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Universidades, rectores y progres, defensores del desastre educativo

Es muy fácil y demagógico acudir a las desigualdades económicas entre ricos y pobres
Miguel Massanet
viernes, 28 de junio de 2013, 07:24 h (CET)
Suponemos que, todos aquellos que se han mostrado tan indignados por el proyecto de Ley educativa del señor Wert, catedráticos y rectores de universidades incluidos, están más preocupados por el tópico de la eterna lucha de clases, en este caso basada en la supuesta inferioridad de los menos ricos respecto a los más acomodados, respecto a sus posibilidades de ingresar en la universidad. Todo ello, relacionado con el discutido y discutible tema de las becas universitarias.

Para unos deberían ser concedidas a aquellos estudiantes, con pocas posibilidades económicas, que hubieran demostrado una especial aplicación, interés, provecho y buenos resultados en sus estudios preuniversitarios; para otros, no obstante, las becas se deberían otorgar a todos los estudiantes de bajo nivel económico, aunque sus promedios sólo alcanzasen el aprobado raso, el 5, o lo que es lo mismo, permitir, sin discriminación alguna, que una multitud de mediocres entren en la universidad, con el peligro evidente de que, una gran parte de ellos, no sea capaz de seguir el ritmo de los estudios o se eternicen en ellos o, aún en el hipotético caso de que consiguieran licenciarse, pasaran a formar parte de los desengañados de la sociedad, engrosando el número de los desocupados y defraudados que van de fracaso en fracaso, sin otras posibilidades que dedicarse a otros oficios, para los cuales no están preparados. Sólo los primero, a mi criterio, pueden merecer que los ciudadanos, a través de sus impuestos, financien las becas para que puedan seguir estudiando, apostando por un valor seguro que, una vez licenciado, será un haber importante en el mecanismo de la sociedad, a la que contribuirá con sus conocimientos, devolviendo la ayuda recibida con los frutos de su trabajo..

Es muy fácil y demagógico acudir a las desigualdades económicas entre ricos y pobres y argumentar que, las clases altas, pueden enviar a sus hijos a las universidades privadas que sólo exigen una nota media de 5; algo que, económicamente, les está vedado a las clases trabajadoras. En este caso, el Estado, también debería pagarles trajes caros, viajes de perfeccionamiento de estudios a todos los universitarios o clases con profesores particulares etc. algo que, sin duda, se sale de sus posibilidades. No se trata de que, se produzca una masificación de estudiantes universitarios que supere y, en ocasiones duplique o triplique, la demanda de trabajo existente en cada una de las distintas disciplinas. La diferencia entre los jóvenes con disponibilidades, que pueden acudir a universidades privadas y los que no, estriba en que, si los primeros pueden acceder a ellas con una nota de 5, y, por tanto no se les exige la nota promedio superior que se pide para acceder a la pública. Existe una diferencia fundamental y es que en las privadas el Estado no paga nada por los universitarios que ingresan en ellas, son los particulares quienes asumen este coste; cuando, por el contrario, en las públicas es aquel quien asume la mayor parte de los costes y, por ello, tiene que asegurarse de que aquellos a los que concede becas van a aprovechar el dinero de los contribuyentes que se invierte en ellos.

Si al estudiante que no dispone de recursos se le iguala, exigiéndole solamente el 5 rascado para acceder a la Universidad, para equipararlo a aquellos con más disponibilidades económicas, que pueden acudir a las universidades privadas, no garantizamos con ello que, salvo en contadas excepciones, si no ha sido capaz de sacar una nota más elevada en la Selectividad, consiga enfrentarse con éxito a los estudios universitarios con más éxito. Si esta misma circunstancia se produce en un estudiante con una situación más desahogada, es probable que el drama no sea tan grande ni sus consecuencias tan negativas, en cuanto al sentimiento de frustración, impotencia y desengaño generado por tal situación debido a que le es más fácil encontrar otra salida.

Es humano que, aquellos obreros que no pudieron estudiar por no tener medios para ello, deseen para su descendencia una mayor cultura, una expectativa de mejora social y apartarlos de aquella vida de privaciones que, con toda probabilidad, muchos de ellos tuvieron que padecer. Sin embargo, por duro que pueda parecer, no todos los jóvenes, sean ricos o pobres, tienen la misma inteligencia, ni las dotes de memoria y raciocinio precisas para estudiar una carrera, ni la necesaria fuerza de voluntad indispensable para estudiar, ni la inteligencia suficiente requerida para ello. En ocasiones, el optar por otras profesiones o niveles educativos menos exigentes o distintos, como pudiera ser la Formación Profesional, resulta más rentable, más eficaz y más alentador para el estudiante que, contrariamente a lo que le sucedía en un nivel al que no alcanzaba, ahora se siente cómodo, capaz y alentado, viendo que progresa y es capaz de afrontar el reto al que se enfrenta, sin que todo ello le resulte una empresa que sobrepase sus capacidades.

No olvidemos que, el Estado, paga el 80% del coste de cada universitario y que, el fracaso universitario le cuesta al país la friolera de 3.300 millones de euros al año. Es obvio que existen sectores políticos, especialmente de izquierdas ( no omitamos la preponderancia de catedráticos y rectores de tendencias claramente izquierdistas) interesados en que las universidades sean feudos de adoctrinamiento y captación de militantes para su causa, importándoles poco que no haya ninguna de nuestras universidades dentro de las 200 mejores del mundo y que los abandonos y el fracaso entre los estudiantes españoles ronda del 25% al 30% Se trata de justificarse marcando cupos de aprobados, que deben cumplirse aunque los méritos de los examinandos no alcancen tales mínimos exigibles.

Que nadie se llame a engaño, porque cualquier otra Ley de Educación que hubiera presentado la derecha hubiera sido igualmente recibida de morros por toda esta mafia de la llamada “cultura”, bajo cuya denominación se reúne la variopinta congregación de la izquierda intelectual, a la que no son ajenos catedráticos y rectores de universidades, que se han erigido en dueños absolutos de su parcela educativa rechazando cualquier tipo de control gubernativo que pudiera poner en evidencia su absoluta autoridad mediante la cual ejercen su poder feudal adoctrinando y permitiendo que, en sus dominios, en lugar de dedicarse a su función docente para preparar a futuros licenciados, con la garantía de estar preparados para enfrentarse con éxito a la vida; lo que buscan en conseguir adeptos a su propia ideología política, creando verdaderas bandas de vándalos, encargados de presionar al resto de estudiantes cuyo objetivo es aprender, para someterlos a sus particulares intereses revolucionarios.

Véase como, con la pasividad de algunos rectores, se ha impedido, por medio de la violencia, que políticos, intelectuales, profesores y demás personajes de la cultura, hayan podido celebrar charlas o conferencias en los recintos universitarios, sólo por el hecho de no ser de izquierdas y no someterse al pensamiento único sustentado por esta izquierda intransigente y totalitaria, que intenta impedir que los que sustentan otro tipo de ideas y piden libertad para poderlas expresar y discutir sin que ello signifique jugarse la integridad física debido a la cerrazón de aquellos que sólo saben imponer sus ideas a través de la violencia física, la demagogia, la provocación y las amenazas. Nada nuevo para aquellos que alcanzamos a vivir de cerca el drama de la Guerra Civil, una situación que fue precedida de las muestras más incomprensibles de la intolerancia y la violencia, como medio de avasallar a aquellos que opinaban de otra manera. Otra vez la derecha va a ceder, perpetuando una situación que ha llevado a nuestra nación a situarse a la cola de Europa en educación. O así me lo parece a mí, señores, un simple ciudadano de a pie.

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