Los ministros de Economía de la eurozona han logrado un acuerdo político para limitar a 60.000 millones de euros el uso del fondo de rescate (MEDE) -cuya dotación total asciende a 500.000 millones- para la recapitalización directa de la banca.

El pacto obliga al Estado miembro beneficiario a asumir parte del coste para garantizar que no se desentienda de los problemas de sus entidades.

La posibilidad de aplicar la recapitalización directa con carácter retroactivo a países como Irlanda, Grecia o España -lo que permitiría que el rescate bancario de 40.000 millones de euros no compute como deuda- se examinará "caso por caso", según ha dicho el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dado a entender que España renuncia a esta opción.

Estas serán las principales reglas que regirán el funcionamiento de la recapitalización directa de la banca, que han sido pactadas por el Eurogrupo tras seis meses de debates.

"Este instrumento ayudará a preservar la estabilidad de la eurozona y ayudará a eliminar el riesgo de contagio del sector financiero al Estado, debilitando así el círculo vicioso entre bancos y Estados", ha resaltado Dijsselbloem.

El límite de 60.000 euros se ha fijado para evitar que se agote rápidamente la dotación del MEDE, ya que las ayudas directas a la banca consumen mucho más capital que los fondos concedidos para el rescate de Estados.

Según el acuerdo, un Estado miembro sólo podrá pedir la recapitalización directa de una entidad como último recurso. Es decir, cuando las quitas a los acreedores no sean suficientes para cubrir el déficit de capital y el Gobierno no pueda inyectar fondos sin poner en riesgo su estabilidad presupuestaria. La entidad debe tener carácter sistémico y su quiebra plantear un riesgo a la estabilidad de la eurozona.

Antes de cualquier decisión, el MEDE, la Comisión y el Banco Central Europeo examinarán si la entidad es viable y la someterán a un test de estrés para verificar el capital necesario.

Si la entidad no alcanza el ratio mínimo legal de capital del 4,5% el Estado beneficiario deberá aportar el capital necesario para llegar a este nivel antes de que el fondo de rescate intervenga. Si ya lo cumple, el país receptor deberá contribuir con el 20% de los costes del rescate durante los dos primeros años y con el 10% después, mientras que el MEDE asumirá el resto.