El Brexit sin acuerdo al que Boris Johnson parece aspirar se le ha puesto cuesta arriba al Premier británico. Y no, precisamente, a causa de las instituciones europeas, sino de la justicia británica. La Corte Suprema británica ha declarado ilegal la suspensión del Parlamento. Es un importante varapalo judicial que cuestiona con base jurídica una maniobra política.
Boris Johnson decretó el cierre del Parlamento con la finalidad de frustrar o impedir su capacidad de llevar a cabo sus funciones constitucionales. Algo que “afecta”, y no precisamente de manera positiva, a la democracia británica. La Sentencia es expresión de la vieja doctrina británica del imperio de la ley, del principio del equilibrio de poderes, al tiempo que ratifica la naturaleza parlamentaria del sistema político británico.
