Fue Francisco de Quevedo, quien ya en el XVII apuntó con su agudo sarcasmo que “Más daño hace un mal juez que todos los delincuentes.” Sus razones no le faltaban, especialmente en esta España donde los siglos únicamente cambian las modas y la apariencia de los sistemas, pero no la delincuencia de cuello blanco, la del poder, esa que propició la caída del mayor imperio de la Historia y lo empujó a la cloaca en la que se encuentra todavía. Tal es la situación, que los escándalos se suceden sin interrupción, recayendo penas desmedidas sobre insignificantes delincuentes, entretanto los mayores golfos de la nación se escapan de rositas, excepcionalmente con penas ridículas, y, por si fuera poco, ni siquiera suelen tener privación de libertad o prisión preventiva, a diferencia de cualquier otro delincuente que no pertenezca a la elite del poder económico o político.

A pie de calle, a nadie le cabe la menor duda de que quien usa su posición política o económica para delinquir —un ministro, un miembro de la casa real, un político, un miembro de la Administración, un banquero, etcétera—, no solamente comete el delito en sí mismo, sino que además debería imputársele el de traición. Sin embargo, además de que es contranatural que no suceda esto, se empeñan los jueces y fiscales en proporcionarles tratos de privilegio, evitarles imputaciones incluso, impedir su prisión preventiva, y hasta les benefician con ciertas ingenierías legales a cargo del propio Estado para que sus condenas —si llegaran a producirse— sean tales que ni siquiera tengan que ingresar en prisión, quedándose con el objeto de su latrocino o no teniendo que devolverlo. Casos sobran, y todos los días los tenemos en los telediarios.

En este sentido, son numerosos los casos en los que los delincuentes condenados cumplieron sus penas —extraordinariamente benevolentes conforme al dolo causado—, salieron de la cárcel y, tan ricamente, no han tenido que devolver aquellos dineros supuestamente robados. Se me ocurre, así a botepronto, el caso de Roldán, que se apropió de algunos miles de millones de pesetas, o el de Mario Conde, al que acusaron de otro tanto. No obstante, los casos son cientos, miles quizás. Una condición inexcusable para su libertad, debiera ser la devolución íntegra de lo robado, además del abono de las multas correspondientes para equilibrar el dolo causado; pero no, que se queden con la pasta, que paga Juan Pueblo, que es imbécil. Mismos hurtos y aún mayores que hoy ocurren a todas horas y todos los ámbitos de la política, tal y como es el caso del escándalo de Mallorca y el señor Jaume Matas, y con todo ese asunto de la Gürtel —que digo yo que alguien del PP debería haberse corrompido para que los corruptos hubieran podido delinquir, pero no hay nadie en la cárcel—, en el asunto de los EREs de Andalucía —que alguien de mucho poder debería estar mezclado para que se “despistaran” una burrada de millones como para que no haya responsabilidad nada más que a un nivel muy de medio pelo, como un chófer—, y los otros miles de casos en candelero.

Mención aparte merece el caso Urdangarín y su socia en la empresa, la princesa. Vale decir que los medios, junto con la fiscalía, se han empeñado en una campaña de exoneración previa —no sé si técnicamente se dice que aplicándola la eximente completa—, de modo que tratan de hacer ver a la población que no hay pruebas suficientes que la imputen. Miren ustedes, en nuestro país, y supongo que en todo el mundo Tierra, cuando una empresa cualquiera es imputada de un delito de estafa, “todos” los socios de la misma, sin excepción, son imputados también de forma mecánica. Luego, en el proceso, se verá si son culpables o no. Sin embargo, en este caso por lo que se ve se parte ya de inocencias impolutas previas, ya se puede suponer por qué, lo mismo que suponemos los porqués de que a Urdangarín le haya salido un contrato en Catar, una monarquía absolutista del medievo contemporáneo que no tiene tratado de extradición con España. Tampoco le iba a ser necesario, palabra. Como que hay Dios, que salen más inocentes que mamones.

Y mención aparte también merecen las llamadas Preferentes, merced a las cuales, la Banca, y en su nombre empleados y directores muy concretos con nombres y apellidos, estafaron a los ciudadanos miles de millones con la más absoluta impunidad, cuando a un delincuente que asalta una sucursal, por lo pronto, por mucho menos le cae prisión preventiva, y, a continuación, una condena de aquellas de decenas de años. Empero, si el atraco lo perpetra el banco, como hemos visto aprovechándose de ancianos, personas de bajo perfil cultural, niños o incluso hasta analfabetos que firmaban con la huella digital porque no sabían siquiera firmar, no solamente no les pasa nada, sino que además los ciudadanos tenemos que rescatarles, a quienes les estafaron les ofrece el Estado —¡hay que joderse!— la oportunidad de que para evitar la “quita” del 100% del capital que les robaron los bancos, acepten una “quita” del 70% promedio como robo de buena voluntad, y la Justicia… de vacaciones. ¡Menudo asco!.

Fiat iustitia et ruat caelum —Hágase justicia aunque se caiga el cielo—, decían ya los romanos por boca de Terencio. Pero aquí, en España, queda claro que los fiscales y los jueces le han dicho al cielo: “¿A que no tienes cojones de caerte?” Y tal que así, protegen a los banqueros con sus estafas preferentes, a los delincuentes de cuello blanco reales con recursos de exoneración, a los delincuentes de cuello blanco de la política con no dictarles autos de prisión preventiva —caso Bárcenas, verbigratia—, a los delincuentes de la política no obligándoles a que devuelvan íntegramente el dinero robado, a los delincuentes de la política no persiguiéndoles por sus manipulaciones, a los delincuentes de la política por hacer leyes autoeximentes o de autoblindaje, a los delincuentes de la política no dictándoles prisión preventiva, y a los delincuentes de los poderes no ingresándolos en la cárcel ni siquiera cuando hay condenas firmes, etcétera. Sin embargo, sí que actúa de oficio y con una diligencia en plan Speedy González para protegerlos, a menudo de forma tan torticera como escandalosa. La ciudadanía está harta de políticos, fiscales y jueces, saturada de esta golfería institucional y este latrocinio en que los delincuentes de cuello blanco gozan de la más absoluta impunidad y son libres de saquear España como mejor les apetezca.

Apenas se han reflejado aquí unos pocos casos de los miles que nos abruman y asquean, pero el mismo país está podrido hasta la médula mientras los delincuentes de cuello blanco, o no son procesados siquiera, o salen impunes, y entretanto se van del país a pasear, a… trabajar (¿), esquiar y lo que sea que les dé la gana, burlándose de la población con este cachondeo que se traen con sus “Vengo a demostrar mi inocencia” y tonterías por el estilo. Obviamente, la información que tienen estos delincuentes llega tan alto que, o efectivamente se cae el cielo, o aquí no será condenado jamás ninguno de todos estos delincuentes, y si lo hiciera, sería de forma testimonial. “Se quiere atacar a la Corona”, “Se quiere atacar a Cataluña”, “Hay un complot contra el PP”, “Hay un complot contra el PSOE“, etcétera, dicen estos sinvergüenzas, cerrando filas en torno al delincuente pillado con las manos en la masa, por si acaso se va de la húmeda.

El poder político, por vía del infumable Gallardón y su consustancial prepotencia, ha tratado de evitar por todos medios artimañeros al alcance de su sinrazón el acceso de los ciudadanos a la Justicia, imponiéndoles tasas que impedían tácitamente que ocho de cada diez ciudadanos pudieran hacerlo, lo que representaba ni más ni menos que la Justicia quedaba en las exclusivas manos de la elite, como una propiedad particular o algo así. Ahora, se ha inventado la gilipollez esta de que un juez pueda ordenar que un político imputado sea apartado de su actividad, lo que supone de facto que los jueces de un partido podrían inhabilitar a los políticos de su oposición, aún con procesos dudosos o armados ad hoc —o a “la coz”—, abriéndose una previsible etapa de “captación de jueces” por parte de los partidos para montársela a base de bien. La manipulación de la Justicia por parte de la política es tan hedionda, que los ciudadanos estamos quemados. Sabemos a ciencia cierta que, así las cosas, no tenemos ni una sola oportunidad de que realmente se haga Justicia en España, al menos con los del cuello blanco de la política y la economía.

Personalmente, como he vivido la dictadura y vivo la democracia esta de pinpón que se han montado los listos, puedo asegurar que no hay diferencias notables entre el ahora y el entonces, a no ser que cuando Franco robaban pocos porque mandaban pocos, y que ahora, que hay más generales que soldados, esto es un latrocinio insoportable porque son demasiados robando a destajo. Nada raro si consideramos que en buena medida han sido y son los mismos, por lo que ya se sabe que la cabra tira al monte o, como dijo el escorpión: “Está en mi naturaleza”. Tan es como digo, que aunque parezca mentira, no hace falta escarbar demasiado para averiguar que muchas de sus actuales señorías suyas —con más de 37 años de mamar como mamones feroces de la teta patria— tiene un brillante pasado en la OJE, en la Falange o en partidos y grupos de la muy extrema derecha, aquella misma de cuando el dictador y tal, e incluso de cuando como voluntarios decían aquello “Todos los días un rojo, por lo menos. ¿Has matado a tu rojo de hoy?”, y hasta lo ponían algunos en práctica aporreando contestatarios ante la inacción de la misma Policía. Benditas las ramas…, ya se sabe.

Cuando gobernaba Felipe González, los escándalos multimillonarios eran tan frecuentes, que nos parecía vivir con los dedos metidos en el enchufe; pero ahora, que hemos progresado y ya saben de su absoluta impunidad, vivimos sentados en la silla eléctrica… ¡funcionando! Los aquelarres de la manguncia se suceden sin colmo ni tasa, cada día nos aburren hasta las lágrimas los medios con más robos multimillonaros de esos golfantes de cuello blanco, nos fríen las meninges desde la televisión con la cosa de que este partido y el otro se financian ilícitamente —¿será por eso que el PP no denuncia a quien le tiene contra las cuerdas, porque quizás tiene pruebas que lo incriminan en semejante delito?—, etcétera, ¿y de qué han servido o qué ha pasado?… ¡Nada, nada, nada! Ahí los tienen a los mismos choris, insultándonos en nuestra propia cara con que son honestos, diciéndonos además lo que tenemos que hacer y tratando de quitarnos la paja del ojo cuando tienen vigas como las del Golden Gate en los suyos. Ya hace falta ser sinvergüenzas, o tener la cosmética Portland como su maquillaje de consumo diario.

Mientras no se caiga el cielo sobre este país, no habrá Dios que lo arregle, no importa quién lo gobierne o qué partido esté en el poder. Y ese es un trabajo de los jueces y los fiscales. En vez de ver quién es el delincuente y tratarle en consecuencia a su poder —en la facultad de Derecho se dice que “Todos son iguales ante la ley… dentro de su igualdad”, que ya hay que ser golfillos—, deberían taparse los ojos y aplicar el justísimo principio de proporcionalidad. Si alguien que se encontró unas tarjetas de crédito y las usó indebidamente en una cantidad 200 euros, fue condenada a tres años de cárcel y una multa de cinco veces el valor de lo gastado y devuelto, a quien ha robado un millón, por ejemplo, le deben salir un mínimo de 500 años y una multa de 5 millones de euros. A este sí que hay que aplicarle prisión preventiva sistemática y de urgencia sin fianza nada más ser imputado, y, además, no debe salir de la cárcel mientras no devuelva íntegramente lo robado y abone la multa impuesta. Lo que es igual no es trampa. Lo que no es igual, sí que lo es. Trampa, trampa y trampa, y no importa qué artificios se blandan para justificar lo injustificable. De otro modo, estamos bajo el poder de la delincuencia.