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¿Es usted uno que se extenúa trabajando gratis para Hacienda?

Muchos ciudadanos caen en la gran trampa preparada por la Hacienda Pública para convertir su trabajo del ciudadano en un medio fácil para llenar las arcas estatales
Miguel Massanet
lunes, 25 de marzo de 2019, 16:31 h (CET)

Seguramente muchos de ustedes, por propia experiencia, ya sabrán que, de promedio, se estima que los españoles necesitan trabajar 178 días al año para pagar sus impuestos. No es la intención de quien escribe este comentario entrar en comparación con lo que se paga en otras naciones ni entrar en disquisiciones sobre si, lo que pagamos en concepto de impuestos, es mucho, poco o regular, tarea que encomiendo a aquellos economistas o especialistas en fiscalidad para que se lo puedan aclarar. Se trata de que, así como está estructurado el IRPF, por ejemplo, en tramos que dividen las retribuciones percibidas anualmente por un contribuyente distribuidas en distintas fracciones o tramos a los que se les aplica, de menor a mayor, la correspondiente tarifa, de mayor importe cuanto más alta sea la fracción del tramo último por el que se cotiza.

El hijo de un amigo mío, ya fallecido, ingeniero que da clases en la Escuela de Formación Profesional de Barcelona, en una ocasión me explicó que tenía comprobado que, cuando uno, para ganar una determinada cantidad que considere que retribuye adecuadamente el esfuerzo que le requiere el trabajo realizado, una vez descontados los impuestos que se han de pagar por dicho trabajo, se encuentra en una zona confortable, en la que siente que le sale a cuenta el tiempo y el esfuerzo que se ve obligado a emplear en aquella tarea, empieza a plantearse si para ganar más dinero le compensa pagar más impuesto y dedicar más esfuerzo. Pues lo que sucede es que, a medida que pretende conseguir mayores ganancias, aunque siga cobrando, a razón del mismo importe fijado, por el trabajo de más, se da la circunstancia de que ello puede suponer entrar en otro tramo en el que, la tarifa es superior y, por consiguiente, el resultado es que: por idéntica forma de trabajo, el líquido que percibe por él es menor. De esta manera resulta que, en un momento determinado, cuando se llega a los tramos en los que la tarifa es mucho mayor, aquel trabajo resulta que está peor pagado, por el mismo tiempo y el mismo esfuerzo requeridos, que por aquellos primeros tramos en los que se sentía bien compensado..

La conclusión a la que llegó mi amigo Antonio, fue lógica, entendible y razonable: para ganar mucho más, aquel salario suplementario le compensaba menos y, lo que se le pagaba por él, resultaba que no le suponía, en cuanto a rentabilidad, lo suficiente si es que lo comparaba con el tiempo que utilizaba en realizarlo, si se contrastaba con la posibilidad de disponer de más tiempo libre, de dedicarse a otras tareas, quizás más enriquecedoras, o de ampliar sus conocimientos, dedicándose a perfeccionar su cultura. Reflexioné sobre todo ello y llegué a la conclusión de que, en realidad, tal como se nos trata a los españoles desde el punto de vista de la fiscalidad a la que estamos sometidos, tanto desde la Hacienda central como desde las autonómicas; independientemente al lugar en el que esté situada España, en comparación con otros países de la UE; en cuanto a la carga fiscal que pesa sobre sus ciudadanos es evidente que, si la constatamos con otras prestaciones, servicios sociales, y o servicios públicos completamente gratuitos que reciben sus ciudadanos (enseñanza gratuita, compensaciones por ser familias numerosas etc.), de los que no gozamos en nuestro país y, la cuantía de los salarios que, en el resto de los países de la UE, suelen ser más altos que los que se pagan en nuestra nación; es muy posible que acabemos saliendo perdiendo.

Seguramente, no se trata solamente de que las leyes estatales que regulan la fiscalidad que debe pesar sobre la ciudadanía, ni de las cantidades que cada ciudadano debe abonar en concepto de impuestos. Más bien, se debe a la inseguridad jurídica que se desprende de que, cada gobierno que accede al poder, toma sus propias medidas fiscales, pone y retira (pocos son los que se retiran) tasas, arbitrios e impuestos y cambia las reglas del juego, de forma que lo que, en unos momentos, según la tendencia política de los nuevos ocupantes de la Moncloa, es objeto de una debida interpretación, por los servicios jurídicos de Hacienda, en cuanto le conviene al nuevo Gobierno, cambia diametralmente de enfoque para pasar a otro tipo de exégesis, diametralmente distinta a la que se utilizaba anteriormente, por aquella misma institución de la que estamos hablando.

No es posible que un empresario pueda planificar con tiempo, con la seguridad jurídica precisa, con sus costes ajustados y su competitividad, analizada de forma exhaustiva si, para que cuando fije el precio del producto objeto de su negocio o su industria y calcule las ganancias que pueda obtener de su comercialización, no sepa con certeza que no va a tener sorpresas capaces de dar al traste con su empresa y su dinero invertido.

Sin embargo, señores, el mismo razonamiento de mi amigo entraña, para la nación española, un dilema que estimo que los políticos debieran tener en cuenta. Se trata de algo similar a jubilar a personas, valiosas para la sociedad, antes de que hayan dejado de ser un activo para la Sociedad. Existen muchas personas mayores que, por sus habilidades, sus conocimientos, sus extraordinarias aptitudes de negociación, sus investigaciones, sus singulares capacidades para las artes o la interpretación o sus indudables capacidades para el mundo de la industria o de los negocios, etc. que deberían aprovecharse mejor y que, no fuera un hándicap una simple fecha reglamentaria, fijada en una Ley administrativa, la que permitiese prescindir de unas mentes bien dotadas o de unas especiales habilidades para el arte, que recomendasen prolongar su vida laboral. Lo mismo sirve para razonar que los impuestos y, en este caso el IRPF, debiera de tener en cuenta el hecho de que, las tarifas crecientes que hacen que los contribuyentes, al llegar a unos ciertos niveles retributivos, puedan decidir dedicarse (menos a aquello, para lo que están verdaderamente preparados y por lo que son más útiles al país),a otros cometidos, viendo que no les compensa el esfuerzo y la retribución que perciben si trabajan en su labor habitual, con respeto a otras actividades u ocios a los que se pudieran dedicarse. Esto lleva a que muchos, como mi amigo Antonio, acaben decidiendo reducir su actividad y dedicarse a ocios que les puedan resultar más agradables y les recompensan más, a ellos o a sus familias.

Claro que para ello se exigiría que los gastos del Estado, los que hacen referencia a un número de funcionarios o, algo que es peor, los empleados en empresas pública que no lo son y que, en una gran mayoría, son personas que han conseguido una plaza por recomendación de sus partidos políticos, que han aprendido a retribuir, de esta manera, la fidelidad o las ayudas que reciben de algunos de sus afiliados o de personas a las que deben favores por ayudas recibidas por su mediación; fueran analizados concienzudamente y se hiciera una criba de todos aquellos gobiernos autonómicos donde el enchufismo, el clientelismo y el nepotismo, durante los años en los que los partidos han estado gobernando (en algunos, como Andalucía, más de 36 años); han creado un semi-funcionariado, una parte de él cubierta con interinos, contratos eventuales o, muy posiblemente, sin contrato alguno, que han dado lugar a una plantilla sobrecargada que ha tenido que ser subvencionada por cada comunidad por medio de chapuzas contables, impuestos locales, recargos, o aumentos de las tasas y el IBI de cada municipio

Es obvio que son necesarios los impuestos y que, sin ellos, un Estado moderno no tendría forma de poder atender las múltiples prestaciones que le están encomendadas para cubrir aquellas tareas, servicios, prestaciones, ayudas sociales, obras públicas y defensas que son necesarios para que, los ciudadanos estén convenientemente atendidos en aquellas necesidades que, la actividad privada, no podría llevar a cabo. Sin embargo, los últimos años nos han desvelado que, en muchas de estas instituciones públicas, (y la menor de ellas no es, precisamente, la Generalitat catalana) se han producido numerosas irregularidades administrativa, casos evidentes de malversación de capitales y corrupción, sin que pueda atribuirse toda esta serie de irregularidades a un solo partido, sino que ha afectado gravemente a varios de ellos que, si bien en el aspecto penal parece que la Justicia viene actuando con eficacia, en cuanto a que se recuperen las cantidades presuntamente desfalcadas, no parece que la efectividad de los tribunales sea la suficiente para que, el Tesoro Público, pueda recuperar una parte importante de ellas.

En todo caso, no parece que el actual panorama político y menos si, como anuncian las encuestas, salieran vencedores de los próximos comicios las izquierdas del PSOE, Podemos e IU, se vaya a garantizar al pueblo español más seguridad jurídica en cuanto a lo que van a ser las nuevas cargas fiscales, que ya se nos han anunciado, aunque desconocemos la cuantía de las mismas y los posibles nuevos impuestos que, cuando alcancen el poder, si lo consiguen, van a utilizar estas izquierdas que nos amenazan con llegar, como elefante en cacharrería, para acabar con lo poco que nos va a quedar del orden institucional conservador y de nuestra economía capitalista.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos el aliento en nuestros cogotes de esta nueva oleada que nos va a llegar desde las urnas, si Dios no lo remedia, que nos anuncia, después de los 80 años de finalizada la Guerra Civil, la más que probable refundación de un sistema que ya habíamos dado por desaparecido de Europa, después de la caída aparatosa del famoso Muro de Berlín. Una coalición de las extremas izquierdas (las declaraciones de los ministros y las ministras del señor Sánchez, no nos permiten pensar de otra forma) formada por los partidos que no consiguieron más que fracasar en las varias ocasiones en las que los españoles hemos acudido a las urnas y que, no obstante, en esta coyuntura en la que nos encontramos (las encuestas dixit) parece que van a producir un importante vuelco en lo que han sido los partidos gobernantes, desde que se produjo la transición, por un partido con las mismas siglas de siempre, pero completamente cambiado en cuanto a sus políticas, su manifiesta hostilidad hacia el PP que alcanza cotas impensadas en los gobiernos anteriores, salvo el último, seguramente. Dicen que la esperanza es lo último que se debe perder y, haciendo un esfuerzo para mantener un cierto optimismo, obliguémonos a pensar en positivo y mantengamos la idea de que, de aquí al 28 de abril, habrá cambiado el sentido de las encuestas y los partidos más conservadores consigan la mayoría necesaria para gobernar. A sensu contrario, recemos.


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