. Así pues tenemos una Constitución cerrada, ya que los tramites para modificar sus artículos más importantes son prolijos y casi eternos, y nacida a la sombra de los sables y las opiniones de las Salas de Bandera de los cuarteles. Una Constitución que llevó a una Transición que dejó en sus puestos a policías, militares, jueces y altos funcionarios que habían servido con ahínco a la dictadura franquista.

Tal vez el 9 de Noviembre de 2014, día en que se cumplirán los 25 años del derrumbe del “muro” de Berlín, los catalanes no podrán acudir a expresar en las urnas si están o no de acuerdo con que su nación se constituya en un Estado independiente. Si ello sucede será porque desde el más puro centralismo de la derecha y la socialdemocracia se les impedirá hacerlo con burdas excusas constitucionales. Si existiese voluntad por parte del Gobierno de España la consulta se podría llevar a cabo ya que, según han expresado varios constitucionalistas de renombre, ésta tiene cabida en la tan traída y llevada Constitución, incluso uno de los autores del texto legal, Miguel Herrero de Miñón, nada sospechoso de nacionalista ni de izquierdista, acaba de decir que en “la Constitución cabe todo lo que se consensue”.

Se equivocan, es mi parecer, aquellos que, unos con falsedades y otros con la excusa constitucional, se niegan sin ningún tipo de dialogo a que los catalanes puedan expresar su derecho mediante las urnas. Aunque prohíban la consulta del próximo Noviembre el problema seguirá, y seguirá acrecentado y el pueblo catalán llegará, siempre en paz y siguiendo los cauces legales, donde tenga que llegar incluso a las más altas instancias europeas. Existe una Sentencia de la Corte Internacional de la ONU con sede en La Haya de fecha 22 de julio del 2010 en la que se dice, entre otras cosas, “Declaramos que cuando hay contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática prevalece ésta segunda, y declaramos que en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la Ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es ésta la que crea y modifica, cuando sea necesario, la legalidad vigente”.

Ahora es momento de dialogo y buena voluntad por parte de los políticos, así como de practicar un didactismo que en Catalunya sirva para convencer a los que dudan sobre cual debe ser el sentido de su voto. Los catalanes simplemente quieren votar, y no se entiende el miedo del Gobierno de España a que voten, poca seguridad existe entre los políticos españoles de que Catalunya, sus ciudadanos, quiera seguir formando parte de España, una España gobernada por un Gobierno que se cierra en banda, junto con el PSOE, al dialogo y lo hacen simplemente porque en España estar en contra de Catalunya les da muchos votos, votos que cada día les hacen más falta para seguir manteniéndose en el trono de las prebendas.