Ya decía Abraham Maslow que el secretismo, la censura, la falta de honestidad y el bloqueo de la comunicación amenazan todas las necesidades básicas, incluida la misma necesidad de vivir.

El periodista Carlos Manuel Artaza Mereles, funcionario de prensa en la Gobernación de Amambay, en el norte de Paraguay, falleció el miércoles por la noche tras recibir varios disparos en la capital de la región, Pedro Juan Caballero, una ciudad consagrada en la cultura popular como epicentro de la mafia del narcotráfico.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay ha reclamado en relación a este hecho “a los organismos públicos el refuerzo de la seguridad de los periodistas, a fin de salvaguardar su integridad principalmente en esas zonas más delicadas como es el caso de coberturas periodísticas en ciudades fronterizas”.

Artaza, de 43 años, se desempeñaba como fotógrafo de la Secretaría de Prensa de la Gobernación del departamento de Amambay desde hace cuatro meses, y recibió los disparos que acabaron con su vida luego de participar de una caravana donde los liberales festejaban la victoria del diputado liberal Pedro González como gobernador.

Su muerte ocurrió en la víspera de la celebración del Día del Periodista en Paraguay el 26 de abril, cuando se recuerda también a Santiago Leguizamón, asesinado en esta misma fecha en 1991.

Hasta aquí lo que todos los medios mencionan, sin agregar lo que nadie recuerda pero tampoco olvida.

Santiago Leguizamón
En la misma fecha, en 1991, se consumaba uno de los asesinatos más conocidos en la historia reciente del Paraguay, la del periodista Santiago Leguizamón. Según investigadores de su muerte, Santiago Leguizamón tenía en su poder "una fotografía comprometedora" en la que aparecían juntos el entonces jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, junto al empresario fronterizo Fahd Yamil y el entonces presidente paraguayo, Andrés Rodríguez Pedotti.

La esposa de Santiago Leguizamón, Ana María Morra, ya había hablado del caso de la presunta fotografía de Rodríguez, Yamil y Escobar Gaviria al periodista argentino Jorge Elías. En su artículo "¿Quién me ha robado el mes de abril?" Elías relata: "La mujer de Leguizamón, Ana María Morra, radicada con sus hijos en Asunción por aversión a la inseguridad en Pedro Juan Caballero, sabía que su marido tenía una foto comprometedora. Tan comprometedora que la Embajada de los Estados Unidos estaba interesada en obtenerla".

"Posaba en ella, al parecer, el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, con Yamil y Rodríguez, presidente de la República hasta 1993".

Nada se habló de la foto durante el proceso judicial, signado por la lentitud, las irregularidades y la ineficacia, señalan informes internacionales sobre el caso.

La conexión Latina
Si la relación entre Rodríguez, Yamil y Gaviria es casi ignorada por la prensa mediática paraguaya, con mucho mayor razón se silencian los antecedentes del poder. Hagamos memoria sobre lo que nadie menciona, pero tampoco nadie olvida.

Desde 1965 pasaba por Paraguay un vital tráfico de heroína que cobró notoriedad cuando en Washington se supo quién lo dirigía. Era el antiguo agente de la GESTAPO Lucien Darguelles, alias Auguste Ricord, capo de la Conexión Latina.

Uno de sus principales protectores era el general Andrés Rodríguez. Su protegido tenía su residencia y un motel en las afueras de Asunción, camino a Itá Enramada. Al frente lucía una pequeña réplica de la torre Eiffel con el cartel Paris-Nizza en luces de neón, y se conectaba con un pequeño puerto donde atracaban lanchas y una balsa con servicio regular a la costa argentina, a escasos cinco minutos de travesía por una ruta asfaltada. Parte del cargamento llegaba por ese cruce, a veces disimulado en automóviles Citroen usados importados desde Francia a Paraguay, para embarcarse rumbo a Estados Unidos en cargueros aéreos que partían de pistas controladas por jerarcas del régimen militar paraguayo como Rodríguez.

La situación iría a complicarse cuando el 24 de mayo de 1972 el influyente columnista del Washington Post Jack Anderson denunció la complicidad del régimen paraguayo con el narcotráfico dirigido por Ricord, en una columna reproducida en 600 periódicos de todo el mundo. Anderson acusaba a varios jerarcas paraguayos con nombre y apellido, entre ellos Pastor Coronel, Andrés Rodríguez, Patricio Colmán, Sabino Augusto Montanaro, Francisco Alcibíades Brítez Borges, Leodegar Cabello, Hugo González y Vicente Quiñónez, la mayoría generales y altos funcionarios en servicio activo.

Una versión documentada de la nota fue publicada por la famosa revista Selecciones de Readers Digest, pero la edición fue prohibida y confiscada cuando llegó a Paraguay, un hecho muy recordado por la opinión pública que vivió la época.

Como el régimen de Stroessner seguía a pesar del escándalo protegiendo a Ricord y dilatando su extradición, Nixon envió como delegado al funcionario Nelson Gross quien se entrevistó con el dictador para solicitar en nombre de Washington por instrucción directa del presidente la extradición de Ricord. Dejó en claro que de no producirse de inmediato la resolución, el Paraguay dejaría de recibir asistencia económica y militar del imperio norteamericano.

Era suficiente argumento para convencer a Stroessner. Inmediatamente se dio instrucciones al presidente de la corte Suprema Juan Félix Morales para que disponga lo que requería el funcionario de Nixon. Pocos días después el Tribunal de Apelaciones revocó el auto interlocutorio de primera instancia y dio vía libre a la extradición.

Ricord fue literalmente fletado a Nueva York en un vuelo especial contratado por el gobierno de Estados Unidos. El juez Canella lo estaba esperando con todas las pruebas en la mano para condenarlo a veinte años de cárcel, lo cual considerando la edad del procesado equivalía a cadena perpetua. Por razones humanitarias se lo liberó a los diez años, gravemente enfermo, paralítico y sin habla.

La solidaridad con el colega muerto
Como es costumbre en casos como éstos, el gremio de periodistas paraguayos emitió un solemne comunicado solidarizándose con los familiares del colega, y reclamando una “investigación y el ejemplar castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de este horrendo asesinato”. También invitaron a la ciudadanía en general a realizar un acto frente al monolito de Santiago Leguizamón, y una posterior marcha hasta el Palacio de Justicia.

Sin embargo, la autocensura sigue impidiendo la muestra de solidaridad más coherente con un colega muerto: las crónicas objetivas de estos hechos y su verdadero trasfondo, que siguen brillando por su ausencia en todos los reportes.

Ya Jeremy Benthan decía que al que resulta de una censura, es imposible de medir, ya que es imposible decir dónde termina.