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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut), Javier Ureña Morales, considera que la contratación de mascarillas durante la pandemia ha sido “una herencia envenenada”.
Así se pronunció este lunes Ureña durante su comparecencia en la ‘Comisión de Investigación sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las Administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la covid-19’.
El director de este servicio, en respuesta a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se remitió al informe que establece que las mascarillas compradas no eran KN95 y se valoran como quirúrgicas, que “tienen una capacidad de filtrado muy inferior y por lo tanto un coste medio muy inferior”.
Por ello, el compareciente expuso que se calculó esa diferencia de precio, se multiplicó por el número total de mascarillas adquiridas y de ahí sale la cifra de 2,6 millones de euros que se reclaman en un primer momento.
“Nosotros entendemos que esa reclamación tiene pocos visos de prosperar porque el contrato se ha confeccionado tres años antes de completa conformidad, porque se ha recibido la mercancía, porque se ha dejado caducar y, además, la empresa carecía de solvencia técnica y económica”, añadió.
KN95
Además, hizo referencia a las intervenciones de los comparecientes anteriores a él, que durante estas últimas semanas se han sentado como él en el Congreso de los Diputados.
“En las últimas semanas hemos tenido importantes novedades y es que los responsables de aquella compra están acudiendo a esta comisión y otras comisiones de investigación y declarando sin ningún tipo de dudas que las mascarillas sí eran KN95 en contra de lo que se articulaba en aquella propuesta de reclamación lo cual deja aquella propuesta de reclamación absolutamente en papel mojado”, ahondó Ureña.
El compareciente defendió que la nulidad del contrato es “la mejor vía para defender los derechos de los ciudadanos”, pero añadió que “ahora al conocer estas nuevas declaraciones por parte de los responsables de la compra entendemos que es la única”.
Por ello, dijo que están trabajando en declarar esa nulidad del expediente para pasar a una fase de liquidación en la que se intenten “recuperar los 3,7 millones de euros de todos los ciudadanos de Baleares”.
Ureña recordó que este procedimiento es parte de la vía administrativa y que “en la vía penal también nos hemos personado, nos la han autorizado hace unos pocos días”. “Si finalmente se concluyese por sentencia que se trataba efectivamente de una organización criminal el contrato también devendría nulo”, aseguró a la vez que defendió que desde el servicio que dirige tienen la convicción “de que hay que actuar en absolutamente todas las vías posibles”.
Además, apuntó que, para evitar que esta situación se repitiese “sería conveniente tener una Ley de Contratos” específica para el sector sanitario público, “dadas las especiales características que tiene el ámbito sanitario, la sensibilidad que tiene muchas veces las urgencias y las emergencias, también los cambios tecnológicos que se suceden muy rápido, los avances farmacológicos”, entre otros.
Ureña defendió, en esta línea, que sería “muy interesante que se impulsase una normativa de contratos de sector público sanitario para que en esa norma se pudiesen recoger todas esas especificidades y se pudiese, de una manera sectorial, atender esas necesidades que tiene el sector”.
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