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Opinión
Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   Política   Pedro Sánchez  

Hay que dejar que Sánchez se cueza en su salsa

“Calificando la política republicana de izquierdas: política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta; una y otra vez trata a los políticos que le rodean de obtusos, loquinarios, botarates, gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta, insufrible por su inepcia, injusticia, mezquindad y tontería” Manuel Azaña
Miguel Massanet
sábado, 1 de junio de 2019, 10:12 h (CET)

Sin duda alguna hemos entrado en una fase de la vida política en la que el respeto por las leyes, la tergiversación de la verdad, el ataque sin cuartel a lo que queda del centro derecha, la descalificación injustificada de partidos defensores de ideas conservadoras que, en la actualidad, una parte importante de las ciudadanía española considera incompatibles con los conceptos de lo “políticamente correcto”, debido a la idea de que, el simple ataque a algunos puntos de la Constitución ya significa su incumplimiento mientras que, aquellos que actúan directamente contra ella, los que pretenden violar sus preceptos y los que se niegan a acatarla son considerados, a todos los efectos, grupos a los que se debe respetar porque, como ocurre en los sucesores de la banda criminal ETA, BILDU, hubieran dejado de matar ( después de que fueron derrotados por el Estado y sus fuerzas de seguridad) para instalarse en las instituciones, ahora reciban las subvenciones del Estado y, desde sus respectivos cargos, sigan trabajando para conseguir los mismos objetivos que la desaparecida banda buscaba; sólo que, en este caso, lo hacen con el beneplácito de los que presumen de ser demócratas y respetuosos con la Carta Magna. Para ellos, el separatismo catalán y vasco, verdadero peligro para la unidad de nuestra nación y artífices de una verdadera batalla contra el Estado de derecho, no son peores que la ultraderecha, que por mucho que se intente marginarla de la política española, excluyéndola, todavía nadie la ha podido acusar de vulnerar ni un solo artículo de nuestra Constitución, sean cuales sean sus ideas, objetivos o declaraciones que, por venir de la derecha ya son satanizadas por las izquierdas, aunque no constituyen ningún peligro para España si, quienes las sostengan, espetan el camino constitucional para intentar llevarlas a la práctica.


Es curioso cómo, entre los que defienden la superioridad moral de las izquierdas, algo que se ha demostrado ser falso desde que, para hacerse con el poder, no han dudado en mentir, contar falsedades, calumniar, engañar con falsas promesas a los ciudadanos y, para rematar la jugada, recurriendo a, en pleno periodo de gobierno interino, ir promulgando decretos leyes con los que compraron el voto de aquellos ciudadanos que vieron, en alguno de ellos, el cumplimiento de sus propias aspiraciones. Para ello tuvieron la inestimable colaboración de la mayoría de medios de comunicación que, tanto en zonas independentistas como en el resto de España, disponían de una eficiente quinta columna de periodistas, infiltrados, dispuestos a hacer valer su pretendida superioridad ética y moral desde su puestos en los medios de comunicación, para vender una imagen falsa de sus oponentes de la derecha cuando, la realidad, lo que verdaderamente ocurrió y parece que ya nadie lo recuerda es que, a finales del 2011, esta nación, dirigida por el inepto de Zapatero, estuviera a punto, con la colaboración de un gobierno tan inepto como él, mediante una serie de errores garrafales de su gestión y de su desconocimiento de lo que necesitaba un país, como el nuestro, afectado por una grave crisis, para poder intentar superarla sin caer, necesariamente, en la quiebra soberana. Tuvo que ser el PP quien tomara las medidas desagradables, poco populares, extremas en algunos casos y difíciles de aceptar por un pueblo que veía como se perdían los puestos de trabajo, se desmoronaban sus esperanzas y, por si fuera poco, tuvo que apretarse el cinturón para, con el esfuerzos de todos, evitar lo peor: tener que ser rescatados como, por cierto, les ocurrió a los griegos que pagaron muy caro, y siguen pagándolo, el haber optado por escuchar los cantos de sirena del comunista, señor Tsipras, que les hizo creer, junto a su amigo, el economista Varoufakis, que se podrían enfrentar a Europa y salir bien parados de tal enfrentamiento. Fracasaron estrepitosamente y, finalmente, tuvieron que someterse al control de la CE, renunciando a sus “delirios de grandeza”. Hoy en día, el señor Tsipras está completamente desacreditado, en horas bajas y sus posibilidades de éxito en las elecciones próximas parece que son casi nulas.


Sin embargo, por increíble que pueda parecer, España ha vuelto a las andadas colocándose en una situación que, a muchos, recuerda aquellos años anteriores a la Guerra Civil, con los sucesivos gobiernos republicanos que se sucedieron en el poder hasta que, ya próximos al colapso, en febrero de 1936, España se entregó al famoso Frente Popular que tan amargos resultados y tanto número de víctimas propició hasta que se produjo el levantamiento del 18 de julio. Es evidente que no se han reproducido aquellos lamentables sucesos de crímenes callejeros, incendio de iglesias y conventos, asaltos, patrullas de la CNT y la FAI dedicadas a robar, asesinar, torturar y trasladar a ciudadanos inocentes, por el mero hecho de ser personas ricas, profesionales liberales, directores de empresas o, simplemente, por ser católicos en un tiempo en el que pertenecer a la Iglesia ya era de por sí un motivo para ser asesinado.


Por mucho que nos lamentemos de ello es evidente que, separatistas y comunistas, han conseguido crear una situación que amenaza con prorrogarse, por lo menos, durante los cuatro años en los que los socialistas estén instalados en el poder; con el preocupante añadido de que, tal y como pintan las cosas, no sería raro que para gobernar durante todo este tiempo, tengan que recurrir a compañeros de viaje de la extrema izquierda que, con sus patéticas y obsoletas ideas proletarias cercanas al totalitarismo soviético, sean capaces de lograr que, todo lo que se haya conseguido en España durante el tiempo que llevamos de democracia, dentro de un par de años, cuando la inercia de del anterior gobierno de centro-derecha se acabe y empiecen a tener efecto las reformas implantadas por el gobierno de Sánchez, que va a surgir del resultado de las pasadas elecciones, empiecen a afectar a la economía de la nación, una economía incapaz de resistir el incremento desproporcionado del gasto público, el consiguiente endeudamiento y el aumento de nuestro déficit público, todo ello como consecuencia de una política de estatalización económica, que desanime a emprendedores y capitalistas que tuvieran intención de invertir, en una nación donde los impuestos y las cargas laborables hagan inviables, económicamente, a las empresas que, evidentemente, se van a encontrar en una situación de inferioridad respeto a las de la competencia a la hora de competir con ellas en precios, calidad y costes. Algo que ya se atisba en Cataluña y, especialmente, en Barcelona, gobernada por una alcaldesa comunista que ha hecho todo lo posible para erradicar el turismo y enfrentarse a los derechos de propiedad de los ciudadanos en cuanto a la libertad de disponer de las viviendas de su propiedad, aplicando sus facultades municipales para, sin cumplir con las requisitos legales exigidos, pretender chantajearles para que apliquen alquileres sociales, imponerles gravosos impuestos especiales si las mantienen vacías o amenazar, incluso, con su expropiación.


De hecho, desde que, el señor Pedro Sánchez lleva la batuta de la administración pública, el número de “funcionarios”, por calificarlos de alguna manera, empleados en empresas públicas, simplemente para pagar favores políticos y conservar votos, se ha elevado hasta llegar a cifras parecidas a aquellas que convirtieron a los países de detrás del “telón de acero” en naciones burocratizadas, de economías dirigidas fracasadas y habitadas por ciudadanos condenados a vivir en la pobreza, desprovistos de sus libertades y sujetos a la vigilancia del llamado “Estado protector”, algo que en la potente Rusia corrió a cargo de la KGB del señor Stalin.


Los que más se vienen alegrando del vuelco que la elecciones ha producido en el mapa político español, sin duda alguna, son los separatistas que se han librado de que, sus enemigos más directos, los de las derechas, pudieran interferir en su plan de independizarse algo que, evidentemente, van a tener más sencillo si sólo se trata de llegar a acuerdos con el señor Sánchez que, como ha venido demostrando desde que asumió el control del PSOE y se hizo con el gobierno, a través de la moción de censura; está intentando por todos los medios, congraciarse con el separatismo catalán pese a que, de puertas para afuera, no le queda más remedio que intentar demostrar que nunca va a apoyar el independentismo pero, es obvio, que sigue con su plan de crear una España federal lo que permitiría, según cree él, satisfacer a los separatistas si se les asegurarse disponer de transferencias como la Justicia, la Hacienda y la enseñanza impartida, totalmente, en lengua catalana. Pese a que no lo ha admitido públicamente, no tenemos la más mínima duda de que, si ahora no puede intervenir para impedir que los encausados por el referéndum ilegal del 1.0, enjuiciados por el TS, pudieran ser condenados si el tribunal los declarase culpables de los cargos que pesan sobre ellos; no nos queda la menor duda de que, llegado el caso de que los acusados fueren condenados, el PSOE del señor Sánchez, por medio de la facultad del Gobierno para indultar, con el objetivo de conseguir el apoyo de los catalanes, pese a la gravedad de los cargos que pesan sobre los supuestos cabecillas del intento revolucionario español, estaría dispuesto a concederles a todos ellos el indulto que permitiera que regresasen como vencedores a su tierra.


Y lo peor de todo, señores, no es que tengamos unos políticos que intenten acabar con lo poco que ya va quedando de España, lo que más nos preocupa es que, los ciudadanos españoles, parecen encantados con los cambios que ellos mismo han venido propiciando con sus votos. Nadie puede negar que existen muchos españoles a los que les seduce este viraje, que les gusta el que la justicia se imparta en las calles, al estilo jacobino de la Revolución Francesa. Nos cuesta entender que, pese a los graves perjuicios causados por las bandas de okupas a la propiedad privada, resulte que no se ha tomado medida legislativa alguna para dar la seguridad a los propietarios de que las viviendas de su propiedad no van a ser objeto de la barbarie de cualquiera que entre en ellas, pese a estar cerradas, propiciando la posibilidad de un procedimiento abreviado de desahucio inmediato, para quienes incurren en semejante ocupación. Obligando a quienes asaltaron tales viviendas a pagar los desperfectos que hubiesen causado en ellas, amén de una indemnización por el tiempo que hubiesen permanecido en ella los ocupantes ilegales. No existe, entre los legisladores, intención alguna de evitar que sucesos, tan perjudiciales para la propiedad privada, dejen de producirse a fin de evitar que los propietarios particulares deban de asumir de su propio bolsillo las carencias en materias sociales de la propia Administración.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que esta situación de caos legal, la idea de que debe desaparecer la propiedad privada o que la economía del país deba estar dirigida por el Estado, sean los próximos planes de este gobierno socialista del señor Sánchez, con la “eficaz” colaboración de las izquierdas ( estas sí que deberían ser proscritas por sus intentos de acabar con España), especialmente de la izquierda extremista del señor Pablo Iglesias, quizá la más agresiva a la hora de dar el cambiazo a la Constitución, naturalmente, para rehacerla desde su propio punto de vista de antisistema empedernido, pese a vivir, a cuerpo de rey, en su casoplón de la sierra. ¡Vivir para ver!

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