El Ministerio del Interior de Bahréin planea comprar 1,6 millones de botes de gases lacrimógenos y 90.000 granadas de gases lacrimógenos, según un documento gubernamental filtrado por la organización Bahrain Watch a través de su perfil oficial en la red social Twitter.

"El documento muestra que las fuerzas de seguridad están acumulando una cantidad masiva de gases lacrimógenos a pesar de la preocupación expresada en este sentido por ONG internacionales y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han descrito el uso de este material por parte de Bahréin como 'innecesario, letal e indiscriminado'", ha dicho el grupo.

Bahrain Watch ha destacado que, en caso de hacerse efectiva la compra, "habrá más botes de gases lacrimógenos en el país que personas", cuya población es de 1,3 millones de personas, según el informe de 2012 del Banco Mundial.

El documento solicita a la empresa responsable del envío que se encargue igualmente del entrenamiento de las fuerzas de seguridad bahreiníes en el uso de este material. El grupo ha indicado que, pese a que no tiene noticia de que el envío se haya efectuado, "podría tener lugar en cualquier momento".

Desde el inicio de las manifestaciones prodemocráticas en el país en marzo de 2011, al menos 39 personas han fallecido a causa de la inhalación de gases lacrimógenos o por heridas relacionadas con el impacto directo de los botes tras ser disparados, según el balance ofrecido por Médicos por los Derechos Humanos.

Por último, Bahrain Watch ha puntualizado que este material antidisturbios está siendo utilizado igualmente "como un método de castigo colectivo contra localidades completas debido al uso indiscriminado e innecesario del mismo contra zonas residenciales".

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

En enero, el monarca hizo una propuesta de diálogo a la oposición, que respondió que la misma "es vaga y está cubierta de niebla", al tiempo que destacó que "no refleja un acercamiento real y serio para responder a las demandas de la población". La siguiente reunión se celebrará el 28 de agosto.

El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq, que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.