Nadie podía pedir que una señora cuyo único currículo, para aspirar a la alcaldía de la ciudad de Barcelona, consistía en una larga lista de actuaciones en contra de la ejecución de hipotecas ordenadas por la Justicia; en obstaculizar la función de los encargados de llevar a cabo su ejecución y en declararse objetora de todas las leyes del Estado si a ella, autoproclamada juez y parte de lo que ocurriera en Barcelona, no estaba de acuerdo con ellas. La señora Ada Colau ha sido la muestra de lo que sucede cuando un pueblo entero cae en el cepo de la izquierda, se deja arrastrar por los cantos de sirena de aquellos que siguen defendiendo la revolución como la forma más rápida para poder alcanzar el poder, sin tener en cuenta que, lo primero que hace falta para poder gestionar un cargo público, es tener la preparación necesaria para dirigir una organización que precisa de algo más que de una alcaldesa experta en esquivar las leyes, sin estudios adecuados para enfrentarse a los enormes problemas que se generan a diario en una gran urbe y que, por si fuera poco, con ideas antisistema y temerarias en cuanto a sus obligaciones como funcionaria pública que tiene la obligación de acatar, por encima de sus sentimientos e ideas personales, las reglas que se ha obligado a cumplir, desde el mismo momento que accede al cargo de alcaldesa y, en consecuencia, recibe la compensación económica adecuada a la responsabilidad que se le ha confiado.

Lo que más puede asombrar en el caso de esta señora, a todas vistas incompetente para asumir una labor tan complicada como es dirigir la alcaldía de la ciudad de Barcelona, no es tanto su audacia, falta de auto crítica, descaro, insolencia y desvergüenza al atreverse a presentarse, con tan poco bagaje intelectual, para ocupar un puesto que evidentemente no podía merecer; como también el comportamiento de los ciudadanos y de algunos políticos que, conociendo el paño, por motivos estrictamente políticos y ante el dilema de tener que elegir con una alternativa que seguramente hubiera significado entregar la capital de Cataluña a los independentistas, representados por el señor Maragall, un ejemplo viviente de uno de los iluminados catalanistas que sólo pensaba en “rescatar” Barcelona de las manos del Estado español, costase lo que costase y cayese quien cayese; no encontraron otra alternativa que apoyar a la comunista para la alcaldía aunque ello significase que, por segunda vez y por un plazo de cuatro años, la ciudad de Barcelona iba a quedar en manos de una persona de ideas absurdas, protectora de los manteros, defensora de atraer la inmigración aunque luego, a la hora de la verdad, resultara que no dispone de medios ni dependencias para poder alojarlos y, en el caso de los menores, cuando cumplen los 18 años ya no pueden ser atendidos en los centros de acogida y se les envía a la calle aunque no tengan oficio ni beneficio lo que, como era de esperar, ya ha producido varios casos en los que estos jóvenes, convertidos en delincuentes, se han dedicado a robar y atracar por las calles de la ciudad.

Sólo si contemplamos la tendencia, tan evidente, hacia la izquierda que siempre ha caracterizado a una gran parte de los catalanes y su extremado sentimiento soberanista, se puede entender que se le diera poder a la señora Colau, en una primera y, ahora, una segunda vez. Una señora cuyo único mérito ha sido comportarse como una verdadera comunista bolivariana, actuando de acuerdo con los principios del anarquismo más extremo y las formas de una dictadora sin contemplaciones. Su primera actuación y, sin duda alguna, su mayor error, fue promulgar una moratoria que impedía la puesta en marcha de establecimientos relacionados con el turismo, amén de poner en práctica una serie de medidas. todas ellas encaminadas a poner obstáculos a la principal riqueza de la ciudad, los turistas. Como no podía ser de otra manera, por aquellos tiempos ya dejamos constancia escrita de que una actuación semejante, hecha sin un estudio previo, sin contemplar los derechos de quienes tenían proyectos turísticos en marcha y de quienes tenían millonarias inversiones en ellos, tenía todos los números para ser protestada y puesta en tela de juicio por todos aquellos que, directa o indirectamente, se vieran perjudicados por la cacicada de la señora alcaldesa. Efectivamente, como era de esperar, se recurrieron aquellas decisiones municipales y, la justicia, que es lenta pero implacable, aunque ha tardado en dictar las correspondientes sentencias, lo cierto es que, como un goteo incesante van saliendo de los tribunales competentes, sentencias que van coincidiendo en darles la razón a los demandantes y en condenar a la administración municipal por haberse extralimitado en sus actuaciones y por el perjuicio económico que sus restricciones y retrasos han venido causando a todos aquellos que tuvieron que sufrir los efectos nefastos de aquella moratoria. La última la ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha anulado íntegramente el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) de Barcelona. Este fallo, se suma a sentencias anteriores que anulaban, exclusivamente, el artículo 15.4 del Peuat, que regulaba limitaciones en establecimientos ya existentes con anterioridad a la moratoria. Como es evidente, esta nueva sentencia abrirá las puertas a todas aquellos nuevos proyectos que se presenten a partir de ahora, en Barcelona, para la implantación de nuevos establecimientos turísticos y reforzarán las otras demandas pendientes de sentencias, en las que se den los mismos condicionamientos contemplados en aquella que ha declarado ilegal el TSJB. Es obvio que ello va a suponer que va a ser necesario un nuevo planteamiento del actual Peuat por parte del Gobierno municipal de la capital catalana.

Una cadena de errores cuyas consecuencias ya se estaban viendo venir pero que, debido a la lentitud con la que actúa la Justicia española, han tardado en recibir el correctivo de los tribunales que van poniendo en su sitio a cada cual y que podrían dar lugar a que se le presentaran, al municipio de la Ciudad Condal, nuevos pleitos en demanda de indemnizaciones millonarias por los perjuicios causados a las empresas reclamante debidos a la actuación, irresponsable del ayuntamiento presidido por la señora Colau. Lo verdaderamente lamentable de todo este asunto, no es solamente los retrasos que hayan podido tener los empresarios que fueron perjudicados por la mencionada moratoria; lo que de verdad clama al Cielo es que, en definitiva, todo lo que el Ayuntamiento deba pagar debido a su fallo garrafal, vamos a ser los ciudadanos de Barcelona los que, ya sea con más impuestos, ya con tasas especiales o recargos en los impuestos municipales, vamos a tener que pagar la incompetencia de la señora Ada Cola, nueva alcaldesa, por reelección, de Barcelona.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vamos viendo como en aquellos lugares donde, hasta ahora, han venido gobernando las izquierdas o los independentistas, los resultados de su gestión han demostrado su evidente desacierto; sus impulsos basados en ideas obsoletas de gestión comunista; su desconocimiento absoluto de las leyes económicas y su arbitrariedad en la toma de decisiones basadas en sus ideales igualitarios o su fobia por el capitalismo que, naturalmente, redundan en su pretendida idea de que todos somos iguales desconociendo los factores físicos y morales que nos hacen tan distintos los unos a los otros. Basta ver la calidad de vida de los ciudadanos de naciones que viven en estados donde rigen políticas que fomentan la iniciativa particular, que se rigen por las leyes de la oferta y la demanda y no por el intervencionismo estatal y donde las libertades permiten que cada ciudadanos elija libremente, sin necesidad de la aprobación del Estado, el modo de vida que desea escoger para el futuro que se ha planteado. El peligro es que, en España, han vencido las izquierdas que dominan en las dos cámaras de representación ciudadana y municipal, y los que van a gobernar son los que defienden las política intervencionistas de izquierdas, las limitaciones del derecho de propiedad, la economía dirigida y la abolición de todo lo que tuviera relación con el capitalismo. En todo caso vamos a tener lo que nos merecemos, porque quienes han votado lo han hecho libremente y nadie les ha forzado a elegir a las izquierdas en lugar de las derechas. Puede que fuera necesario que España pasara por la prueba del algodón que, en este caso, consistiría en cuatro años de purgatorio de izquierdas para que, como ha venido sucediendo a lo largo de la Historia, los ciudadanos se den cuenta de que lo de la igualdad solo son cuentos inventados por quienes lo que buscan siempre es instalarse en el poder para, aprovechando la ocasión, enriquecerse. La comunista señora Colau, ya ha dado ejemplo aumentándose el sueldo 900 euros mensuales, excusándose en la carga de trabajo que se ve obligada a asumir ¡Pues nadie le obliga a permanecer en su puesto y, si tanto le agobia, lo oportuno sería que volviera a su antigua actividad de enfrentarse a estos mismos policías que ahora están bajo su mando y que, antes, la arrastraban por las calles de Barcelona! ¡No caerá esta breva!