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Jaume Catalán Díaz, Girona

El aborto en Irlanda del Norte

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En su diplomacia internacional, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (UK) se ha mostrado abierto en favor del lenguaje de los “derechos reproductivos” en las resoluciones de la ONU y recientemente ha comprometido 600 millones de libras para promoverlo por todo el mundo. En una declaración vista como una reprensión hacia la postura pro-vida estadounidense en la apertura de su reciente Asamblea General, el ministro de asuntos exteriores británico afirmó: “el Reino Unido está comprometido a defender y promover la salud y los derechos sexuales”. Por supuesto en contra del no nacido.

Reino Unido ha recibido fuertes presiones para cambiar las leyes del aborto en Irlanda del Norte por parte de múltiples mecanismos de derechos humanos en el sistema de la ONU. Los cuerpos expertos que monitorizan la complicidad de Reino Unido con numerosos tratados de derechos humanos han urgido a la despenalización, incluyendo aquellos sobre derechos políticos y civiles, económicos, sociales y culturales de personas con discapacidades.

Estos organismos del tratado han emitido observaciones condenando las leyes pro-vida norirlandesas un total de 10 veces desde 1999, cuando el Acuerdo del Buen Viernes permitió que tales asuntos pudieran decidirse internamente en el norte de Irlanda. Reino Unido ha sido igualmente presionado sobre el aborto en Irlanda del Norte por parte de países miembros en la revisión ordinaria annual (UPR).

En el Wall Street Journal, Niamh Ui Bhriain señala que la legalización del aborto y la amenaza de que sea impuesta por el parlamento británico más que por la legislación local, no es popular entre el pueblo de Irlanda del Norte.

Bernie Smyth, directora del grupo norirlandés pro-vida, Vida Preciosa, expresó su pesar ante el fallo de la corte. Advirtió que el mayor objetivo de este esfuerzo es la completa despenalización del aborto a lo largo de Reino Unido, donde se califica de asunto criminal, aunque con excepciones suficientemente amplias para el aborto de manera que sea esencialmente accesible a demanda.

El aborto en Irlanda del Norte

Jaume Catalán Díaz, Girona
Lectores
viernes, 15 de noviembre de 2019, 11:14 h (CET)

En su diplomacia internacional, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (UK) se ha mostrado abierto en favor del lenguaje de los “derechos reproductivos” en las resoluciones de la ONU y recientemente ha comprometido 600 millones de libras para promoverlo por todo el mundo. En una declaración vista como una reprensión hacia la postura pro-vida estadounidense en la apertura de su reciente Asamblea General, el ministro de asuntos exteriores británico afirmó: “el Reino Unido está comprometido a defender y promover la salud y los derechos sexuales”. Por supuesto en contra del no nacido.

Reino Unido ha recibido fuertes presiones para cambiar las leyes del aborto en Irlanda del Norte por parte de múltiples mecanismos de derechos humanos en el sistema de la ONU. Los cuerpos expertos que monitorizan la complicidad de Reino Unido con numerosos tratados de derechos humanos han urgido a la despenalización, incluyendo aquellos sobre derechos políticos y civiles, económicos, sociales y culturales de personas con discapacidades.

Estos organismos del tratado han emitido observaciones condenando las leyes pro-vida norirlandesas un total de 10 veces desde 1999, cuando el Acuerdo del Buen Viernes permitió que tales asuntos pudieran decidirse internamente en el norte de Irlanda. Reino Unido ha sido igualmente presionado sobre el aborto en Irlanda del Norte por parte de países miembros en la revisión ordinaria annual (UPR).

En el Wall Street Journal, Niamh Ui Bhriain señala que la legalización del aborto y la amenaza de que sea impuesta por el parlamento británico más que por la legislación local, no es popular entre el pueblo de Irlanda del Norte.

Bernie Smyth, directora del grupo norirlandés pro-vida, Vida Preciosa, expresó su pesar ante el fallo de la corte. Advirtió que el mayor objetivo de este esfuerzo es la completa despenalización del aborto a lo largo de Reino Unido, donde se califica de asunto criminal, aunque con excepciones suficientemente amplias para el aborto de manera que sea esencialmente accesible a demanda.

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