Posiblemente será a causa de la edad, pero muchas de las ideas con las que he vivido parecen hundirse, disolverse en el acontecer de cada día. Hoy me inquieta la justicia. Desde la ley del Talión a nuestros fluctuantes leyes actuales, pasando por el derecho romano o la obra de Beccaria “De los delitos y las penas” todo parece desencuadernado.

No comprendo que se imponga mayor pena de prisión por apropiarse dinero del erario público que por asesinar a sangre fría a personas inocentes. Muchos de los terroristas de ETA van consiguiendo su libertad, pero si dividimos el total de tiempo de prisión por el número de las personas inocentes que asesinaron no parece que exista proporción entre los delitos y las penas.

La Ley del Talión exigía “ojo por ojo y diente por diente” pero en el caso del asesinato de un semejante ¿qué habría que hacer? ¿matar al asesino?. Por fortuna aquella vieja ley quedó superada, pero el principio de que quien causa un daño o comete un delito, viene obligado a reparar el daño causado en cuanto sea posible, pensaba que seguía vigente, pero al parecer no es así.

Los ladrones que se quedan con dinero ajeno vienen obligados a devolver lo robado a su legítimo dueño, pero los que aprovechando su situación, se quedan con el dinero del erario público, pueden ser absueltos o condenados a penas de prisión más elevadas que las aplicadas a los asesinos, pero la devolución de lo robado no siempre se produce.

Creía que los ladrones que devuelven lo robado tendrían que ser privados de libertad por menos tiempo que los que no lo hacen. El dato de lo que se recupera de lo robado por políticos, autoridades o funcionarios infieles sería interesante conocerlo.

También he creído siempre que forma parte del buen gobierno la vigilancia en el uso del dinero que pagamos a través de impuestos los sufridos contribuyentes. Y uno puede preguntarse ¿cómo es posible que nadie vigile lo que pasa con los dineros públicos? Tan responsable es el que roba como el que consiente en el robo. La obligación anual de rendir cuentas, de presentar la cuenta de resultados, rige para las comunidades de vecinos, los bancos, las empresas y hasta las ONGS, pero el gobierno de turno siempre elude tal cosa mientras nos habla de los presupuestos.

El descuadre entre ingresos presupuestados y gastos realizados ¿Cómo se resuelve? Todas las explicaciones del gobierno con sus porcentajes de crecimiento o de recesión, que solos técnicos comprenden, no las entendemos los ciudadanos de a pié que al fin y al cabo lo soportamos todo.

Tampoco se entiende el funcionamiento de la justicia que nos tiene acostumbrados a dictar sentencias, en los casos que involucran a partidos y políticos, después de bastantes años de los hechos que se enjuician. La lentitud de la justicia desmerece de su alta función.

El famoso secreto del sumario no impide que se aplique a muchas personas la pena de telediario y convierta el principio de presunción de inocencia en presunción de culpabilidad.

La Junta de Andalucía ha sido condenada hace unos días a indemnizar a un empresario con 160 millones de euros por haber paralizado indebidamente unas obras durante tres años. Esta importante cantidad que podía haber servido para muchas cosas del bien común, aunque parezca que la paga la Junta, quienes la pagaremos en realidad seremos todos los contribuyentes. Los que dictaron la orden de paralización ¿no son culpables de nada? El tribunal que ha tardado tanto en tiempo en dictar sentencia ¿tampoco?