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MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tiene en tramitación en el Congreso la reforma de la Ley del Suelo para evitar que los planes de ordenación urbanística municipales decaigan en su totalidad por defectos formales que no sean sustanciales y está dispuesto a aceptar enmiendas parciales de los grupos y negociar con todos los partidos, incluido el PP.
Así lo trasladaron fuentes del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez respecto a una reforma que este jueves afronta el debate de totalidad en el Pleno del Congreso con las enmiendas presentadas por Junts, ERC y Podemos, que serán apoyadas por Sumar.
Por tanto, para que el texto supere el debate, las enmiendas a la totalidad, que serán votadas a la vez, deberán encontrarse con el rechazo del PP. De hacerlo, la norma podría continuar su tramitación en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Sin embargo, el PP se plantea apoyar las enmiendas para hacer patente “la soledad” del PSOE en la que sería la segunda derrota parlamentaria consecutiva después de que el Congreso rechazara este martes la toma en consideración de la iniciativa de los socialistas para prohibir el proxenetismo.
Este mes, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, subrayaba que la reforma era "necesaria" pero el texto del Gobierno estaba “cojo" y carecía de "ambición" y esta semana reiteraba sus dudas. Sin embargo, la posición del PP no se conocerá hasta el debate parlamentario de este jueves, al igual que se hizo con la proposición de ley para prohibir el proxenetismo.
VOCACIÓN DE "DIÁLOGO"
Pese a que la norma está en el aire, las fuentes del departamento dirigido por Isabel Rodríguez señalan que el trabajo parlamentario está siendo “bastante fluido” e “intenso”, que se busca el apoyo de “todos los grupos” o el mayor consenso posible, que la vocación es “de diálogo” y la confianza es que se llegará a un acuerdo.
Se mostraron confiados en que será aprobada por considerar que la reforma atiende a “un problema real” demandado por el municipalismo. Según recordaron, la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó “por unanimidad” impulsar un manifiesto en el que solicitaba la reforma de manera urgente. Este manifiesto lo promovió la Xunta de Galicia en 2021 y se sumaron comunidades como Andalucía, País Vasco, Asturias, Cantabria, Murcia, Aragón, Madrid o Extremadura, de manera que en ese documento “está reflejado todo el espectro político”.
La reforma de la ley del suelo inició su andadura en diciembre de 2022, cuando el Consejo de Ministros la aprobó, y se elevó al Congreso de los Diputados, pero esta tramitación se vio interrumpida por las elecciones municipales, autonómicas y posteriormente generales. El pasado mes de marzo se aprobó en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y hoy afronta el debate de totalidad. Forma parte de las reformas del Plan de Recuperación y tiene de plazo para acometerse junio de 2025.
SUBSANAR DEFECTOS MENORES
La nueva norma pretende que, si hay un defecto formal en un plan urbanístico, no se anule todo ese plan, como sucede con la legislación actual, sino que haya oportunidad de subsanar ese aspecto o anular solo ese aspecto, ya que el proceso para dar a luz a un plan general de ordenación urbana conlleva años, puesto que se recaban propuestas de todas las administraciones territoriales competentes y también de los ciudadanos para “acabar en la papelera por un simple defecto formal”. Al anularse ese plan, se aplica el anterior, lo que supone una planificación desfasada que puede no corresponderse con las necesidades actuales de las ciudades. “Lo que intentamos es dotar de la seguridad jurídica suficiente y necesaria”, destacaron estas fuentes.
Además, explicaron que en las últimas décadas vienen actuando despachos de abogados especializados en interponer recursos contra defectos de planes urbanísticos con el objetivo de “amenazar a ayuntamientos” y “paralizar” un determinado plan “a cambio de lo que fuere”, y esta práctica “espuria” incluso disuade a los ayuntamientos de actualizar sus planes. Indicaron que hay más de 100 planes que se han anulado a los que se suman los que no se quieren actualizar por esta inseguridad jurídica.
Desde Vivienda aclararon que, si el defecto en un plan es sustancial, corresponde una nulidad de pleno derecho de todo el plan, pero si no es sustancial, se busca poder que sea una nulidad parcial con la posibilidad de subsanarlo. Aseguraron que no se busca favorecer liberalizaciones de suelo ni “pelotazos urbanísticos”, sino “evitar prácticas espurias”.
Otro de los objetivos de la reforma es evitar la nulidad en cascada, que es aquella que se produce sobre todos los actos que se hubieran realizado con posterioridad a un plan que ha sido anulado. Para limitar esta cascada, se establece la nulidad de lo vinculado con el error que se haya producido y no anular todo.
Para la nueva ley del suelo se ha previsto un régimen transitorio, de manera que aquellos casos recurridos en los tribunales y sobre los que se dicte sentencia después de que haya entrado en vigor la ley, estarían amparados por ella y se aplicaría la subsanación. El plazo para subsanar es de un año con la posibilidad de prorrogar seis meses más. Pasado el mismo, si no se modifica lo pedido, se produce la nulidad.
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