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El cajero del PP abre la ronda de declaraciones testificales sobre la presunta contabilidad B | |||
Media hora de retraso sobre la hora fijada inicialmente | |||
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► Arenas y Cascos inauguran la ronda de declaraciones ante el juez Ruz El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha comenzado a tomar declaración a las 10.20 horas de este martes, con algo más de media hora de retraso sobre la hora fijada inicialmente, al cajero del PP Antonio Ortiz, el primero de los cuatro testigos citados en la pieza separada en la que se investiga la presunta contabilidad B del PP. Posteriormente están citados el que fuera gerente de la entidad Cristóbal y Páez, quien ya se encuentra en la sede del juzgado y más tarde, ante gran expectación mediática, los exsecretarios generales Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas. Antes de comenzar las declaraciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha solicitado a todos los abogados personados en la declaración que entreguen sus teléfonos y otros dispositivos móviles para evitar filtraciones como la que se produjo el pasado 15 de julio con ocasión de la declaración del extesorero Luis Bárcenas, cuando se descubrió que alguno de los presentes estaba informando por twitter parte de su testimonio. A tal efecto, el secretario del juzgado les ha repartido unas bolsitas de plástico, han informado fuentes jurídicas. Podrán acceder a sus dispositivos de forma puntual en el caso de que tuvieran que utilizar su tableta por contener en ella documentos de los que precisen durante su interrogatorio. Pese a que la Fiscalía sólo había dado su 'plácet' para la declaración de la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, que está citada para mañana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 justificó que se llamara a sus antecesores en el cargo por considerar sus testimonios "pertinentes, útiles y necesarios" en atención a su responsabilidad en la Secretaría General de la formación "durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos". Antonio Ortiz, que es el segundo empleado del partido con esta responsabilidad que declara en la Audiencia Nacional después de el que el pasado 23 de mayo lo hiciera Luis Molero, quien aseguró que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas le llegó a entregar hasta ocho paquetes de dinero en efectivo en un solo día para que los ingresara, de forma consecutiva, en la cuenta de donativos anónimos de la formación. Las acusaciones sospechan que con este procedimiento los responsables de las finanzas 'populares' troceaban personalmente las donaciones anónimas para que nunca superaran el límite legal establecido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos, de 60.000 euros hasta 2007 y de 100.000 a partir de ese año, y, de esta forma, burlar a Hacienda. Durante su declaración ante el juez del pasado 15 de julio, y cambiando radicalmente de estrategia frente a comparecencias anteriores, Bárcenas reconoció la contabilidad B e insistió en que dichas cuentas y el cobro de sobresueldos eran práctica general que conocían los diferentes secretarios y subsecretarios del partido, que eran además de los cargos fijos que se beneficiaban de estas supuestas compensaciones salariales en B. Ruz concretaba en su auto de citación que aunque los cargos de Arenas y Álvarez-Cascos se corresponden con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, cree que pueden aportar "datos relevantes" para la investigación en curso. El magistrado ha venido delimitando en sus últimos autos la investigación a los delitos fiscales que pudieran haberse cometido a partir del ejercicio 2007 y los cometidos contra la administración pública, como cohecho y otros, desde el año 2002 en adelante. |
El próximo mes de abril, entrará en vigor en España la recientemente aprobada Ley de Prevención de la Pérdida y el Desperdicio Alimentario, un marco normativo que AECOC y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han analizado en Barcelona en una jornada conjunta.
Si finalmente el proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral salvase el obstáculo del trámite parlamentario y se llegase a dar luz verde al mismo, una de las consecuencias directas sería el aumento del salario por hora de trabajo. El escenario que plantea la reducción de las 40 horas a las 37,5 horas semanales propiciaría un incremento del valor por hora trabajadora de 9,26 a 9,75 euros, aproximadamente.
Durante la inauguración de la II Jornada de Delitos de Odio para jefes y directores de seguridad, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado la labor “crucial” de la seguridad privada para “fortalecer la detección temprana y la respuesta eficaz ante los delitos de odio, siempre en estrecha colaboración con la Policía Nacional”.
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