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MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
La Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022 aprobada por el Gobierno reserva un total de 2.042 plazas para personas con discapacidad, cumpliendo así con la regulación que establece que el 7% del empleo público ofertado debe estar reservado a personas pertenecientes a este colectivo.
En concreto, según señalaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de las 2.042 plazas reservadas a personas con discapacidad, 1.154 corresponden a la parte dedicada al acceso libre, 726 a los procesos de promoción interna y 162 a la estabilización de interinos.
El artículo 59 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que se reservará a personas con discapacidad un 7% de las plazas ofertadas, “siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas”. Asimismo, la ley establece que la reserva de dicho 7% de las plazas se hará de forma que el 2% de las plazas ofertadas se reserven a personas con discapacidad intelectual y el 5% de las plazas a personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Así, del total de 2.042 plazas reservadas de la OEP de 2022, se reservarán 486 plazas a personas con discapacidad intelectual y 1.556 a personas con otro tipo de discapacidad.
OFERTA 2022
La OEP de 2022 aprobada ayer martes por el Consejo de Ministros está dotada de un total de 44.787 plazas, de las que 34.151 corresponden a la oferta ordinaria y 10.636 a la estabilización de personal interino.
De las 34.151 plazas de la oferta ordinaria (un 12,2% superior a la de 2021), 25.471 corresponderán a la Administración del Estado y, de ellas, 15.880 serán de ingreso libre y 9.591 de promoción interna.
Por otro lado, 4.992 plazas corresponderán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna); 1.951 a las fuerzas armadas; 1.732 a la Administración de Justicia (945 de ingreso libre y 792 para promoción interna) y 5 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En cuanto a las 10.636 plazas para la estabilización de personal interino, 4.692 serán para la Administración del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.
De todos estos organismos, según se refleja en los reales decretos publicados este miércoles por el Boletín Oficial del Estado (BOE) solo reservan plazas para personas con discapacidad la Administración General del Estado y la Administración de Justicia.
De esta manera, según las cifras publicadas, las 2.042 plazas reservadas para personas con discapacidad salen del total de 27.208 plazas ofertadas en el real decreto de la OEP 2022 (que no incluye las plazas de las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) que suman la Administración General del Estado, la Administración de Justicia y el CGPJ, así como de 2.340 de plazas ofertadas por concurso-oposición del real decreto de estabilización de interinos, para un total de 29.548 plazas.
PROCESOS, CONVOCATORIAS Y TRIBUNALES
El real decreto de la OEP 2022 publicado este miércoles por el BOE indica que las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente a la de los procesos para la cobertura de plazas por turno libre. Por su parte, las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se realizarán en convocatoria independiente, excepto las de promoción interna, que se convocarán conjuntamente con el resto.
Por otro lado, las personas con discapacidad que se presenten por el cupo de reserva y superen los ejercicios pero sin obtener plaza por dicho cupo, serán incluidos por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.
En cuanto a las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas, no se acumularán al turno general en el caso de los procesos de acceso libre, pero sí en los procesos de promoción interna.
En cuanto a las pruebas selectivas, los cursos selectivos y los periodos de prácticas, la norma establece que se realizarán para las personas con discapacidad que lo soliciten “las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización”.
Asimismo, los departamentos ministeriales garantizarán que la información de las convocatorias se realiza en formatos adecuados siguiendo los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
Por último, la ley también indica que se promoverá “la participación en tribunales y órganos de selección de personas con discapacidad, en particular en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo”.
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