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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El director de Public Affairs de Rockwool, una de las entidades impulsoras de la plataforma Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, Albert Grau, se quejó de que el Gobierno “no está por la labor” de escuchar su iniciativa regulatoria para prevenir incendios en edificios.
Según destacó Grau a Servimedia, y justamente cuando se cumplen tres meses del incendio ocurrido en Valencia, la plataforma está creando un movimiento con varias asociaciones porque “creemos que es mejor que vayamos unificados” para “hacer presión y cambiar las cosas”.
Pretende promover un cambio regulatorio que garantice una mayor protección contra el fuego en los edificios y que supone una actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE), el marco normativo de exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios en España en cuanto a seguridad y habitabilidad, en línea con numerosos países europeos. El objetivo es endurecer los productos y sistemas permitidos actualmente en fachada, teniendo en cuenta su reacción al fuego en propagación por el exterior. Asimismo, es igualmente importante que esta exigencia se aplique tanto en edificios nuevos como en rehabilitación, garantizando en este último caso que el uso de materiales aislantes incorporados al edificio no suponga un empeoramiento de la seguridad preexistente.
El Observatorio propone que en fachadas ventiladas haya barreras cortafuegos horizontales en cada nivel de cada forjado y barreras cortafuegos verticales en edificios de alto riesgo.
El Observatorio se ha dirigido a varias comunidades autónomas y ciudades como Valencia porque “cuando hemos intentado ir al Gobierno, éste no está por la labor de recibirnos”. “Argumentan que en 2019 hubo una revisión de la reglamentación y que esta ya es la correcta. Creemos que tiene que haber mucha más concienciación y presión desde fuera. Estamos moviéndonos también con diputados para que se hagan propuestas de ley y preguntas al Gobierno que también es otra forma de hacer presión para cambiar las cosas”, afirmó Grau.
Respecto a la propuesta, Grau destacó que el número de intervenciones de los bomberos por incendios en edificios, incluido el uso residencial, está experimentando una tendencia ascendente en los últimos años, y ha pasado de 2.506 en 2016 a 32.437 en 2022.
La propagación del fuego por la fachada es una de las vías más rápidas de transmisión del incendio en un edificio, de ahí que la utilización de materiales no combustibles “resulte clave”. En este punto, Grau matizó que no están demandando que se apliquen medidas a todo el parque porque eso resultaría “muy costoso”, pero sí que se apueste por materiales no combustibles que “ayuden a evitar” peligros para la salud y la vida de las personas en aquellos edificios considerados de alto riesgo.
Estos edificios son principalmente bloques de gran altura que superan los 18 metros o 25 metros y edificios de difícil evacuación como residencias, hospitales o colegios, entre otros. “Si es una medida u otra no nos vamos a poner exquisitos porque queremos que el Ejecutivo actúe y si aceptan una u otra nosotros ya nos damos por satisfechos”, comentó.
Por otro lado, Grau afirmó que “el parque inmobiliario español está envejecido”, ya que, según el Catastro inmobiliario, las viviendas tienen 45 años de media y cerca del 90% fueron construidas cuando no había entrado en vigor el CTE, el marco normativo de exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios en España en cuanto a seguridad y habitabilidad.
A su vez, cuatro de cada cinco edificios presentan una certificación energética ‘E’ o peor. Por ello, la mayoría no están correctamente aislados contra el frío o el calor, ni tampoco para hacer frente al ruido o garantizar la seguridad contra incendios, elementos regulados por el CTE y que, “a menudo son menospreciados”, remarcó.
Sin embargo, según una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), ocho de cada 10 españoles consideran que su hogar no tiene ningún problema de aislamiento, lo cual arroja datos preocupantes en relación con la percepción de la población sobre sus edificios.
De este modo, “se hace más necesario que nunca hacer llegar a la ciudadanía información clave para facilitar la distinción de un edificio seguro del que no lo es, contribuyendo a su tranquilidad y a la toma de decisiones informadas ante la compra de una vivienda o la necesidad de rehabilitación de esta”, cosa que “muchas veces a los legisladores les cuesta mucho transmitir”, según Grau.
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