Verán ustedes, es posible que existan temas cruciales en el ámbito político de un Estado que, por su repercusión en la cultura de un país, por su importancia en la economía e industria y por su trascendencia en cuanto al desarrollo científico de una nación, parece que están situados en un listón superior al resto de los que forman las competencias de un gobierno. Uno de ellos, sin duda alguna, es el tema educativo. Una nación sin una buena formación para sus ciudadanos está condenada a formar parte del pelotón de los torpes dentro de la comunidad de los países con los que está relacionada. Sin embargo, precisamente por los efectos que una buena enseñanza produce en aquellos que la reciben, por la influencia en la formación intelectual y en la elección de un ideario político determinado y por la importancia que supone, tanto para el desarrollo adecuado de la ciudadanía de un país como para las relaciones sociales y la propia gobernanza del mismo; parece que, el tema de la formación de la juventud, se ha convertido, desde hace muchos años, en un motivo de rifirrafe entre aquellas formaciones políticas que aspiran a conquistar el poder, sabedoras de que, según sea el enfoque, las formas, el temario y las orientaciones de quienes ejercen la función de docentes, así serán, mayoritariamente, los resultados en la elección ideológica de los futuros miembros de las clases cultas del país o, dicho en otras palabras, de los futuros gobernantes, empresarios, escritores y demás fabricantes de opinión de una sociedad moderna.
España, por supuesto, en el aspecto educativo no se ajusta al modelo ideal de lo que debiera ser el sistema docente de una comunidad preocupada por el futuro de su juventud. De hecho, ha sido incapaz de separar el tema de la educación y formación científica aséptica de nuestros jóvenes, de las distintas tendencias políticas de cada uno de los gobiernos que han ocupado el poder desde que la democracia se instauró en esta nación. Así, cada nuevo ejecutivo lo primero de que se ha ocupado cuando ha llegado al poder es en marcar su impronta en la enseñanza pública, no para mejorar la calidad de los temas impartidos, asegurar la disciplina en las aulas o mejorar los apoyos a aquellos alumnos que, por sus especial capacidad, esfuerzo y resultados académicos más se lo merezcan, sino para intentar adoctrinar a quienes buscan un medio de asegurar su vida mediante los estudios y una manera de devolver a la sociedad las inversiones que, con sus impuestos, ha hecho, para que la juventud pudiera obtener una educación indiscriminada que le permitiera conseguir los frutos deseados de tal sacrificio, con la aportación de una plétora de nuevos ciudadanos que se pudieran incorporar a la vida social y productiva convenientemente adiestrados para aportar sus conocimientos en pro de la sociedad Económica a la que pertenecen.
El adoctrinamiento, por parte de profesores y catedráticos, encaminado a implantar una determinada semilla ideológica en las mentes especialmente receptivas de los estudiantes, sin darles la posibilidad de recibir una enseñanza imparcial que permita a cada alumno elegir libremente, de entre las distintas tendencias políticas y filosóficas que forman parte de la ideología propia de los distintos sistemas de gobierno democrático existentes en la comunidad internacional. Si los actuales partidos políticos se quejaron de que, en el franquismo, se impartiera una enseñanza doctrinaria a los estudiantes, no podemos decir que, la entrada de la democracia y, especialmente, durante los últimos años, los modelos educativos se hayan caracterizado por su imparcialidad y ecuanimidad en cuanto a la forma de tratar, en las aulas, lo que son las ventajas y los inconvenientes de los distintos sistemas de gobierno vigentes en la actualidad.
Más bien se puede decir que, como norma general, durante el gobierno del PSOE, ha existido un modelo de enseñanza especialmente orientado a formar nuevos alevines del socialismo, aunque ello supusiera disminuir la calidad de la enseñanza de las disciplinas encuadradas en los respectivos temarios de cada carrera o licenciatura. La politización de las aulas, la aparición de profesores convertidos en verdaderos activistas y la subsiguiente socialización de la enseñanza, derivada del compadreo de enseñantes y enseñados, empeñados en enfrentarse al sistema establecido, en impedir la propagación de otras ideologías y en salir a las calles para protagonizar protestas estudiantiles que, en la mayoría de los casos, se han convertido en medios de alteración del orden y de actuaciones salvajes contra de los bienes de personas y mobiliario público; han logrado, y así se evidencia en los estudios llevados a cabo por organizaciones internacionales, que, en la valoración de nuestras universidades, no exista ninguna dentro de las 200 mejores.
Salvo los habituales casos excepcionales que siempre se dan en cualquier tipo de enseñanza, la valoración de los resultados académicos de nuestros estudiantes no puede ser más desalentadora; lo que pone en cuestión el tipo de enseñanza que se ha venido impartiendo en España durante los sucesivos gobiernos de las izquierdas. No es posible que hubiera alumnos que, con cuatro cates, pasaran de curso ni que, sin la disciplina, el esfuerzo, la aplicación y el sacrificio sea posible sacar adelante tanto el bachillerato como cualquier tipo de enseñanza superior, sea una carrera o la FP. Pero, señores, cuando alguien como el ministro Wert intenta establecer un tipo de enseñanza uniforme para todo el país, basada en el mérito individual, en la exigencia y el esfuerzo para conseguir una calificación mínima que merezca el apoyo de las becas del Estado, entra en liza la marabunta progresista integrada por profesores incompetentes, catedráticos politizados, maestros incapaces de asumir los requisitos que les exigen las nuevas tecnologías que ponen el grito en el cielo clamando en contra del progreso, de la despolitización de la enseñanza y en contra de la exigencia de un aumento de su rendimiento.
Pero, de entre todas las graves consecuencias derivadas de un sistema doctrinario de enseñanza, sin duda, las que destacan por los deletéreos efectos que han tenido sobre cientos de miles de estudiantes, son los utilizados por autonomías como el País Vasco, Catalunya, Baleares o la propia Galicia donde, ante la impasibilidad de los distintos gobiernos que se han ido sucediendo, han convertido sus escuelas públicas y universidades en verdaderos centros de reclutamiento del nacionalismo excluyente, a modo de las famosas nápolas hitlerianas, en los que se ha primado el proselitismo y la transmisión de la ideología separatista sobre cualquier otra consideración académica. La pedagogía, a través de una Historia adulterada y de la transmisión de la idea de que España está desvalijando a Catalunya, que el pueblo catalán es objeto de una injusticia por parte del Estado y de que solos e independientes, dentro del Estado catalán, vivirían en una especie de paraíso, donde todos saldrían beneficiados; eso sí, convencidos de que formarían parte de Europa, algo que dista mucho de poder convertirse en una realidad.
De aquí, señores, el progreso acelerado del número de separatistas que se viene produciendo durante los últimos años sin que, ni Rajoy ni el señor Zapatero ( cada uno por distintos motivos) hayan sido conscientes de que el problema separatista cultivado a través de la inmersión lingüista en catalán y la batalla contra el castellano basada en prohibiciones de rotular y negación de la enseñanza en dicho idioma; se viene practicando impunemente a pesar de de las advertencias y sentencias de los tribunales. El Gobierno en Babia y, a pesar de los evidentes desplantes, desafíos y ofensas recibidas de los políticos catalanes, sigue incapaz de detener la expansión de la deriva separatista, como si ello no le preocupara lo más mínimo. Lo malo será, señores, que cuando pretenda evitarlo (si es que, de verdad, lo quiere) sea ya tarde para conseguirlo. O así es como pienso yo.
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