Está saliendo a la luz (nunca mejor dicho), por lo supuestos partidos demócratas que se encargaron de seguir los postulados muy bien urdido por el neoliberalismo y la dictadura financiera, la creación del oligopolio eléctrico con sus «puertas giratorias», esas donde se han instalado políticos de los partidos mayoritarios y por las que suspiran muchos supuestos políticos afines a ambos.

La tarifa eléctrica no se fija, como se quiere hacer creer, a través de un mercado libre que establece el precio del bien allí donde se cruzan demanda y oferta. El precio final que pagan los hogares y las empresas es realmente un precio administrado, el resultado de una regulación concreta, de una determinada voluntad del legislador que no responde a los costes que soportan las empresas.

En ocasiones conviene recordar a los políticos que sean consecuentes con sus propias opiniones, que tengan a bien recordar alguna de las etapas de su vida y lo que decían entonces, para evitarles la vergüenza de que sean las hemerotecas las que les saquen los colores a la cara cuando, en ellas, se demuestra la doble vara de medir cuando se juzgaron hechos de otras personas que ocupaban el poder.

Además de participar en sus subastas unas 25 empresas comercializadoras privadas españolas que controlan este ‘tinglado’ y que nos cobran el temido recibo de la luz, también participan en tales subastas varias empresas extranjeras de distintos países con diversos porcentajes (entre el 10 % y el 20 %) y cuyos beneficios no se quedan en España sino que se van fuera.