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Operación Chamartín (LII)

IU ha exigido la documentación del contrato de la Operación Chamartín entre la entidad pública ADIF (antes RENFE) y la promotora privada DCN
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
lunes, 25 de marzo de 2019, 16:33 h (CET)

Por Socha (firma colectiva)

No asustarse. Es pronto para hablar del ‘Caso Chamartín’, pero puede llegar. Al tiempo. De momento se salva por la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Porque sino ya deberían haber explicado en sede parlamentaria lo que se ve como un nuevo pelotazo urbanístico de Madrid con la Operación Chamartín. IU ya venía acosando al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la operación urbanística, pero la convocatoria de elecciones le ha salvado de dar explicaciones. Todo apunta a que cuando se conozcan los detalles va a ser uno de los nuevos escándalos financieros de España. Será el ‘Caso Chamartín’. El nuevo contrato con DCN reduce el beneficio público de 3.000 a 980 millones de euros. Un 67,33% menos, casi nada. Hay que empezar a preguntarse por qué Fomento y el Ayuntamiento tienen tanto interés en aprobar la nueva Operación Chamartín.

Ha surgido un inconveniente que preocupa: Se ha roto la unidad de la izquierda para una candidatura al Ayuntamiento de Madrid (Podemos-Más Madrid-IU). La confrontación empezó en las negociaciones y la amenaza no se ha hecho esperar. Podemos puso sobre la mesa la petición de una auditoria sobre la Operación Chamartín. Era el comienzo, y sólo estaban negociando. Atentos a la campaña porque cada partido de izquierdas va por separado. Y todos saben de qué va el asunto, porque todos han formado parte del último Ayuntamiento, el de la alcaldesa Carmena. Nos esperan revelaciones. Da igual que el Ayuntamiento apruebe o no la Operación Chamartín en su último consejo municipal.

Ganas y urgencia sí parece que tienen. Eso pretenden, y aunque la división municipal es muy profunda, los intereses unen. IU ya anunció que exigirá la paralización de la Operación Chamartín. Y Podemos no se queda atrás. La coportavoz del Consejo de Coordinación del partido, Noelia Vera, ha deslizado que en las negociaciones para la candidatura estará presente el proyecto Madrid Nuevo Norte (nombre actual de la Operación Chamartín) y “estaría bien hacer cosas como una auditoría para saber lo que está pasando”, añade Vera. Pero no sólo ella, también Pablo Iglesias, publicó en las redes sociales que no entendía el papel jugado por el Ayuntamiento de Carmena en el proyecto urbanístico Operación Chamartín. La voz del jefe.

Por la otra acera, por la del Congreso, las cosas no van mejor. Antes de la convocatoria de las elecciones generales, la diputada de IU, Sol Sánchez, tenía en el punto de mira al ministro Ábalos. El escándalo en la Operación Chamartín, con ADIF, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Carmena y el Gobierno central de por medio, puede ser espectacular. Unidos Podemos, mientras tanto, evita salpicarse ¿Por qué?.

IU ha exigido la documentación del contrato de la Operación Chamartín entre la entidad pública ADIF (antes RENFE) y la promotora privada DCN, participada por el BBVA y la Constructora San José; una documentación que ha estado oculta 25 años.


Es un tema tan escabroso que los socialistas se han puesto de perfil. Para no embarrarse, admiten. Mientras, fuentes conocedoras definen la Operación Chamartín como un enorme pelotazo urbanístico en el norte de Madrid con terrenos fundamentalmente de RENFE. Esta Operación ha pasado por las manos de todos los ministros de Fomento, del PSOE y del PP: Josep Borrell (actual ministro de Exteriores), Rafael Arias-Salgado, Francisco Álvarez-Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos.

Para que este affaire financiero no les salpicara, IU estaba decidida a sacarlo a la luz. Lo tenía claro. Hacer público el ‘Caso Chamartín’ para demostrar que ellos no tenían nada que ver. Advirtió al Gobierno (Fomento) que ministros anteriores habían contribuido o a ocultar información y detalles o a engordar plusvalías. Naturalmente, destacó y denunció que los contratos se hicieron para mayor gloria de Francisco González, el presidente del BBVA. Larga sombra.

Ya se sabe cómo las gasta; y cómo está, de momento. Algunos entresijos de la Operación empiezan a ser conocidos con las grabaciones y trabajos del excomisario Villarejo para Francisco González, sobre el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero. Esperemos más acontecimientos.

Sol Sánchez, dicen, advirtió a Ábalos de sus iniciativas parlamentarias. Pretendía preguntar al Gobierno por los motivos para modificar el Contrato de Adjudicación. En él, a RENFE le correspondía el 53% de los beneficios de la Operación antes de impuestos, pero tras la Modificación los beneficios bajaron al 20% sin convocar nuevo concurso. Hay mucho que explicar. Pero el silencio de Ábalos y la convocatoria de elecciones va a impedir de nuevo que la información y los documentos lleguen al Congreso. Van 25 años, se puede esperar algunos más, deben pensar desde el poder.

La historia de la Operación comenzó en 1993. En parte, es conocida. Pero, cuando se acerca su aprobación por el Ayuntamiento (quieren que sea antes del final del periodo de Carmena), surgen dudas. Entre ellas, por qué la Administración Pública (RENFE) contrató a una empresa privada para que, como se explicita en el contrato, “ejerza el papel de lobby para conseguir modificaciones de legislación y planes urbanísticos”. O cómo se explica que en 25 años se haya triplicado el terreno cedido por RENFE (luego ADIF) según contrato, y se hayan cambiado varias cláusulas a favor del adjudicatario. IU también quería saber qué motivos habían llevado a los distintos gobiernos a ignorar las recomendaciones que había hecho RENFE en el año 2001. Es un informe donde se especificaba que la Operación era perjudicial para los intereses públicos y debía anularse.

Incluso Alberto Garzón ha entrado en el tema exigiendo paralizar la Operación Chamartín tal como está planteada. Ha recordado las más de 3.500 alegaciones contra ella; y que el TSJ de Madrid ha admitido a trámite un recurso en contra de la Operación.


Para añadir más acíbar, una parte de la izquierda se pregunta por qué en diciembre de 2018, con Sánchez presidiendo el Gobierno y Ábalos en el ministerio de Fomento, se ha firmado un último contrato con condiciones aún más ventajosas para la adjudicataria y más perjudiciales para el interés público: DCN (BBVA-Constructora San José) tienen derecho de compra a mejor precio, acumulan beneficios y reducen riesgos.

Antes de la convocatoria de elecciones generales, IU-Podemos planteó al Gobierno un ultimátum. He ahí los puntos que para IU son ‘fundamentales’:

– Retirada del proyecto ‘Madrid Nuevo Norte’ y finalización del acuerdo entre ADIF y la promotora privada porque deja en manos privadas el futuro de Madrid.


– Conservar la titularidad pública del suelo para ponerlo al servicio de las necesidades sociales.


– Solucionar el déficit de dotaciones sociales y espacios verdes del entorno.


– Combatir la ‘burbuja inmobiliaria’ construyendo mayoritariamente vivienda pública en régimen de alquiler a precios asequibles.


– Equilibrar el reparto de espacios destinados a uso residencial y a actividades económicas.


– Desarrollar un plan de fomento del transporte público y reducción del privado, en línea con las propuestas vecinales.


– Trasladar el modelo al resto de la ciudad, abandonando el modelo de desequilibrio norte-sur promovido por la derecha durante décadas.

De momento, en la Operación Chamartín hay incertidumbre. Veremos el resultado de las elecciones, de todas. Y esperaremos a los nuevos gobiernos para que decidan. Pugnas e intereses cruzados hay muchos. Tal vez tengamos ya el principio del ‘Caso Chamartín’. Unos meses de pausa y...


Al tiempo. 

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