Es posible que haya quien siga pensando que, en España, somos una democracia representativa que dispone de una forma efectiva de recoger la voluntad del pueblo y plasmarla directamente en los servidores públicos que hayan obtenido el mayor número de votos, para que sean ellos los que vayan ocupando los cargos políticos, de las distintas instituciones del Estado, que quedan pendientes de cubrir en virtud de la renovación exigida, cada periodo determinado de años, por las leyes del Estado. Esto parece que sería lo adecuado, lo verdaderamente democrático y lo que respetara, de una manera más fiel, la voluntad de las mayorías resultantes de la suma de los votos depositados, por la ciudadanía, en la totalidad de las urnas de cada distrito electoral.

Evidentemente, la Ley D’Hont , que es la que se ha convertido en endémica para cada una de las votaciones que se celebran en nuestra nación, tiene efectos distorsionadores en cuanto a la distribución de los votos entre los distintos partidos que se disputan el poder en cada circunscripción electoral. Una ley que facilita la atomización de los votos, da poder a minorías no representativas, perjudica a aquellos partidos que han conseguido mayor número de votantes y da lugar a que, cuando llega el momento de gobernar un ayuntamiento, una comunidad, una autonomía o el mismo gobierno de una nación, pueda darse el caso absurdo de que, aquella formación política que ha conseguido el mayor número de votantes a su favor, pueda quedar apartada o excluida de ocupar aquellos cargos que, legítimamente, se hubiera ganado; debido a lo que se podría considerar como un contubernio de varios partidos, incluso sin ningún tipo de similitud en cuanto a sus ideales políticos, proyectos de gobierno, consideraciones morales o éticas o sistemas de Estado ( comunistas, capitalistas, liberales, ácratas etc.) que se confabularan para hacerse con el poder, uniendo sus escaños en contra de quienes hubieran sido más votados si, entre todos, consiguieran que su representación en las instituciones de las que se tratare, superaran a los de la agrupación ganadora.

El espectáculo denigrante, desconcertante, decepcionante y mercantilista que los ciudadanos españoles hemos tenido que presenciar durante las últimas semanas, sólo se puede calificar como vergonzoso y, la serie de concesiones, cesiones, combinaciones y postureos que los políticos encargados de negociar a quién apoyaban, lo que sacaban por apoyar a un partido determinado o cómo se las arreglaban para disimular el apoyo a un determinado partido al que habían jurado que nunca lo harían; se ha convertido en el hazmerreír de cualquiera que, desde un punto de vista objetivo, razonable e imparcial, pudiera contemplar el mercadeo que ha tenido lugar para repartirse influencias, alcaldías, presidencias, diputaciones y cualquier poltrona disponible de las que se ponían en juego en toda la superficie del Estado español.

Mucho nos tememos que el remedio que muchos han querido favorecer para evitar lo que ha venido siendo bipartidismo ( PSOE y PP) durante la mayoría de años, no ha conseguido los efectos que algunos se proponían obtener y, por el contrario, ha dado lugar a que, la multitud de partidos políticos que viene concurriendo en cada convocatoria de elecciones, provoque una dispersión del voto, que sólo sirve para que los votos de los que no alcanzan el mínimo requerido para entrar en el reparto, se pierdan, juntamente con los nulos y las papeletas en blanco y, lo único a que contribuyen es a aumentar o disminuir la llamada “barrera electoral”. Está visto que, como está ocurriendo en nuestra nación, estas minorías que se benefician de los escaños de que disponen para poder alterar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, vienen constituyendo en grave problema a la hora de gobernar y tienen posibilidades de obstaculizar el funcionamiento del país entero si, como sucede en Cataluña y, en parte, en el País Vasco, tiene posibilidades de chantajear al gobierno legítimo de la nación con pretensiones que, en la mayoría de los casos, no son atendibles, no están dentro de las facultades de los gobernantes o, en sí mismas, son constitutivas de delitos contra la propia soberanía del país.

Sólo la estulticia de nuestros gobernantes, la perenne preocupación por mantener el número de votos para seguir gobernando, la poca preocupación que los dirigentes, tanto de derechas como de izquierdas, han venido demostrando en procurar mejorar las instituciones del país, optimizar la comunicación entre las bases y sus representantes, actualizar y agilizar los medios por los que los ciudadanos pueden influir, con más eficacia, en el nombramiento de sus representantes encargados de la gestión de los intereses nacionales y la forma más efectiva de poder demandarles explicaciones cuando se desmarcan de sus propuestas electorales para emprender caminos tortuosos o concertar alianzas con otros partidos, cuyos intereses o ideales nada tienen que ver con los propios de la formación de la que se trata.

Nos cuesta entender que, después de los fracasos a los que nos ha conducido el actual sistema electoral vigente en nuestra nación, ninguno de los partidos que han pasado por el Gobierno, haya propuesto la reforma de la ley para adaptarla, como ya han hecho en otros países vecinos al nuestro, a un sistema más racional, más representativo, más justo y, por supuesto, mucho más clarificador y práctico por lo que supone la eliminación, en una segunda vuelta, del cúmulo de pequeñas facciones, escasamente representativas que, como ocurre en Francia, se ven obligadas a apoyar a los dos partidos más votados en la primera vuelta que, en definitiva, son los que se disputan, en última instancia, la presidencia de la república o la del gobierno según sean los comicios que se estén celebrando. Un método, a todas luces más eficiente, razonable, limpio y de acuerdo con quienes votaron a aquellos que más apoyo obtuvieron en la primera vuelta que, en una segunda vuelta, tienen la ocasión de decidir cuál de las dos opciones prefieren.

Los españoles nos preguntamos si, en España, existen opciones políticas privilegiadas, bendecidas por la Constitución, intocables o especialmente favorecidas por ser de una tendencia determinada (comunistas, socialistas, separatistas etc.) que, hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, defiendan lo que defiendan o se expresen como les dé la gana; nadie pone en duda que, sus representantes, puedan figurar en puestos representativos en la Administración, municipios, diputaciones, autonomías o del mismo gobierno de la nación, sin que a nadie se le ocurra poner en cuestión el hecho de que puedan ser antimonárquicos, republicanos, contrarios a la propiedad privada o, incluso, antisistema o anarquistas contrarios a cualquier autoridad y defensores de la anarquía total. Incluso se acepta que, algunos funcionarios, como es el caso de Cataluña, utilicen fórmulas por las que evitan someterse a la Constitución o añaden coletillas en las que se desmiente que lo jurado lo vayan a seguir respetando en un futuro. Por el contrario, si se trata de partidos de centro, derechas o de otras derechas a las que, equivocadamente y con el sólo objeto de desprestigiarlas, perjudicarlas, infamarlas o negarles legitimidad, las califican de ultraderechas, por el mero hecho de defender ideas conservadoras, mantener la defensa de principios que durante siglos han estado vigentes en nuestra nación o criticar algunos aspectos de nuestra Constitución que se ha demostrado que han resultado especialmente inoportunos, dañinos y destructivos para la convivencia entre españoles u otras leyes que pretenden establecer normas discriminatorias entre hombres y mujeres dudosamente constitucionales o que defienden que la familia cristiana es la verdaderamente válida y que todo el resto de nuevos tipos de reciente invención no son más que fórmulas para intentar darles una pátina de legalidad a situaciones basadas, la mayoría de ellas, en otros ambientes espurios a los que se ha querido equiparar con la familia tradicional, pero que, en realidad, todas ellas, lo único que han hecho ha sido intentar remediar situaciones de hecho, en muchos casos jugando con anormalidades genéticas que, durante muchos siglos, fueron consideradas como antinaturales, proscritas y objeto de situaciones rechazadas socialmente.

Esta libertad de ideas, reconocidas por el derecho español, no debería ser objeto, como no lo es tener ideas republicanas, para que al partido que las defiende, siempre dentro del marco constitucional, se le pretenda excluir de los pactos pos electorales, se le califique de “extrema derecha” o se considere a los cientos de miles que los han votado como si fueran ciudadanos de segunda, contra los cuales el Estado debe mantener un especial rechazo o proscripción.

La Constitución debe ser igual para todos y defender con la misma intensidad a los que piensan como izquierdas y a los que lo hacen como derechas. Nos resulta imposible de admitir que, un partido como Ciudadanos, sea tan absurdamente maniqueo que siga considerando a los de VOX como un partido al que se le debe negar el pan y el agua. Sólo una postura inexplicable, cerril, intransigente e intolerante puede explicar que, en estos momentos en los que el futuro de España está, como nunca había estado, en peligro de caer en manos de una izquierda dispuesta a dejarse arrastrar a todas las trampas de los extremismos, sólo para poder seguir manteniéndose en el poder, amenazando la recuperación de nuestra nación; se puede entender que, Rivera y sus seguidores, se mantengan en la idea de que todo pacto con VOX debe ser rechazado, con lo cual han favorecido que muchas de las ciudades de la geografía española hayan ido a para a manos de los socialistas, de los comunistas o de los separatistas. ¿Qué provecho piensan sacar de ello? Puede que ellos lo sepan, pero nuestra manera de pensar nos lleva a la conclusión de que, tarde o temprano, la volatilidad y la inmadurez de Albert Rivera, les va a llevar a un callejón sin salida en el que probablemente se van a quedar encajonados.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos el convencimiento de que, en manos de una izquierda inclinada peligrosamente al extremismo y con un sistema electoral como el que tenemos en la actualidad, las posibilidades de que España recupere la sensatez, sus ciudadanos sean capaces de darse cuenta de que han caído en la trampa de quienes lo único que intentan es llevarnos, una vez más, a las viejas ideas del comunismo bolchevique que actualmente siguen vigentes en Venezuela apoyadas, por cierto, por el verdadero causante de que en España nos encontremos en este laberinto en el que estamos instalados, el señor Rodríguez Zapatero, un sujeto peligroso que no se ha resignado a dejar de hacernos daño a los españoles.