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No sabemos si la ofensiva lanzada por el Gobierno contra la educación concertada es producto de la torpeza de la ministra Isabel Celaá, o si responde a una estrategia trazada y animada en estos días tras el anuncio de un posible acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. De responder a esto segundo estaríamos ante un cambio radical en el sistema educativo español, respetado hasta ahora incluso por los gobiernos socialistas. Lo que está en juego es la libertad de enseñanza que, en nuestro ordenamiento, es inseparable del derecho a la educación. Así lo especifica la Constitución (art. 27.6), en contra de lo que dice Celaá: “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de crear centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. La ministra de Educación basó precisamente su ataque contra la concertada en que este derecho no está recogido en la Constitución, pero no sólo no es así, ya que por primera vez se reconoce al unísono el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, sino porque hay varias sentencias del TC y, de todas ellas, una de especial relevancia, siendo, además, la más cercana en el tiempo. Dice la sentencia 74/2018: “Esta libertad de enseñanza se concreta por tres vías: el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad”. Parece que Celaá desprecia los principios que animaron esta legislación, ya que ni siquiera tiene en cuenta el sentido público de la educación concertada, en tanto que “los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes” (art. 27.8).
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