Cuando el cuatro de diciembre de 1977 los andaluces salimos a la calle íbamos ilusionados. Comenzaba una nueva etapa de nuestra historia. El poder político podía descentralizarse y con ello la administración estaría más cerca de los ciudadanos. El sistema autonómico del que tanto se estaba hablando en las discusiones de la Constitución iba a resolver los problemas del separatismo vasco y catalán al otorgarle una situación de autogobierno, situación de la que también podrían gozar el resto de las regiones españolas.
Antes de que se aprobara la Constitución, el 27 de mayo de 1978 se constituyó la Junta de Andalucía, un órgano pre-autonómico presidido por Plácido Fernández Viagas. Dos días antes del referéndum que aprobó la Constitución Española, es decir, el 4 de diciembre de 1978 este órgano pre-autonómico reunido en Pleno en Antequera se comprometió, con la unanimidad de todos los partidos, a obtener para Andalucía un estatuto Autonómico que alcanzara el máximo techo competencial. Frente al diseño constitucional de dos vías, dos velocidades, para llegar a la autonomía, Andalucía se pronunciaba por la vía más rápida y completa.
Plácido Fernández Viagas dimite como presidente de la Junta y celebradas las elecciones municipales el 2 de junio de 1979 la Junta se reconstituye y es investido Presidente de la misma Rafael Escuredo. Para acceder a la autonomía por el procedimiento rápido del art. 151 de la Constitución se convoca un referéndum el 28 de febrero de 1980 que obtiene la mayoría en todas las provincias andaluzas, excepto Almería. Aunque el citado art. 151 exige la mayoría en todas las provincias, la situación promueve un amplio debate político que lleva a modificar la Ley del Referéndum para incluir a Almería. La Junta redacta el oportuno Estatuto que se eleva a las Cortes Generales y aprobado por éstas se somete a referéndum el 20 de octubre de 1981. El 23 de mayo de 1982 se producen las primeras elecciones autonómicas que gana el PSOE y resulta elegido Presidente Rafael Escuredo que permanece en el poder hasta el 22 de junio de 1986. Las segundas elecciones vuelven a dar el triunfo al PSOE y resulta elegido Presidente José Rodríguez de la Borbolla. En las siguientes elecciones de 23 de junio de 1990 gana igualmente el PSOE y es elegido Manuel Chaves que continúa sin interrupción hasta hoy.
En los casi treinta años que llevamos desde aquel 4 de diciembre de 1977 ¿qué ha significado la autonomía para los andaluces? En mi opinión hemos podido comprobar que la descentralización tan solo ha supuesto un nuevo centralismo: el de Sevilla en lugar del de Madrid. Desde 1982 hasta el 2000 tanto el Gobierno andaluz como el de la nación están en manos del PSOE, lo cual no se tradujo en una especial dedicación a Andalucía para sacarla de su atraso secular, sólo los eventos del 92 representaron inversiones para esta autonomía, aunque no parece que hayan sido especialmente rentables. Después de tanto tiempo seguimos ostentando los últimos puestos del ranking de renta junto con Extremadura. Las inversiones del 92 estuvieron marcadas por la corrupción: las cuentas de la exposición y el famoso Pellón, la autovía A-92 siempre reparándola, etc. aunque en ningún momento se hayan depurado responsabilidades. No han faltado los escándalos como por ejemplo el caso Juan Guerra o el caso Montaner, urbanizaciones fraudulentas no sólo en Marbella sino en toda la Costa del Sol, Huelva y un largo etc.
El instrumento que ha facilitado la perpetuación de los gobiernos del PSOE en Andalucía ha sido especialmente el subsidio agrario que ha dado lugar a un voto agradecido de todos los beneficiarios. Cuando comienza el subsidio agrario para Andalucía el censo de obreros del campo se duplica. Se encuadran en el Régimen Especial Agrario personas que jamás trabajaron de peones agrícolas y hay un importante fraude con la firma de peonadas para lograr el subsidio. La fuerte implantación socialista en los pueblos controla las elecciones. Hay que estar a bien con los que manejan los trabajos municipales cuyas jornadas también sirven para el subsidio. Así mismo los propietarios de tierra resultan beneficiados con los fondos europeos y la Política Agraria Común de la Comunidad Europea en forma de sustanciosas subvenciones a cultivos inexistentes como el girasol o al cultivo más importante de Andalucía, el olivar. Obviamente los mayores terratenientes obtienen las mayores subvenciones. En las capitales de provincia, donde el subsidio agrario no tiene peso, las elecciones municipales otorgan alternancia en el poder al PP y al PSOE, excepto en Córdoba donde se perpetua Izquierda Unida desde los tiempos de Julio Anguita.
El gobierno autonómico andaluz siguiendo la ley de la mecánica de los gases tiende a ocupar todo el espacio disponible. Así cada vez hay más edificios de la Junta y mayor número de funcionarios, sin que la prestación de servicios, aunque haya mejorado, justifique tal derroche de medios. La prestación de asistencia sanitaria o de educación públicas resultan mucho más caras que la prestada por otras empresas o instituciones privadas. Las mejoras de la asistencia sanitaria siempre anunciadas como en marcha no resultan tan claras cuando estás incluido en una lista de espera médica por meses. El costo por plaza en un centro concertado es notablemente inferior al que resulta en los centros públicos. Los resultados educativos no son especialmente positivos si nos atenemos al informe PISA o preguntamos a cualquier profesor universitario sobre el nivel con el que llegan los alumnos a la Universidad.
Una permanencia tan prolongada del mismo partido en el poder ha creado una clase política que se resiste a ser desalojada de sus prebendas. La política como único medio de vida se impone ya que una buena parte de los políticos no han tenido ni tienen una ocupación conocida. Muchos de los que cesan los podemos encontrar dentro de esa nebulosa de empresas públicas en los que siguen gozando de sueldo y despacho.
La diversidad de administraciones central, autonómica y municipal en manos de distintos partidos lleva al permanente enfrentamiento. El partido contrario no tiene muchas posibilidades de ser escuchado ni de encontrar colaboración para ningún proyecto. Así cualquier iniciativa municipal del PP se demorará sine die si requiere permiso de la Junta. Mientras que el PP tuvo el gobierno nacional se produjo un enfrentamiento irresoluble con la Junta de Andalucía que reclamaba una deuda histórica, mientras que ella tenía deudas también históricas con la Seguridad Social por ejemplo.
En la economía no ha habido ningún avance significativo salvo en el sector de la construcción y el turístico. Con el primero cada vez existen más viviendas vacías y con el segundo se discute si hemos destruido el litoral, si son beneficiosos o no los campos de golf, si preferimos un turismo popular o de potentados. Las Cajas de Ahorro han sido ocupadas políticamente, desalojando a las instituciones que las crearon. Hay un marcado interés por su control, que por lo menos procura puestos y sueldos sustanciosos a la nómina de políticos.
Para disimular el que sigamos estando a la cola de la economía nacional se montan extrañas campañas como la “segunda modernización” sin que nos hayamos enterado de la primera.
Y ahora, sin que nadie sintiera necesidad de un nuevo Estatuto, se lanza a copiar de forma compulsiva el de Cataluña. A ver, si ahora también, el “café para todos” de Suárez logra diluir el impacto que ha provocado el aceptar para Cataluña cosas que rompen la solidaridad y ahondan las diferencias entre españoles. Aprobando un Estatuto andaluz, similar al catalán, los andaluces saldremos perjudicados, pero podrá facilitar las concesiones que se quieran hacer a los independentistas vascos.
La cuestión de la inmigración, especialmente la de Marruecos, también nos está dando problemas que aumentarán en el futuro. Sobre ello ya habrá ocasión de comentar.
¿Que todo me parece mal? Quizás sea para compensar la permanente alabanza que la Junta hace de sí misma contando con tantos medios de comunicación a su servicio.
|