No ha tardado mucho este señor tan pagado de sí mismo a que, cuando ha alcanzado el gobierno de la nación por la vía menos democrática y se ha creído que está en condiciones de corregir, enmendarles la plana, amenazar y sermonear a los partidos que han conseguido darle el vuelco a 36 años de oligarquía del PSOE en Andalucía, mediante el procedimiento más democrático que existe que es el de: los votos en las urnas, en intentar meter baza en algo que no le compete. Como es habitual en el señor P.Sánchez, cuando algo se le tuerce, cuando no ocurre lo que él desearía o cuando se entera de que no es el Gengis Kan de la política española ni el Stalin de una nación comunista, se ve obligado, por su inmenso ego, a pretender reafirmarse en el puesto que ocupa incurriendo en posturas tan totalitarias como son, entre otras que citó, la de erigirse en el juez de lo que, antes de constituirse el nuevo gobierno en Andalucía, permitirse advertirles a los vencedores de las elecciones, que ha decido tomarse la función de censor de todo lo que, el nuevo ejecutivo andaluz, pudiera hacer ejerciendo sus facultades legislativas o tomando las medidas que estimen oportunas, que no sean, claro está, las que a él, como presidente del gobierno de España, le parecieran inadecuadas aunque en el caso de Cataluña sean idénticas o parecidas a las que él mismo viene consintiendo a los catalanes ante los cuales se muestra sumiso, conciliador, maleable y, evidentemente, cauteloso para que los separatistas catalanes al frente de la Generalitat para que, los líderes catalanes, no se molesten demasiado y le manden a espigar cebollinos cuando pretenda que le apoyen en sus aventuras por el Parlamento.

Como es evidente que carece de mayoría consolidada en las Cortes y que depende del humor de aquellos que le apoyaron en la moción de censura, salvo el caso del PNV, un sumiso seguidor del nuevo gobernante socialista, por motivos que ellos sabrán, pero que consisten esencialmente en ayudas económicas, de modo que, aunque ahora no gobierne el PP, que les había prometido 6 mil millones por su apoyo, se las han arreglado para sacárselos al gobierno que los ha sustituido, con lo que los problemas que pudieran tener para apoyar a Sánchez se ha esfumado y, helos aquí, tan contentos a la espera de que los catalanes saquen algún beneficio de su revolución, para situarse los primeros de la fila a la hora de pedir que se les iguale en todos los aspectos en los que pudiera haber salido beneficiada la comunidad catalana. Tiene que hacer de mangas capirote para sortear los problemas que le producen su postura de apoyo a los separatistas catalanes y, al mismo tiempo aparentar que sigue mandando en España y que tiene un porvenir lozano y sin espinas hasta la fecha en la que se vea obligado a convocar elecciones legislativas.

Por ello, cuando en el feudo de siempre del PSOE, la comunidad andaluza, su partido se ha dado el gran batacazo, Ciudadanos ha aumentado, espectacularmente, su presencia en el Parlamento e, inopinadamente, un tercer partido, el peor de los que pudieran haber conseguido salir airosos en tierras andaluzas, VOX, al que califican de “extrema derecha”, consigue 400.000 votos y, con ello, se da la posibilidad, por primera vez en muchos años, de que el PSOE no pueda gobernar en la tierra en la que ha podido, durante años, hacer todo lo que se le ha antojado; el señor Sánchez pierde los papeles, desbarra, se enfurece y no encuentra otro modo de expresar su malestar por el impacto recibido, que amenazar a los nuevos gobernante de la autonomía andaluza, hablando de posibles actuaciones en “contra de los derechos de las mujeres”, de cualquier asunto que, según él y sus acólitos en el Gobierno, no les agrade, se lo va a tomar muy en serio y pondrá, en su corrección, todo el empeño que su puesto al frente del Gobierno le permita. Pero el señor presidente se olvida, en su rabieta, que cómo no se decida a enviar al Ejército a Andalucía para castigar a los nuevos gobernantes, en el caso de que se contravinieran los derechos de cualquier español ( no se olvide de que los andaluces varones también están protegidos por nuestra Constitución, señor Sánchez) deberán ser los tribunales del tercer poder de la nación los que deban determinar, y no usted, si en las actuaciones de los gobernante de Andalucía ha habido irregularidades, descuidos, malos hábitos o prevaricaciones que merecieran ser sancionados y, usted y su gobierno, lo único que podrán hacer es acatar lo que digan los jueces.

Y a algunos nos gustaría que toda esta fiereza, esta actitud defensora de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos, la mantuviera enfocada hacia donde, verdaderamente, sea preciso que lo haga, en Cataluña, que es dónde existen verdaderos motivos para que su gobierno actúe con decisión, firmeza, contundencia y, para ello, es por lo que una gran parte de los españoles, una gran mayoría de ellos, le sigue pidiendo que aplique, en la autonomía catalana, el 155; debido a que, es más que evidente que sus actuales gobernantes, sus instituciones, la Generalitat, el Parlament, el Omnium Cultural y la ANC, siguen obrando en contra de los intereses de la nación española y no sólo en España, sino que expanden su campo de acción a los países extranjeros, en su empeño de conseguir algún soporte que les permita apoyarse en él para poder presentar sus peticiones de “justicia” ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Recuerdo que, en otra ocasión, comentamos la particularidad de que los decretos-ley eran opciones del Gobierno para los casos exclusivos en los que la perentoriedad de las circunstancias, la gravedad del momento o los fenómenos naturales exigieran una premura de actuaciones que justificase que el normal trayecto de los proyectos de ley por los cauces parlamentarios, se obviase en beneficio de una rapidez que, en caso contrario, pudiera causar graves perjuicios, económicos, materiales o morales a la ciudadanía, a la economía nacional o a la seguridad de los españoles. Tenemos la percepción de que, el pretender abusar de la utilización, por parte del Ejecutivo, del decreto-ley se podría considerar como un “abuso injustificado” una especie de burla a la Constitución y un medio poco ético de soslayar la función del legislativo en beneficio del Ejecutivo. Es algo que llama poderosamente la atención que, el propio señor Sánchez, haya anunciado que piensa gobernar con el uso masivo de los decreto-ley y que, el resto de partidos con representación parlamentaria, no hayan reaccionado inmediatamente ante un truco que les impide que, como está sucediendo, con este método el PSOE está haciendo entrar, por la vía rápida, una serie de importantes reformas, cada una de las cuales, sin duda alguna, puede considerarse como determinante para el futuro de nuestra nación.

Tenemos la sensación de que, el hecho indubitable de que el uso del decreto-ley por parte de los socialistas y la dificultad que, una vez puesta en funcionamiento una norma, su revisión y aprobación definitiva que, posteriormente, ha de efectuar una mayoría parlamentaria, puede entrañar graves dificultades, situaciones de enfrentamiento y, sin duda alguna, motivo de una inseguridad jurídica para aquellos que, de una forma u otra, salieran afectados por la anulación o convalidación de la norma en cuestión. Nos extraña que la derecha o los partidos que no forman parte de esta “entente de las izquierdas” que actualmente está ejerciendo su poder sobre nuestra patria, no hayan acudido al TC en busca de una aclaración sobre la legalidad o ilegalidad de lo que viene haciendo el señor Sánchez, para evitar que el Parlamento del país, en el que carece de mayoría y donde los apoyos que recibió para la moción de censura en contra de Rajoy, no tiene garantizado que los vuelva a recibir, al menos todos, en el caso en que lo que se discuta en la Cámara baja, no mereciera la aceptación de alguno de los grupos con los que contó en aquella ocasión.

Ahora toca utilizar munición de grueso calibre, aprovechando la inesperada y exitosa aparición de VOX en los comicios andaluces. El señor Sánchez ha ordenado a sus esbirros dirigir el fuego de la artillería propagandística socialista hacia lo que ellos califican de “extrema derecha”, aunque los señores de VOX, sean cuales fueran sus ideas, sus intenciones o sus preferencias, hasta este momento se han ceñido a la legalidad vigente; en consecuencia, todos aquellos que intentan acabar con ellos lo hacen juzgando las ideas del partido al que vienen anatemizando, algo que no sucede con los soberanistas catalanes y, si miramos más lejos, con los acuerdos de gobierno que tienen concertados los socialistas con Bildu y otros partidos abiertamente separatistas en Navarra y el País Vasco. Ya sabemos que la coherencia, el ser consecuentes con sus actos o el ser congruentes con sus propias decisiones, no es algo que les preocupe mucho a los actuales miembros del gobierno del señor P.Sánchez, pero no quisiéramos que, Ciudadanos, un partido que suele andar siempre entre Pinto y Valdemoro, se deje influenciar por el miedo a que este compromiso que ha contraído en Andalucía en el que, evidentemente, no tendrían, ni ellos ni el PP, nada que hacer sin el apoyo de los señores de VOX, finalmente, en su pugna con el PP para acaparar votantes o, posiblemente, ante el miedo de que retornen al partido popular todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con el sistema de gobierno utilizado por el señor Rajoy, a la vista del cambio de directiva e ilusionados por el nuevo rumbo que se viene implantando en el partido del señor Fraga, tuvieran la intención de regresar al partido en el que estuvieron militando durante años, algo que, con toda seguridad, los iba a perjudicar en sus aspiraciones al gobierno de la nación. No sería la primera vez que el señor Rivera decide cambiar de compañía si en ello ve ventajas para sus proyectos futuros.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos que nos encontramos ante uno de los retos más trascendentales para España y los españoles, una verdadera batalla política en la que existen tres frentes: por una parte el catalán y sus aspiraciones independentistas que, a la vista está, se muestran dispuestos a cualquier alianza, con quienes sean y a cualquier procedimiento, legal, ilegal o, incluso, violento, con tal de remar hacia el objetivo que se han fijado, sin que se excluyan los intentos, tantas veces repetidos, de procurar involucrar a las instituciones extranjeras en su contencioso con España; por otro lado, la izquierda, en la actualidad con mayoría parlamentaria, encabezada por el PSOE, un partido con disensiones internas pero que se mantienen unidos esperando conseguir alcanzar la fecha de las elecciones generales en el poder y, finalmente, los partido partidarios de salvar a España, de mantener la economía de mercado, de apostar por las soluciones marcadas por la UE y de atenerse a la realidad social, económica, financiera e industrial, para seguir practicando aquella política de recuperación que quedó interrumpida por el acceso al poder del PSOE y sus apoyos de izquierdas. Y, a todo esto, seguimos teniendo sobre nosotros la mirada vigilante y preocupada del resto de países de la CE, algo que debiera preocuparnos a todos.