Prohibiciones, restricciones, intromisiones e impuestos

Puede que alguien cargado de buena fe esperara que, con la llegada al Gobierno de las izquierdas, España iba a experimentar un aumento de libertades ( ¿o es que había, en los anteriores gobiernos de la derecha, alguien que no pudiera expresarse libremente, al que se le privara de manifestarse públicamente, alguna persona a la se le marcara una forma de asociarse, siempre que fuera dentro de la Ley o se le impidiese reunirse con otros, presentarse para ser elegido a un cargo público o, incluso, se le prohibiese practicar una religión determinada, con entera libertad?), más facilidades para encontrar trabajo, una política económica más abierta o unos apoyos a las empresas mayores para que pudieran competir en productividad y precios con las empresas rivales sitas en el extranjero. Nada de todo ello se ha producido desde que el PSOE y sus apoyos se hicieron abruptamente con el poder en España

Es posible que esperaran unos políticos mejores, más preparados, más razonables, menos sectarios y más pendientes de los problemas de los ciudadanos españoles y de sus necesidades básicas; siempre por encima de sus propios intereses, de sus afanes partidistas o de sus especiales recelos, rencores o resentimientos heredados de la Guerra Civil y que, incomprensiblemente, se han trasmitido de generación en generación de tal manera que, hoy en día, en pleno Siglo XXI, todavía se sacan a relucir palabras como fascista, reaccionario, facha o nazi, con las que se califica a aquellas personas que, sin haber tenido nada que ver con ninguno de los bandos enfrentados en aquella contienda; tienen ideas conservadoras, de centro derecha o , simplemente, de derechas o liberales, de tal manera que, por el mero hecho de manifestarse como participante o simpatizante de algún tipo de partido, agrupación, colectivo, sindicato o comunidad de ideario conservador o de derechas, es suficiente para que los intolerantes de esta izquierda casposa y decimonónica, haciendo honor de su habitual intransigencia y a sus tendencia totalitarias, merezcan ser anatemizados y calificados de indeseables, antidemocráticos y fascistas o fastizoides, enemigos del pueblo trabajador y, por supuesto, merecedores de ser excluidos de los gobiernos de cualquier país dirigido por ellos..

La evidencia es que, desde que han llegado a España todos estos elementos que vienen enviados y financiados desde las dictaduras bolivarianas, para establecerse, con el apoyo de la prensa, de las TV defensoras de las izquierdas y de algunos grupos de ciudadanos que no supieron ver lo que estaba oculto detrás de los discursos demagógicos y revolucionarios de personajes como Pablo Iglesias o Ada Colau y, últimamente, como Pedro Sánchez, que pretenden con sus aires de redentores del país ( un país que, aparte de los casos de corrupción que han surgido como setas de entre políticos de una y otra creencia o ideario, iba funcionando por la buena senda y en el que ya empezaban a notarse síntomas evidentes de recuperación y algunos indicadores, como el mejor funcionamiento de las empresas y la contratación de personal, con importantes mejoras en el empleo, que daban la esperanza a la ciudadanía de que el país iba por el recto camino de una recuperación, que se presentaba con todos los síntomas de la recuperación del puesto que, legítimamente, corresponde a España por ser una de las principales naciones integradas en la UE.

Un artículo, publicado en una de las páginas interiores del rotativo catalán La Vanguardia, una de las publicaciones con las que cuenta el separatismo catalán, pese a pertenecer al grupo aristocrático de los Godó, nos ha llamado especialmente la atención. Todos conocemos la ocurrencia del nuevo gobierno socialista presidido por P.Sánchez de utilizar la memoria y el cadáver del general Franco para, resucitando recuerdos que ya debieran descansar en el arcano de un pasado lleno de remembranzas desagradables para los simpatizantes de ambos bandos en lucha, intentar seguir aprovechando el tema de la dictadura franquista para seguir atacando a esta derecha que, es evidente, que nada tiene que ver con los actores de aquella contienda, fueren cuales fueren las opiniones que se pudieran tener sobre ella. Una de las primeras resoluciones de este nuevo gobierno fue la de exhumar los restos del general Franco de su lugar de reposo en la basílica del Valle de los Caídos. Como ya es habitual en estos miembros del ejecutivo de P.Sánchez, afirmaron con rotundidad que no habría obstáculos para ello, que opinase lo que opinase la familia del “dictador” se sacarían de su actual lugar de reposo para ser trasladados a otro lugar donde no pudieran reunirse los muchos miles de ciudadanos que siguen respetando aquella figura que impidió a los comunistas hacerse dueños de España. Desde la señora Calvo a la señora Celaá, se comprometieron a que, antes del 1 de enero del 2019, esta operación ya se había ultimado. No contaron, evidentemente, con que la familia del general y su Fundación no se dejaran amilanar por las amenazas del Gobierno y, como sucedió, optaran por poner el asunto en manos de la Justicia. Como una alternativa, para el caso de que, definitivamente, la Justicia fallase en contra de sus pretensiones, la familia de don Francisco, ofreció, como nuevo lugar en el que depositar sus restos, la basílica madrileña de La Almudena.

En lugar de constituir un alivio para el Gobierno, cuando se dieron cuenta de que aquella sepultura, propiedad de la familia, estaba situada en el centro mismo de Madrid y que, potencialmente, se podría convertir en el mejor lugar para que los adictos al caudillo lo fueran a visitar, entraron en shock y removieron Roma con Santiago buscando el medio de evitar que, aquella idea de la familia, pudiera convertirse en realidad. Todos sus proyectos en el aire y sus intentos de conseguir el traslado para el 1 de enero del año próximo en suspenso ya que, como es sabido, todo lo que depende de la Justicia y sus tribunales en España siempre suele ir a cámara lenta. Veamos, por ejemplo, el tema del recurso contra el aborto, que lleva años pendiente de resolución, mientras tanto cada año que pasa supone el sacrificio de 100.000 nuevos fetos en las clínicas abortistas españolas. Y un caso más reciente, que ha recordado oportunamente el señor Casado en el Congreso de Diputados, el que hace referencia a la prisión revisable permanente, un tema que ya hace dos años que se presentó ante el TC y sigue sin resolverse pese a que se trata de un sistema que se aplica en la mayoría de países europeos y en los EE.UU. La joven que ha sido asesinada por un individuo que había salido de la cárcel después de haber sido condenado por cometer delitos muy graves y que, dada la especial legislación española respecto a delincuentes de una gran peligrosidad, le ha permitido, al poco tiempo de estar en libertad, poder satisfacer de nuevo con una joven de 26 años sus instintos criminales. ¡Una situación intolerable que, sin duda, debiera de ser remediada antes de que el matar se convierta en algo endémico en nuestra nación!

Pues bien, señores, la señora alcaldes de Barcelona, señora Ada Colau, ante la proximidad de unas nuevas elecciones y sabedora que su gestión como alcaldesa de la capital de Cataluña ha resultado ser un desastre para la ciudad condal; se ve en la necesidad de acudir al comodín de todos los comunistas, la persona del general Franco, para apuntarse algunos puntos ante todos estos progres, antisistema, manteros, delincuentes y okupas que han encontrado en ella a la persona ideal para poder convertir a la otrora magnífica ciudad catalana, conocida en toda Europa por su importancia cultural, en un refugio de delincuentes en la que se han registrado más de 81.000 delitos desde el inicio del año y en la que se producen 300 hurtos al día, sin que los mossos de escuadra consigan erradicar semejante epidemia. Con el apoyo del PDECat, ERC, ¡PSC!, y CUP, el ayuntamiento de Barcelona ha presentado una propuesta conjunta dirigida al Gobierno para que “inicie los trámites necesarios” que permitan ilegalizar la Fundación Francisco Franco ante su “horrible” proyecto de abrir una delegación en Barcelona, con toda seguridad otra de estas “provocaciones” de las que tanto se vienen quejando estas izquierdas reformistas, llevadas a cabo por las “derechonas” en contra de este país “avasallado” que se conoce como España.

Lo que no nos entra en el cerebro es cómo se va a actuar contra una fundación legalmente constituida, respetuosa con las leyes españolas, que lleva años funcionando, sin ánimo de lucro y sin que se le puedan atribuir más delitos que los que se puedan derivar del hecho de que su actividad se ha centrado en conservar el recuerdo de aquel general que les ganó la guerra a una república ,la II República, cuyos méritos principales fueron el consentir, sin tomar las medidas para evitarlos, los asesinatos de miles de sacerdotes, derechistas, católicos, personas adineradas y profesionales. También, en mayo de 1937, no tuvieron inconveniente en actuar en contra de otros partidos republicanos como fue el caso de la purga del POUM y de la CNT, cuando a los comunistas les convino librarse de unos competidores que no formaban parte de su plan de convertir a España en un satélite del comunismo moscovita. Nos encontramos ante una situación curiosa en la que, partidos que se han manifestado abiertamente en contra de la Constitución española, que vienen incumpliendo las leyes del país, que piden insistentemente que se les conceda la independencia y que ya debieran de haber sido ilegalizados por formar parte, como lo fue Herry Batasuna, de aquellos grupos de personas que ejercían actividades ilegales, entre ellas ser un apoyo directo de la ETA.; se han auto autorizado para convertirse en quienes decidan quién puede estar en Cataluña y quién no. Intolerancia y totalitarismo, los mismos factores que vienen convirtiendo a Barcelona y Madrid en lugares en los que sus alcaldesas aplican, sin miramiento, la ley del más fuerte en forma tal que, sus ciudadanos, cada día se ven más coaccionados y privados de su derecho a poder acceder, en sus , a cualquier lugar de la capital por el simple empeño de sus alcaldesas de acabar con los coches privados, sin tener en cuenta los efectos que semejantes recortes pueden producir en el comercio de aquellas zonas a las que se va a hacer difícil el acceso de quienes acostumbran a ir motorizados.

Seguramente, volverá a producirse en Barcelona otra batalla legal entre el Ayuntamiento y la Fundación F.Franco que, como ya viene demostrando, no se deja achantar cuando lo que defiende es sus libertades y el derecho de cualquier español o asociación a poder defender sus ideas, cualesquiera que estas fueren, mientras no incurran en algún ilícito penal. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, no paramos de asombrarnos ante la forma en la que el país sigue degradándose, cada vez más, invadido de un populismo ácrata que no respeta ni la autoridad ni las leyes. Puede que ya no tenga remedio, pero seguiremos en la brecha para ayudar, en lo posible, a evitarlo.