La ley de protección de datos, el peor enemigo de los despachos españoles según Lefebvre

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha supuesto un cambio en la gestión de los despachos profesionales que deberán seguir modelos de evaluación para garantizar un proceso de adecuación continuado a los aspectos de dicho Reglamento, alcanzando una necesaria compatibilidad con la normativa vigente.

Por ello, los expertos de la editorial jurídica Lefebvre han creado One Despachos, un software de evaluación que ofrece la tranquilidad de saber que se cumple con las exigencias de la normativa sobre protección de datos. Con este software se puede demostrar, en todo momento, que se han seguido los procedimientos establecidos en la norma, en el tratamiento de la información y en la comunicación de cualquier incidencia.

Además de diagnosticar la situación en la que se encuentra los despachos, One Despachos ofrece la implementación de las medidas correctoras necesarias, un servicio de consultas a expertos y, en caso de no tener tiempo, un servicio adicional de consultoría y mantenimiento.

La mejor forma de evitar sanciones está en la prevención, que sólo se consigue con una respuesta solvente como la que ofrece One Despachos, que además ahora incluye el Memento de Protección de Datos, y que se puede adquirir en la tienda online de Lefebvre.

Este nuevo software será uno de los protagonistas del Congreso Compliance y de Buenas Prácticas Tributarias, que la editorial jurídica celebra el próximo 12 de marzo en Madrid.

Nuevas sanciones
Desde que se implementó el RGPD el pasado mes de mayo, las sanciones han dejado de ser asumibles para las empresas. La no supresión de los datos una vez hayan dejado de ser útiles para la finalidad para la que fueron recabados o el tratamiento de los datos sin contar con el consentimiento explícito del interesado en los casos en los que fuera necesario, se están sancionando en la actualidad con hasta 10 millones de euros.

Por si eso fuera poco, las transferencias internacionales con destino a países que no garanticen un nivel adecuado de protección, sin contar con la legitimación necesaria, podrían llegar a ser sancionadas con 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total anual del ejercicio financiero anterior.