La innecesaria ley de la memoria histórica, aprobada en tiempos de Rodríguez Zapatero, parece que están empeñados en empeorarla nuestros actuales diputados, cuando lo procedente sería derogarla de una vez.

La historia es una importante disciplina académica y son los historiadores los que deben ofrecer el resultado de sus investigaciones, que otros podrán contradecir, puntualizar o impugnar, como se ha hecho siempre y arriesgando el propio prestigio en las obras que publiquen. No hay ningún pasado definitivamente cerrado ya sea la invasión árabe, la reconquista, el descubrimiento de América, las conquistas de Alejandro y por supuesto todas las guerras que en el mundo han sido.

Pero una cosa es estudiar historia como constante búsqueda de la verdad y otra utilizar la historia o remover el pasado de forma políticamente agresiva, partidista, rencorosa. Buscar la verdad exige esfuerzo, estudio, reflexión, pero agitar el pasado en busca de réditos políticos me parece despreciable, mera labor de agitación y propaganda que puede alterar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Creo que el callejero de nuestros pueblos y ciudades es quizás el que resulta siempre modificado después de cualquier cambio. Hay calles en mi ciudad que han cambiado de nombre varias veces, aunque la gente, a menudo, ha seguido utilizando el más antiguo y menos problemático.

Estuve en la comisión encargada del cambio del callejero, cuando comenzó la transición y mi postura fue no cambiar un personaje por otro sino recuperar el que tuvo durante más tiempo, especialmente si no era de ningún político. Descubrí entonces que los personajes que daban nombre a muchas calles y plazas eran desconocidos de sus vecinos, quizás por ello un granadino, Don Julio Belza, acometió hizo un concienzudo trabajo y publicó el libro “Las calles de Granada”, un curioso inventario de nombres, sucesos y personajes.

Pero la ley de Memoria Histórica va mucho más allá de un cambio de callejero pues da pie para abrir heridas cerradas y olvidadas de sucesos ocurridos hace más de ochenta años, sin tener en cuenta que en el clima revolucionario que dio lugar a la guerra civil, cualquier familia tiene antepasados de un bando o de otro o de los dos, que fueron víctimas del odio y la violencia.

Además esta ley, si llega a modificarse en el sentido que se anuncia, intentará establecer una verdad inapelable, de la que nadie pueda disentir y el que disienta puede ser acusado y condenado, lo cual es una imposición totalitaria inadmisible en una democracia que dice respetar la libertad de los españoles.

Ya tenemos ejemplos de este tipo de leyes en los casos de violencia e ideología de género, del matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la educación para la ciudadanía, cuestiones en las que no se acepta ninguna opinión en contra, ninguna disidencia frente a la imposición de cuestiones más que discutibles ya que atañen a la educación, a la libertad religiosa o al fundamento de la familia.

Luego podrán decir que todo esto está aceptado por la sociedad, una sociedad cada vez más manipulada, incapaz de oponerse a lo que se le presenta como moderno y avanzado, pero en la que tratan de silenciar, por todos los medios, las voces discrepantes.