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Etiquetas:   Internacional   Paraguay   -   Sección:   Opinión

Indigenismo, medios masivos y sentencias de la CIDH

En el Paraguay las sentencias de la Corte Interamericana solo se cumplen si pueden acomodarse para hacer millones de dólares a las inmobiliarias
Luis Agüero Wagner
@Dreyfusard
martes, 26 de marzo de 2013, 09:56 h (CET)
Un filósofo contemporáneo dijo que los medios son un espejo donde se refleja toda la miseria de nuestro sistema cultural, y podría haber usado como ejemplo algunos de los que el Paraguay padece. Las omisiones, la contextualización, el énfasis, la matización y el tono con que presentan sus noticias cada vez representan de manera más fidedigna al inculto y reaccionario empresariado que gana dinero y defiende sus negociados con ellos.

Esta semana una delegación del gobierno paraguayo que encabeza el presidente Federico Franco, fue enviada a visitar la comunidad indígena Sawhoyamaxa, en un recóndito paraje del Chaco paraguayo. Los delegados tenían la misión de usar el diálogo para solucionar el drama de los nativos a quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos restituyó sus tierras, en una sentencia de marzo del año 2006, aún incumplida.

Se ignora el motivo por el cual durante los cuatro años que duró el paso por la presidencia de Fernando Lugo, y por el INDI de Oscar Ayala, ninguno de los dos hizo absolutamente nada por estos nativos, aunque debe reconocerse que se esmeraron en cumplir otras sentencias similares, pero inflando los precios de las hectáreas.

A propósito de cumplimiento de sentencias de la CIDH: Oscar Ayala, director del INDI en la era del impoluto referente moral Fernando Lugo, ha sabido ocultar a la prensa amiga documentos como el de fecha 13 de Diciembre de 2011, por el cual autorizó la compra de tierras a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa y Kelyenmagategma.

Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había tasado las tierras en un precio de 2.190.000 guaranís por hectárea, Ayala se basó en una “recomendación” que arrancó a la Procuraduría para subir el precio a 2.847.000 guaranís por Hectárea. Así la suma desembolsada por el estado subió de 22.584.594.000 a 35.053.972.200 guaranís, que multiplicado por decenas de miles de hectáreas, dejó una diferencia de unos tres millones de dólares nunca explicada.

A prima facies no puede considerarse aceptable que una sentencia de una corte internacional haya sido usada para sobre facturar tres millones de dólares, la más elemental lógica nos dice que no puede ser usada para encubrir tamaña distracción de fondos públicos. Cae de maduro que importantes empresarios vinculados a los medios y al negocio inmobiliario se encuentran involucrados en estos chanchullos, de lo contrario no se hubiera tendido un manto de silencio tan llamativo sobre tamaña sobre facturación, ni se hubieran buscado con tanto afán desviar estos temas hacia otros culpables.

Este silencio tema evidencia una diferenciación de criterios para tratar temas relacionados a la problemática indígena, sobre todo si hay negocios inmobiliarios de por medio. Por otro lado, en Paraguay se sabe que no se puede tomar en serio al diario ABC color, del empresario Aldo Zucolillo, sobre todo cuando es el único que insiste con un tema de manera obsesiva, pretendiendo instalarlo a como dé lugar.

La eficaz metodología de ABC color para instalar temas en la agenda mediática y política del país es conocida. Primero una denuncia con fotos y documentos fuera de contexto en tapa, sin escatimar exageraciones ni tamaño de la tipografía. Luego un desfile de opiniones de personajes ávidos de destaque en sus páginas, y que su redacción tiene en lista, para reforzar las denuncias dictadas por el director de acuerdo a sus intereses empresariales.

Los más disponibles para tal efecto son los personeros de las ONG, que se autodenominan pomposamente “la sociedad civil”, aunque por lo general sus actividades no salen jamás de la penumbra y nadie los eligió como representantes. Su principal ocupación es pintar un cuadro catastrófico de la realidad social paraguaya, en su afán por atraer ayuda internacional en metálico, que invariablemente termina invertido en sus asuntos particulares.

Cuando el tema ha madurado, por lo general también presentan la opinión de un funcionario o político afín al medio, preferentemente en el freezer, y necesitado de prensa. Aunque la lista en este caso es menos extensa, ABC color se las arregla para rotar a sus figuras de tal suerte que la maniobra pase lo más desapercibida posible.

El último paso de la serie es ejercer presión sobre fiscales que son forzados a tomar el caso. Para ello los periodistas invaden los pasillos del ministerio público induciéndolos a cumplir con los designios del director del medio. Hay que aclarar que a estos fiscales le importa muy poco lo que digan las leyes, aunque algunos suelen conocerlas, dado que su deseo de complacer a Zucolillo y “llevarse bien” con ABC color supera con creces su apego a la justicia. Lo único que se busca es que al final de todo este orquestaje, que a lo largo de décadas Zucolillo ha reproducido infinidad de veces con sorprendente éxito, es que sea destituido el funcionario que dificulta algún negocio inmobiliario o de cualquier otra índole que en ese momento tenga en agenda el director-propietario.

Su optimismo le convenció que su técnica le serviría para siempre, y que con ella se burlaría de la opinión pública toda la vida. Recientemente intentó aplicar su infalible técnica con Rubén Quesnel, actual director del INDI, contra quien estrelló sus hordas, la mayoría miembros de ONG que le rinden tributo. Sin embargo, razones biológicas y ciclos cumplidos han demostrado en los últimos tiempos que esta secuencia de hechos sucesivos ha empezado a mostrar desajustes en su funcionamiento. Es que corren los tiempos del periodismo digital y en tiempo real, que va dejando atrás al papel y las cargas de tinta abusivas, una variante de las distintas formas de dictadura, estilo de gobierno que muchos propietarios de medios añoran.

Dijo Oscar Wilde que una sociedad se embrutece más con el empleo habitual de los castigos que con la repetición de los delitos. Tal vez sea una de las causas por las cuales se ha embrutecido tanto la sociedad paraguaya, donde el castigo inducido por la prensa hegemónica se ha impuesto con más frecuencia a los inocentes que a los pecadores, y se ha repetido en mayor número que los mismos delitos. De la inteligencia y el coraje de los líderes políticos que estén al día, y enterados en qué mundo hoy vivimos, depende que se ponga fin a esta oprobiosa situación que vive desde hace ya mucho tiempo la sociedad paraguaya.
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