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MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Gobierno recurrirá a una ley para modificar la que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y dar entrada a los vicepresidentes del Ejecutivo que considere el presidente, una vez que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que ese cambio se realizase por real decreto.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto así el recurso de inconstitucionalidad formulado por diputados de Vox en el Congreso contra la disposición final segunda del Real Decreto que, entre otras medidas, daba entrada a Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente del Gobierno, y al entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la comisión encargada del control del CNI.
Se trataba de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, aprobado el 18 de marzo de 2020 que Vox recurrió al considerar inconstitucional que dejara en manos del presidente del Gobierno la designación del los vicepresidentes que podían ser miembros de la citada comisión y que esa regulación se hiciera mediante real decreto.
Fuentes de La Moncloa explicaron a Servimedia que, sin “ningún tipo de prisa”, se buscará la fórmula para adaptar en una ley esos cambios que se recogían en el Real Decreto y que el Tribunal Constitucional ha revocado.
En una parte del articulado de ese Real Decreto se actualizaba la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia de manera que el jefe de Gabinete de Presidencia formara parte de la misma en detrimento del secretario general de Presidencia. También permitía que cualquier vicepresidente del Gobierno pueda participar en la comisión que vela “por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado para la formación de una comunidad de inteligencia”, como dice la ley reguladora del CNI.
En el contexto actual, con un Gobierno de coalición, la lectura política de ese cambio se leyó como que Sánchez permitía que Pablo Iglesias participara en el control de la información que aporta el CNI, aunque fuera tanto a él como a quien ejerciera cualquier Vicepresidencia.
Esa modificación, según explican a Servimedia, se hizo entonces “para dar respuesta a la nueva estructura del Gobierno de coalición”. Ahora, una que vez que el TC ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad formulado por diputados de Vox por la fórmula elegida, el Ejecutivo trabajará en adaptar esos cambios a través de un proyecto de ley.
El TC considera que el precepto elegido por el Ejecutivo adolece de un defecto formal determinante de su inconstitucionalidad, en cuanto su aprobación a través de la figura jurídica del decreto-ley, que vulnera los requisitos exigidos por la Constitución para la utilización de este instrumento legislativo.
En concreto, considera que vulnera el artículo 86.1 del texto constitucional, que señala que solo en “caso de extraordinaria y urgente necesidad” podrá el Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes.
La sentencia considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.
En La Moncloa no dan importancia alguna a este revés por cuanto “nunca” se ha convocado ni reunido “nunca” esta comisión de la que ahora debería formar parte la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Resulta que con la salida de Iglesias del Ejecutivo y la promoción de Díaz a vicepresidenta, el Gobierno aprobó el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, de manera que la titular de Trabajo formaría parte del Consejo de Seguridad Nacional y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, además de presidir la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.
No obstante, la cuestión de Inteligencia quedaría en el aire tras la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional.
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