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¿Incumple la Constitución gobernar a base de decretos-Ley?

​No sabemos lo que va a suceder con estos intentos del señor Sánchez de saltarse las instituciones
Miguel Massanet
miércoles, 27 de febrero de 2019, 15:04 h (CET)

El empeño del actual gobierno socialista -aún después de haber convocado elecciones para el 28 de Abril - de seguir legislando hurtando, al Congreso, su función legislativa mediante la cual se analizan las leyes, se depuran, se consensuan y se votan, por los congresistas, antes de que puedan salir a la luz y ser publicadas en el BOE.

No sabemos lo que va a suceder con estos intentos del señor Sánchez de saltarse las instituciones y, mucho menos, cuando de lo que se trata es de intentar colar nuevas leyes antes de que se entre en el periodo electoral. Lo que sí sabemos es que, utilizar un recurso harto discutible para aprobar, en un último momento, una serie de leyes que, sin duda alguna, sobrepasan en cuanto a su enorme coste cualquier previsión que pudiera existir al respecto en los PGE vigentes, que no olvidemos que son los mismos que intentó aprobar el señor Rajoy y que, en consecuencia, no recogen las cantidades precisas para llevar a cabo los gastos que se pudieran derivar de todo este verdadero alud de leyes que han anunciado los socialistas, sin el menor rubor, que van a promulgar antes de que la entrada del periodo electoral que les impediría hacerlo, por considerarse un acto electoral, como es de lo que se trata en realidad.

Entendemos que, como se ha venido haciendo con los 25 decretos-ley que se han aprobado durante los ocho meses que los socialistas vienen ocupando, legítimamente, pero con malas artes la presidencia del Gobierno, los gobernantes socialistas han incurrido en un abuso de poder al colar, de matute, una serie de leyes que, en primer lugar, en cuanto a la mayoría de ellas, no tenían la consideración de urgencia que es la base para justificar la aplicación excepcional que supone la aplicación del recurso al decreto-Ley; y en segundo lugar, como ha quedado demostrado que el no pasar los proyectos de ley por su cauce normal constituye una irregularidad que priva al Congreso de Diputados supervisarlas y modificarlas si fuera necesario. Sin duda, todo ello se ha debido a la falta de seguridad del gobierno del señor Sánchez en que, en el trámite parlamentario, estas leyes no obtuvieran el número de votos suficientes para convalidarlas. El utilizar, con la reiteración con la que el actual Gobierno socialista ha venido haciendo, el recurso a los decretos-ley no hace más que hurtarles a los señores diputados una de las funciones específicas que la Constitución atribuyó al organismo legislativo que, junto al Poder Judicial y al poder Ejecutivo, constituyen cada uno de los tres pilares de cualquier gobierno democrático, basado en el control que, cada uno de los tres poderes del Estado, está en condiciones de ejercer sobre los otros dos, de manera que los tres tienen la facultad, la misión y el derecho de controlar al resto, lo que es garantía de que, ninguno de los tres, pueda salirse de las normas sin que esté sujeto a la supervisión y control de los dos restantes. A esto se le denomina democracia y, entendemos, que el salirse de este control, como sucede cuando, sistemáticamente, se impide que los proyectos de Ley se les escamoteen a la acción del poder legislativo, cuya función de supervisión, corrección, sugerencias, modificaciones y finalmente votación para aceptar o rechazar el proyecto antes, naturalmente, de que pudiera reconocer por el BOE como una nueva ley con carácter obligatorio para los ciudadanos, es de todo punto esencial.

Es evidente que, con toda probabilidad, todavía hay algunas de las últimas leyes aprobadas mediante decreto-ley por el Gobierno socialista del señor Sánchez que siga pendiente de convalidación; la condición indispensable para que se le dé el carácter definitivo de norma obligatoria en todo el país o en aquella cuestión específica que se regule por su medio. Ahora, a pocos días de que empiece el inicio de la campaña electoral y se constituya la preceptiva Diputación Permanente que se haga cargo de las cuestiones más urgentes e inaplazables de la gobernación del país, resulta sospechoso, falto de sentido, poco razonable y cuestionable, dada la proximidad de una consulta electoral, mediante la cual sería posible que, para la próxima legislatura, hubiera un gobierno de composición distinta al actual, de otro color político, con otros proyectos respeto a la gobernación de la nación española y que, desde el punto de vista de la más mínima cortesía, de los problemas que pudiera causarle al gobierno entrante encontrarse con unas leyes, no confirmadas por el Congreso y claramente de tipo electoralistas que pudieran generarle dificultados si las tuviera que anular. A nuestro entender, tan pronto como se constituya la comisión electoral nacional que se ocupe de que, las elecciones, se celebren sin que algunos salgan con ventaja sobre el resto sólo por haber utilizado métodos indignos para atraerse el voto de quienes, como parece evidente, fueran beneficiados por el anuncio de las distintas leyes que, el actual ejecutivo ha decidido, precipitadamente, aprobar por medio del decreto-ley, sin que les importe un bledo que, finalmente, ninguna de ellas llegara a tener efectividad, una vez celebradas las elecciones.

En todo caso se le debería exigir al actual gobierno del señor Sánchez que demostrara que está en condiciones de llevar adelante todas las propuestas que, en forma de cascada social, ha prometido a todos aquellos que, de una manera u otra salen beneficiados por las leyes que pretenden aprobar, de modo que los españoles, antes de votar a quienes queremos que nos gobierne, estemos enterados de si, desde el punto de vista de las posibilidades de nuestra nación, estamos en condiciones de asumir lo que significarían de incremento de nuestra Deuda Exterior; para los contribuyentes españoles que, con nuestros impuestos, debamos responder de tal incremento desmesurado de gasto o de los impuestos que el señor Sánchez se guarda en la recámara, de los que no hace mención pero que, la ministra de Hacienda, es conocedora por ser la que está enterada de lo que supone el contratar a un número extraordinario de nuevos funcionarios, a los que se deberá pagar o el establecer un seguro para los parados de larga duración o lo que significará para el Erario público aumentar a los pensionistas sus pensiones, de acuerdo con el aumento real del coste de vida o lo que van a representar el concepto de gasto las subvenciones para una serie de instituciones, entre ellas lo que se va a dedicar a calmar a los separatistas catalanes que, que nadie se escandalice, seguramente van a salir del bolsillo de resto de autonomías que han sido las que siguen recortando sus gastos para que luego, en Cataluña, se aprovechen del ahorro que han tenido que hacer el resto para evitar que se declaren independientes. Algo que, si los gobernante de la nación española tuvieran lo que se le supone a cualquiera que asume una función pública, ya haría tiempo que se les habría hecho entrar en cintura, impidiendo que siguieran haciendo chantaje, no sólo al gobierno, sino al resto de españoles que no deseamos que en Cataluña triunfe una revolución secesionista.

Y entrando en lo que estamos viendo como adelanto de un periodo electoral, a nadie se le puede ocultar que, desde el mismo día del anuncio de la fecha de las votaciones, de hecho sino de derecho, todos los partidos se lanzaron sin perder un minuto a comenzar su propia campaña por lo que, el inicio que se fije en su día para el periodo electoral, no será más que un trámite, inútil y meramente testimonial porque, aparte de los carteles (cada vez menos efectivos) o los mítines (lugar en el que los ya convencidos se reúnen para sugestionarse a sí mismos de que van a ganar) de lo que se trata es de aparecer en las TV, celebrar debates e intentar persuadir al tanto por ciento de indecisos o desencantados de los políticos y la política, de que deben ir a votar, porque el peligro que tienen los que se presentan como candidatos, no es otro que el desencanto general de los votantes, la falta de confianza que se ha generado en torno a la clase política y el convencimiento de los más incrédulos de que, voten a quien voten, todo seguirá igual tanto en manos de las derechas como en el de las izquierdas.

Por esto nadie se debiera extrañar de que, pese a que desde todos los ámbitos de la política, de todos los partidos de derechas e izquierdas y desde la mayoría de las instituciones que tienen relación con el ámbito político del Estado, este partido, VOX, que no se ha arrugado ante su aislamiento, que mantiene valores a los que, incluso, el propio PP ha renunciado, presionado por una parte de la sociedad civil que ha sido captada por esta filosofía relativista que tanto daño viene haciendo a nuestra juventud, precisamente en uno de los momentos en los que falta trabajo, que la política del Estado español está mediatizada por el problema catalán y que el actual Gobierno está más condicionado por obtener el apoyo de los separatistas y las izquierdas radicales de los señores de Podemos, que dispuesto a preocuparse por los españoles, por sus problemas, por la amenaza que empieza a afectarnos en relación a los primeros signos de contracción económica y al retroceso, iniciado en el mes de enero del corriente año, de una recaída en el número de desempleados, que ha puesto en guardia no sólo a la Administración, sino a todos aquellos empresarios que empezaban a confiar en la recuperación y que, ahora, viendo lo que está sucediendo en Cataluña y en el resto de España, asustados por una posible victoria del PSOE y de las alianzas a las que debiera acudir para poder gobernar; empiezan a plantearse el no tomar decisiones que pudieran comprometerles, de aquí a unos meses y, ante la amenaza de una posible nueva recesión, según se viene anunciando en la UE, que pudieran repercutir en la marcha de sus empresas; lo que conduce, inevitablemente, a no cogerse los dedos contratando a gente que, en un periodo de unos meses, tuvieran que despedirlos e indemnizarlos por ello, especialmente en el caso de que las izquierdas se hubieran hecho con el gobierno de la nación.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, empezamos a tener la desagradable sensación de que vamos a tener un otoño y una primavera bastante movidos, lo suficiente para que, si no se consigue que un bloque de partidos defensores de la actual Constitución, consiga alcanzar la mayoría absoluta en los próximos comicios, vamos a entrar en una fase en la que, si ganaran las elecciones las izquierdas del PSOE y todos aquellos que le apoyaron en la moción de censura, van a tener manga ancha para poder seguir con su política de despilfarro hasta que lo inevitable, la falta de medios para sostener unas mejoras sociales que no vienen compensadas con aumentos de la producción y competitividad, que sólo se sustentan en el aumento de impuestos, una política que siempre repercute en el consumo y que, a la larga, acaba por reducir el trabajo en las empresas que, como es evidente, no pueden sustraerse a la disminución del consumo de sus posibles clientes. Aumentando los funcionarios, las prestaciones sociales, los empleados semi-públicos, los paniaguados y los enchufados, lo único que se logra es que el país deje de ser competitivo y, esta circunstancia implica que el endeudamiento aumente mientras que, a medida que se produce más desempleo, las cargas sociales crecen más y las exportaciones se reducen, en tanto que los costes del país siguen incrementándose. Son las leyes económicas que, por mucho que los partidarios de Lenín o de Stalín las desprecien y propugnen políticas intervencionistas y estatalistas, el tiempo y la historia se han encargado de demostrar que, finalmente, todo acaba en la bancarrota, como sucedió con el gran imperio de la URSS y su espectacular fracaso, representado por la caída del Muro de Berlín.

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